6. AMBIENTE
Las acciones consideradas en la presente exposición de motivos, así como las planificadas en el marco de la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, parten de la convicción de que el crecimiento económico y la calidad ambiental son dimensiones que se refuerzan mutuamente en el mediano y largo plazo. Un ambiente sano y sistemas productivos con menor impacto ambiental contribuyen a sostener mayores niveles de crecimiento económico, fortaleciendo la resiliencia y competitividad de la economía. No obstante, el diseño e implementación de acciones de política pública enfrentan el desafío de gestionar eventuales tensiones de corto plazo entre las dimensiones económicas y ambientales, particularmente en un escenario de recursos escasos. En este sentido, se han desplegado acciones que procuran reducir dichas tensiones y potenciar las sinergias entre crecimiento económico y conservación del ambiente.
El pilar de mejora del clima de negocios, mencionado anteriormente, se operacionaliza aquí con la integración de criterios específicos orientados a promover actividades económicas con menor impacto ambiental relativo. En ese marco, se adoptaron diversas medidas, entre las que se destaca la incorporación de criterios específicos orientados a promover actividades económicas con menor impacto ambiental relativo en la actualización del régimen general de promoción de inversiones (Decreto N.° 329/025).
Entre las principales innovaciones se encuentra la creación del indicador de “Sostenibilidad Ambiental”, que amplía el alcance del anterior indicador de “Tecnologías Limpias” con el objetivo de incentivar inversiones que contribuyan a reducir el impacto ambiental de las actividades productivas promovidas. Asimismo, el nuevo régimen incorpora la figura de los “Indicadores Estratégicos”, dentro de los cuales se incluyen instrumentos destinados a la protección del campo natural, la promoción de la eficiencia energética y la desfosilización de actividades industriales, el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde y sus derivados, el impulso a proyectos que agreguen valor a residuos y el fomento de la producción de bioinsumos. De este modo, el régimen actualizado de promoción de inversiones amplía el conjunto de tecnologías incentivadas en virtud de sus externalidades ambientales positivas, al tiempo que focaliza los estímulos en áreas consideradas estratégicas para compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental.
El uso de instrumentos económicos con fines ambientales permitió avances sustantivos en la electrificación del transporte colectivo de pasajeros. A partir de la incorporación de consideraciones ambientales en el subsidio al boleto, que derivó en la creación del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible (FiMS), se incorporaron 159 nuevos ómnibus eléctricos a partir de 2025 casi duplicando la flota nacional. Como resultado, se alcanzaron las 307 unidades eléctricas, evitando la emisión de más de 12 mil toneladas de CO2 durante su primer año de funcionamiento. Esta expansión estuvo concentrada en los subsistemas Urbano de Montevideo y Metropolitano, permitiendo que más del 10% de los kilómetros recorridos en dichos subsistemas se esté realizando actualmente con unidades eléctricas.
El avance en la electrificación del transporte también se ve reflejado en el aumento de las ventas de automóviles particulares, al punto que en el primer trimestre de 2026 se alcanzó un hecho histórico: por primera vez las ventas de automóviles eléctricos e híbridos superó a la de los vehículos de combustión interna, representando un 60% del total. Esta evolución responde, en gran medida, a un conjunto de incentivos económicos donde se destaca un importante gasto tributario vinculado a tasas de IMESI y Arancelarias menores para los vehículos eléctricos e híbridos, posicionando a Uruguay entre los países con mayor proporción de ventas de automóviles “cero emisiones” a nivel global. Para dimensionar el incentivo existente sobre los vehículos eléctricos, estos pagan 0% de tasa de IMESI y Arancelaria, mientras que un automóvil a nafta paga una tasa mínima de 23% de IMESI –que se incrementa según su cilindrada– y 23% de Arancel en la importación.
El éxito de esta política de incentivos y la creciente madurez de las nuevas tecnologías han permitido avanzar hacia una revisión gradual de algunos de los beneficios inicialmente otorgados, entre ellos los vinculados a la tarifa eléctrica y al costo de la patente vehicular. En esa línea, el Poder Ejecutivo evalúa modificaciones que permitan reducir el gasto tributario actual vinculado a la política de incentivos, considerando la posibilidad de que las modificaciones difieran según el valor del vehículo. Este proceso, similar al observado en otros países, procura acompasar los incentivos al grado de desarrollo alcanzado por el mercado, manteniendo al mismo tiempo condiciones diferenciales que continúen favoreciendo la adopción de vehículos eléctricos e híbridos.

Durante 2025 se determinaron exoneraciones fiscales que buscan mejorar la gestión de residuos y promover otras externalidades positivas. En agosto de dicho año se promulgó el Decreto N° 179/025, que establece las condiciones para exonerar de IRAE e IMESI la donación de alimentos, buscando con ello reducir la inseguridad alimentaria y prevenir la generación de pérdidas y desperdicios. A su vez, mediante los Decretos N° 190/025 y 294/025 se exoneró de impuestos al Fideicomiso Plan de Valorización de Envases, instrumento para la administración del Plan Vale que apunta a generar un avance sustantivo en la recuperación y valorización de residuos de envases de un solo uso. La implementación de dicho Plan prevé inversiones cercanas a 50 millones de dólares durante 2026 y 2027, así como mejorar las condiciones laborales de clasificadores de residuos.
En el ámbito de las finanzas sostenibles, durante este año se mantuvo el apoyo financiero a las Mipymes que realizan inversiones ambientalmente más sostenibles a través de la bonificación en la comisión de acceso al Sistema Nacional de Garantías (SiGa Ambiente). Desde la entrada en vigencia de la herramienta en octubre de 2024 se otorgaron 59 garantías facilitando créditos por 1,1 millones de dólares.
En relación con la conservación de los recursos hídricos, un hito relevante fue la aprobación del Decreto Nº 226/2025 en octubre de 2025, mediante el cual se actualiza el marco normativo nacional para la protección de aguas, incorporando un enfoque integral de cuenca y fortaleciendo los instrumentos de prevención y control de la contaminación. Esta actualización normativa fue acompañada de un fortalecimiento de la Red Nacional de Evaluación de Calidad de Agua y del Observatorio Ambiental Nacional, incorporando nuevas metodologías de monitoreo y ampliando la disponibilidad pública de información ambiental. En ese marco, se consolidó el sistema satelital de detección de floraciones algales y se desarrollaron nuevas aplicaciones vinculadas a calidad de agua.
Otro hito a nivel normativo enfocado en la conservación de la biodiversidad fue la aprobación del Decreto 228/025, en octubre de 2025, a través del cual se reglamenta la protección de humedales de importancia ambiental, reconociendo la relevancia de los servicios ecosistémicos que brindan. A través del Decreto se señalan 37 humedales que en conjunto abarcan 800 mil hectáreas declaradas de importancia ambiental en las cuencas del Río Santa Lucía, Río Negro, Río de la Plata, Laguna Merín y océano Atlántico.
En materia de Evaluación Ambiental Estratégica, se avanzó en la evaluación de la cadena de valor del hidrógeno verde y sus derivados, proceso de alcance nacional orientado a evaluar integralmente los impactos ambientales, territoriales y productivos asociados a este sector emergente. Dicho proceso culminará en 2026 y constituye una herramienta clave para la planificación ambiental y energética del país, en una actividad productiva con potencial para convertirse en un factor relevante de atracción de inversión extranjera directa.
Vinculado también a la captación de inversiones en base a las credenciales ambientales positivas con que cuenta el país, cabe destacar que durante 2025 se mantuvo un alto nivel de renovabilidad en la matriz de generación eléctrica (98%, según el Balance Energético Nacional preliminar) y un bajo factor de emisión de CO2 del Sistema Interconectado Nacional. El sector industrial continuó siendo líder en el consumo final energético (52%), con una participación importante de residuos de biomasa. En 2025 se comenzó el proceso de desarrollo de una política industrial y de actualización de la política energética, ambas con mirada de largo plazo al 2050. Estas políticas se conciben de manera articulada e integrando la dimensión ambiental.

A su vez, se aprobó el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025-2035, que traza el camino a recorrer en la próxima década hacia un país energéticamente más eficiente, sostenible, y competitivo a través de medidas que contemplan las múltiples necesidades y realidades de todos los consumidores de energía del país.
En relación a la actividad ganadera, se dieron pasos significativos hacia modelos de producción más sostenibles. En concreto, en 2025 se realizó la primera convocatoria del Programa PROCRÍA, iniciativa que brinda acompañamiento técnico individual y grupal, a productoras y productores ganaderos de cría, con el objetivo de promover sistemas más rentables, resilientes y ambientalmente responsables[2].
Las acciones descritas antes se enmarcan en una decisión estratégica de robustecer la dimensión ambiental en la política económica, decisión transversal a diferentes administraciones, que se consolida y permite a su vez, aportar desde la política económica al diseño e implementación de acciones ambientales y la promoción de actividades productivas de menor impacto ambiental.
* Datos a mayo 2026.
[2] Los detalles de este programa se desarrollan en la sección política productiva sectorial, en este mismo capítulo.
