7 REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El sistema de seguridad social uruguayo es una parte fundamental de su estado de bienestar y ha sido fruto de un proceso de construcción histórica de larga data. No obstante, un conjunto de factores demográficos, financieros y laborales hicieron evidente la necesidad de revisión del sistema de seguridad social.
En primer lugar, el país cuenta hoy con una población más envejecida, es decir, las personas mayores viven más y ocurren menos nacimientos. Actualmente hay 3 uruguayos en edad de trabajar por cada jubilado, mientras que en el año 1970 esa relación era de 6 a 1. Esta evolución demográfica genera presiones en el sistema de seguridad social, tanto en el Banco de Previsión Social (BPS), para el esquema de beneficio definido, como en el de las Administradoras de Ahorro Previsional (AFAP) y empresas aseguradoras, para el esquema de cotización definida. En el primer caso, lo que sucede es que poblaciones de contribuyentes más pequeñas deben financiar poblaciones de pasivos más numerosas y por más tiempo, generando problemas de sostenibilidad y justicia entre generaciones. En los segundos, genera problemas de suficiencia, es decir, los ahorros acumulados deberán financiar más años de retiro y, por ende, la jubilación será cada vez más baja.
Asimismo, el sistema de seguridad social fue desarrollado de forma fragmentada, con debilidades en términos de regulación y supervisión. Estas debilidades institucionales generaron problemas de equidad dentro del sistema, y fallas o lentitud en la detección de problemas.
Finalmente, desde el punto de vista de las finanzas públicas, la sostenibilidad financiera es un requisito fundamental para un régimen de seguridad social que pretenda mantenerse en el tiempo garantizando buenos niveles de cobertura y suficiencia. El gasto público en pasividades en Uruguay se ubica en niveles relativamente elevados, dado su nivel de envejecimiento demográfico.
Gasto público en pensiones y relación de dependencia para América Latina
