9. POLÍTICA DE FRONTERA
Las zonas de frontera han planteado históricamente la necesidad de una estrategia integral que aborde las asimetrías que afectan su desarrollo productivo y social. Esta demanda de larga data fue incorporada como prioridad para la presente administración, reconociendo que las disparidades de precios, tributarias y regulatorias con los países limítrofes generan efectos significativos sobre la actividad económica local, el empleo formal y la viabilidad de los comercios en estos territorios.
Las medidas implementadas respondieron a dos objetivos centrales: mitigar los efectos derivados de las diferencias de precios con los países limítrofes y promover una mayor formalización de trabajadores y empresas.
En materia de precios de los combustibles en zonas de frontera, se introdujeron dos innovaciones. En primer lugar, desde agosto de 2025 se refinó la metodología de determinación del descuento del IMESI, estableciendo un monitoreo mensual de la brecha entre el precio de la nafta en Uruguay y en los países vecinos para definir el porcentaje aplicable en la frontera con Argentina y Brasil. Esta modificación permitió alinear de forma más precisa los precios domésticos con los valores regionales, reduciendo distorsiones. En segundo lugar, desde mayo de 2026 entró en vigencia una nueva franja de descuento del IMESI para las estaciones de servicio ubicadas entre 20 y 60 kilómetros de los pasos de frontera. En estos casos, el beneficio equivale a la mitad del descuento previsto para las estaciones situadas a 20 kilómetros o menos, lo que atenúa el efecto del salto discreto que generaba el régimen anterior y permite una transición más gradual entre zonas con distinto nivel de beneficio.
En setiembre de 2025 se aprobó la ley Nº 20.419, que creó el régimen especial de comercio de frontera. Entre sus principales instrumentos se encuentran la habilitación de un régimen simplificado de microimportaciones, la exoneración de aportes patronales para nuevos empleos por un período de hasta doce meses, la reducción de IVA sobre determinadas operaciones comerciales y otras disposiciones que exoneran del IMESI a los comercios que opten por el nuevo régimen y que estén ubicados a un máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera.
En primer lugar, se creó un régimen simplificado de importación que habilitó a las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista a importar, comercializar y enajenar determinados productos bajo un esquema especial que contempla exoneraciones tributarias y aduaneras. Esta medida busca simplificar los procedimientos vinculados al comercio transfronterizo, reduciendo costos administrativos y operativos tanto para los operadores económicos como para el Estado. A su vez, procura mejorar el acceso a determinados bienes mediante una mayor oferta y condiciones más competitivas de comercialización, contribuyendo a reducir las diferencias de precios con los países vecinos y favoreciendo el poder de compra de los hogares en las zonas de frontera. Los productos autorizados en este marco comprenden bienes de la canasta básica, como por ejemplo porotos, lentejas, café, yerba, pasta de dientes, desodorante, entre otros.
En segundo lugar, en materia de formalización del empleo, se estableció una reducción de hasta 75% de los aportes patronales para los nuevos puestos de trabajo dependientes que se creen en empresas con determinados giros económicos, con el fin de impulsar la creación de empleos formales en la zona de frontera. El diseño de la medida se orienta a empresas con actividad en giros relevantes para la dinámica fronteriza, incluyendo sectores de servicios, industria manufacturera, comercio al por menor, minería, alojamiento y servicios de comida, actividades administrativas y servicios de apoyo, artes, entretenimiento y recreación, y otras actividades de servicio.
En tercer lugar, para la frontera Uruguay-Brasil, en emprendimientos comerciales minoristas que se encuentren ubicados en un radio de 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre (Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas, Bella Unión), se definió una política de devolución de IVA, consistente en la totalidad en los productos gravados a la tasa mínima y el 50% en los productos gravados a la tasa básica. Dicha devolución se realiza cuando la entrega de los bienes es efectuada en el local comercial, los consumidores sean finales y el pago se realice mediante tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico.
Asimismo, se creó el Observatorio Nacional de Frontera, concebido como un espacio de articulación interinstitucional con el cometido de relevar, analizar y difundir información sobre los territorios fronterizos, así como formular alertas y recomendaciones de política. La primera sesión del Observatorio fue realizada en abril de 2026, donde se definieron lineamientos generales para la puesta en funcionamiento, se intercambiaron visiones entre los integrantes y se avanzó en la definición de una metodología de trabajo y una hoja de ruta común. El observatorio está integrado por MEF, MIEM, OPP, gobiernos departamentales, la Universidad de la República, universidades privadas e instituciones académicas con presencia en la zona fronteriza, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara Industrial de Alimentos (CIALI), la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y el PIT-CNT.
