Análisis Presupuestal 2022
Recursos presupuestales
Para el ejercicio 2022, los recursos presupuestales ascendieron a $ 687.081 millones y representan un 23% del PIB. Un 79% de los mismos tienen como destino Rentas Generales, mientras que el restante 21% se distribuye entre Fondos de Libre Disponibilidad, transferencias fuera del presupuesto y a particulares y el Fondo Nacional de Vivienda.
Un 90% de los recursos corresponde a ingresos tributarios, los cuales se incrementaron un 5,32% real respecto a 2021. Los mismos se dividen en tres categorías: impuestos directos (39,99%), impuestos indirectos (57,66%) y tasas (2,35%).
El principal componente de los impuestos directos es el IRPF, seguido por los impuestos a la renta de industria y comercio (IRAE), el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas (IP) y el impuesto a la renta de no residentes (IRNR).
Dentro los impuestos indirectos se destacan el IVA y el IMESI como principales mecanismos de recaudación.
Los ingresos no tributarios tuvieron una variación real del 5,54% respecto al año anterior, totalizando $ 45.333 millones en el año 2022. Un 81% de éstos corresponde a la venta de bienes y servicios, de los que se destacan los servicios de ASSE como principal componente.
Por último, las transferencias, que representan un 2,84% del total de los recursos, aumentaron en un 5,04% en términos reales respecto al año anterior.
Gasto presupuestal 2022
El gasto presupuestal creció un 3,22% en términos reales en 2022 respecto al 2021, alcanzando $ 772.272 millones. El nivel de ejecución presupuestal fue de un 97% de los créditos otorgados, manteniéndose estable respecto al año anterior y situándose en torno al 26% del PIB.
La ejecución presupuestal de la Administración Central y de los Organismos del artículo 220 ascendió a $ 362.078 millones, lo que significó un incremento de 3,8% en términos reales respecto al año anterior.
En el caso de la Administración Central, los gastos totales se incrementaron un 6,2% real anual.
Las remuneraciones se contrajeron un 1,3% real respecto a 2021. Todos los incisos acompañan este desempeño, excepto el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior que presentaron incrementos reales en estos rubros.
Los gastos de funcionamiento experimentaron un aumento del 7,7% en términos reales respecto al año anterior. Dicho incremento esta explicado, principalmente, por las nuevas acciones implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.
Por un lado, el MIDES llevó adelante nuevas medidas para mitigar las vulnerabilidades socioeconómicas de la población más desfavorecida. Las mismas se vieron plasmadas a través de las asignaciones presupuestales del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y en un incremento de la cobertura de personas alcanzadas por AFAM-PE por la eliminación del límite de ingreso para acceder a dicho beneficio. A su vez, a partir del segundo semestre de 2022, se implementó el aumento del 4% en el monto de las transferencias de la Tarjeta Uruguay Social y AFAM-PE y un complemento de esta última con destino a prenatales y niños de hasta 6 años.
En el caso del Ministerio del Interior los incrementos en estos gastos se encuentran asociados a las inversiones realizadas en flota automotriz y en vehículos especializados, así como en la ampliación de la cobertura de equipos de video vigilancia, entre otros, que implican aumentos en los gastos de funcionamiento asociados a la utilización de los mismos, como ser suministros y combustible.
A partir del ejercicio 2021, los pagos por PPP se registran de acuerdo a su naturaleza entre gastos de funcionamiento e inversiones, lo que afecta la comparabilidad de los datos con el ejercicio anterior. Esto se verifica en el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que, si bien presenta incremento total del gasto asociado a las PPP del Ferrocarril Central, disminuyen los gastos de funcionamiento en el presente ejercicio respecto al anterior.
Con respecto a las inversiones, las mismas se incrementaron en un 22,5% en términos reales respecto al año anterior, originado principalmente por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior.
En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se destacan las inversiones asociadas a los proyectos viales de Participación Público Privada, obras adicionales del Ferrocarril Central y las obras públicas viales por concesión, mientras que, el Ministerio de Defensa destinó inversiones para adquisición de equipamiento, así como para el mantenimiento de buques, helicópteros y aeronaves.
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente realizó inversiones con destino a la implementación de programas de mejora en la gestión de residuos sólidos y sitios contaminados, para la adquisición de equipamiento para el Laboratorio Ambiental y para vehículos.
El Ministerio del Interior incrementó su flota automotriz destinada al patrullaje a través de la compra de camionetas, autos, motos, así como recambio de la flota ya existente. Para el personal policial se adquirieron chalecos balísticos, cámaras corporales, tablets y espirómetros, así como también drones aéreos, visores térmicos nocturnos, entre otros.
Adicionalmente, se adquirieron vehículos especializados como autobombas forestales, camiones autobomba urbanos y camionetas polivalentes para la extinción de incendios, así como otros instrumentos para estos fines. Además, se incrementó la cobertura de equipos de video vigilancia en diferentes zonas del país y se ampliaron las funcionalidades del sistema “El Guardián” para aumentar la capacidad de interceptación legal de comunicaciones, de investigación y análisis especializado de eventos.
Los gastos de los Organismos del art. 220 de la Constitución se incrementaron a un ritmo de 1,9% real respecto al año 2021. Las inversiones, al igual que en la Administración Central, son las que explican el desempeño global de estos organismos.
Las remuneraciones cayeron un 0,1% real respecto al año 2021, disminuyendo en menor medida que el año anterior y evidenciando así la política de recuperación salarial comprometida en esta administración y que fuera establecida en el artículo 4 de la Ley de Presupuesto Nacional, la que se consolida también con las partidas asignadas a partir del año 2023 para las áreas de la educación.
En lo que respecta a los gastos de funcionamiento los mismos se incrementaron en un 6,3% real respecto al año anterior. Este aumento se explica principalmente por el aumento de gastos de ASSE en los servicios asistenciales entre los que se destacan productos medicinales, servicios médicos, material médico, contrataciones de CTI y traslados, así como en otros gastos operativos, y en menor medida por INAU por los gastos de funcionamiento asociados a la atención de primera infancia.
Las inversiones presentaron un incremento del 11,2% en términos reales respecto al año anterior. Se explican principalmente por el incremento de las inversiones en ANEP para el Fondo de Infraestructura Educativa y por las asignaciones de Primera Infancia destinadas a INAU para ampliar la población atendida a través de los CAIF a partir del aumento de cupos y la construcción de nuevos centros, con foco en las familias de primer y segundo quintil de ingresos.
El Inciso 24 “Diversos Créditos” ejecutó $ 159.024 millones, incrementando su gasto en 17% en términos reales respecto al año anterior. Este inciso comprende las erogaciones que, por su naturaleza, constituyen gastos generales del Estado y por tanto no corresponde imputarlas a la actividad operativa de ningún inciso en particular. Entre estas, se incluyen las partidas con destino a los Gobiernos Departamentales, los aportes de Rentas Generales para el financiamiento del FONASA y los Certificados de Crédito emitidos por la DGI, entre otros.
Los Certificados de Crédito se originan por devoluciones vinculadas a pagos en exceso, por la devolución de impuestos indirectos en el caso del sector exportador o sectores asimilados y por los regímenes de incentivo tributario, entre otros. Es importante destacar que la mayor parte de los mismos no constituyen conceptualmente “gasto tributario”, como, por ejemplo, las devoluciones de impuestos por reliquidaciones o al sector exportador, sino que corresponden mayormente a una disminución de los ingresos tributarios. En el año 2022, dichos certificados se incrementaron un 22% en términos reales respecto al año anterior, debido principalmente al aumento de los certificados del sector exportador ante el incremento de las exportaciones.
En este inciso se incluyen también los recursos para el Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU), los cuales ascienden a $ 1.997 millones en este ejercicio y se componen de lo asignado a través de rentas generales y la recaudación proveniente de IRPF e IRAE por la enajenación de inmuebles rurales.
Por último, se asignó en este inciso el crédito necesario para el Programa de Oportunidades Laborales, el cual ascendió a $ 602 millones en 2022.
A continuación, se presenta información del crédito y ejecución presupuestal del año 2022, a nivel de Inciso y por tipo de gasto, indicando el porcentaje de ejecución y la estructura.
Los incisos de la Administración Central y los Organismos del art. 220 de la Constitución mantuvieron su participación en el total del gasto. La Administración Central se ubica en un 21,4% del total del gasto 2022, y los Organismos del art. 220 un 25,5%.
Los gastos con menor grado de discrecionalidad incrementaron en 8 puntos porcentuales su participación en el total del gasto respecto al año anterior, ascendiendo a 55% del total. Esto es explicado por un incremento real anual de 22% de los Certificados de Crédito emitidos por la DGI. Por otra parte, las transferencias a la Seguridad Social y los intereses de la Deuda Pública, en su conjunto, representan un 29,8% del total del gasto de 2022 y disminuyeron un 2% respecto a la estructura del año anterior.
Respecto a la composición del gasto de la Administración Central y los Organismos del Art. 220, los mismos se concentran en educación, salud y seguridad. Un 32,4% de estos gastos, se destinó, en 2022, a incisos asociados a servicios educativos (MEC, ANEP, UDELAR y UTEC), un 18,2% en seguridad (Defensa e Interior) y un 15,6% a gastos de salud (ASSE y MSP).
Dada la concentración de los gastos en áreas intensivas en recursos humanos, las remuneraciones representan más de la mitad del gasto de la Administración Central y de los Organismos del artículo 220 (59% en conjunto). El 35% del total de las remuneraciones corresponden a ANEP, el 15% al Ministerio del Interior, el 12% a ASSE, el 9% al Ministerio de Defensa y el 8% a la Universidad de la República.
