11.4.1 Necesidades y fuentes de financiamiento
El programa financiero del Gobierno resume las necesidades y fuentes de financiamiento en un período dado. Para su diseño se toma en cuenta el escenario macro-financiero de base, las proyecciones fiscales, el perfil de servicio de deuda ya contraída, los objetivos de gestión de deuda y activos, y la estrategia de fondeo y uso de líneas contingentes durante el período. El programa financiero es, a su vez, un insumo clave para proyectar la dinámica de deuda sobre PIB y evaluar su sostenibilidad, tal como se presenta en el capítulo de la Política Fiscal.
El cuadro siguiente presenta anualmente los flujos de Usos y Fuentes de fondos proyectados entre los años 2024 y 2028. El total de necesidades de financiamiento incluye el resultado fiscal primario, el pago de intereses, la amortización de títulos de mercado y préstamos, y la acumulación (o des-acumulación) de activos financieros.
Las necesidades de fondeo asociadas al resultado fiscal primario excluyen las transferencias de activos de fondos de pensiones y la aseguradora estatal (Banco de Seguros del Estado, BSE), y al FSS. Estos ingresos extraordinarios son transferidos a un fideicomiso financiero y, por lo tanto, no reducen las necesidades de fondeo de caja del Gobierno. Asimismo, el monto anual pagado de intereses que se presenta en la tabla debajo, incluye los correspondientes por los títulos públicos en poder del FSS y el Fideicomiso de SiGa (ya que representan requerimientos de caja del Gobierno), y a su vez excluye las ganancias netas por encima de la par en las emisiones primarias de títulos públicos.
Las fuentes de financiamiento son principalmente las emisiones de títulos soberanos en el mercado local e internacional, y los desembolsos de préstamos con organismos multilaterales de crédito y otras instituciones financieras.
Es importante notar que, a partir de 2024, y por los próximos 20 años, el FSS comenzó a transferir al BPS una porción del ahorro acumulado de los trabajadores y jubilados que habían optado por cambiarse al régimen de reparto, según la legislación promulgada por el Parlamento en diciembre de 2017.[1] Las transferencias durante 2024, en particular, serán por aproximadamente US$ 130 millones. Este flujo no afectará las estadísticas del resultado fiscal, pero implicará una menor asistencia del Tesoro al BPS, suponiendo todo lo demás constante. Ello incrementaría los activos líquidos en el Tesoro, contribuyendo a una reducción del endeudamiento neto total.
Año 2024
Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central para el año en curso se proyectan en US$ 5.340 millones, de las cuales US$ 2.129 millones corresponden al pago de intereses y US$ 2.411 millones a pagos de amortización de capital y cancelaciones anticipadas por operaciones de manejo de pasivos.
La emisión bruta total de títulos públicos en 2024, en mercados internacionales y doméstico, se estima en aproximadamente US$ 4.333 millones. En los primeros seis meses del año en curso, el Gobierno lleva emitidos títulos en el mercado por el equivalente a US$ 2.635 millones. Adicionalmente, el financiamiento en 2024 se complementará con préstamos de organismos multilaterales de crédito que se estiman alcanzarían los US$ 794 millones.
Dadas las proyecciones fiscales (de déficit primario y pago de intereses), el ENG derivado del plan financiero para 2024 se proyecta en US$ 2.294 millones. El artículo 587 de la Ley N° 20.212 del 6 de noviembre de 2023 (Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2022), autorizó al Gobierno Central a contraer un monto máximo de endeudamiento neto para el ejercicio 2024 equivalente a US$ 2.300 millones.
Año 2025
Las necesidades de fondeo para el año 2025 se estiman en US$ 5.559 millones, de las cuáles se proyecta que US$ 2.236 millones correspondan al pago de intereses, y US$ 2.743 millones a pagos de amortización de capital. En tanto, el financiamiento requerido en los mercados de bonos locales e internacionales se proyecta en US$ 4.795 millones. Adicionalmente, el fondeo en 2025 se complementaría con desembolsos de préstamos con organismos multilaterales de crédito que se estiman alcanzarían los US$ 575 millones. La proyección de ENG para el año 2025 que se deriva del programa financiero es de US$ 2.271 millones.
[1] En virtud de esta ley (“Ley de Cincuentones”), a aquellos trabajadores y jubilados mayores a 50 años se les dio la opción de cambiar su afiliación del sistema de capitalización individual, administrado por fondos de pensiones y compañías aseguradoras que pagan rentas vitalicias, al sistema público de seguridad social de reparto. La ley estableció que estos ingresos extraordinarios al BPS se ahorrasen en el Fideicomiso de la Seguridad Social y, a partir del 2024, se utilizaran gradualmente durante un período de 20 años para pagar por las pensiones adicionales de aquellos que optaron por cambiarse de régimen.