Exposición de Motivos - RC 2023

12.2.2 Evolución de las tarifas públicas

Las mejoras de eficiencia logradas en las empresas públicas permitieron disminuir las tarifas públicas en términos reales al tiempo que se mantuvieron resultados fiscales positivos en la mayor parte del período de gobierno.

Las tarifas de UTE y ANTEL se han fijado todos los años del periodo por debajo de la inflación anual observada (con la excepción del año 2021 en el caso de las tarifas telefónicas) lo que ha implicado que todos los años se haya verificado una disminución en términos reales del costo de los servicios públicos y una contribución a la disminución en la tasa de inflación en la economía. En lo que refiere a OSE, las tarifas presentaron en algunos años leves incrementos reales, contribuyendo de este modo al financiamiento al plan de inversión en agua y saneamiento ejecutado por la empresa.

Considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) proyectada para 2024 en esta Rendición de Cuentas, las tarifas de ANTEL presentarán una disminución de 14% en términos reales en los últimos 5 años, mientras las tarifas de UTE disminuirán 10,2% y las de OSE, 1,7%. 

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Por su parte, en el marco del nuevo mecanismo de fijación de precios de los combustibles, las tarifas de la nafta y el gasoil en este período de gobierno han acompañado la evolución de los PPI de los respectivos derivados del petróleo, e incluso se han mantenido por abajo en ciertos periodos de mayor volatilidad. 

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Recuadro 12. La reforma del mercado se los combustibles

De acuerdo a lo señalado en el Mensaje y Exposición de Motivos que acompañó el Presupuesto Nacional 2020 – 2024, el gobierno asumió el compromiso de transformar el mercado de los combustibles con el objetivo de lograr una mayor transparencia, competencia y eficiencia en el sector.

Uno de los principales objetivos de la reforma consistió en modificar el mecanismo de fijación de precios de los combustibles de modo de dotar de mayor transparencia y claridad la determinación de tarifas. Bajo este nuevo mecanismo, el Poder Ejecutivo (PE) aprueba el precio en plantas de distribución de ANCAP y actualiza el precio máximo de venta al público de los combustibles que suministra el ente. Para la fijación de precios, el PE se basa en el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible en las plantas de distribución de ANCAP, incluyendo las tasas e impuestos correspondientes a ese tramo de la cadena. Este PPI se calcula mensualmente por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). De este modo, los precios en planta de distribución fijados por el PE acompañan el aumento o la disminución de los precios internacionales de los derivados y del petróleo, en tanto constituyen el insumo clave de la cadena.

En una segunda etapa, la URSEA determinará el Precio Máximo Intermedio (PMI) al que podrán vender los combustibles las compañías distribuidoras a las estaciones de servicio y que incluirán los márgenes, tasas e impuestos correspondientes a la cadena de distribución. En 2023, se aprobó la metodología para la determinación PMI de las empresas distribuidoras mayoristas a las empresas distribuidoras minoristas que se aplicarán a partir de 2025. Por su parte, en lo que respecto al Gas Licuado de Petróleo (GLP) se aprobó una nueva regulación en línea la del resto de los combustibles y la metodología del cálculo para la determinación técnica de los PMI de GLP envasados ​​a distribuidores, que rigen de forma transitoria, desde el 1º de julio de 2023.

Asimismo, mediante la reforma del mercado de los combustibles se busca fortalecer al regulador, separar los roles entre este último y ANCAP y clarificar la función de cada uno de los actores que intervienen en la cadena de los combustibles, de forma de dotar a los mismos. de los incentivos correctos para promover la eficiencia.

En este sentido se ha avanzado en fortalecer a la URSEA en su función de regulador, otorgándole potestades legales y exhortándola a regular, mediante reglamentos y resoluciones, las etapas de distribución y comercialización, incluyendo distribuidoras, fletes, y comercialización. Por su parte, ANCAP dejó de tener roles en la regulación para concentrarse únicamente en la etapa de producción de combustibles y sus negocios asociados.

 

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