8. POLÍTICA PRODUCTIVA SECTORIAL
8.1 Políticas sectoriales
Las políticas sectoriales constituyen un instrumento central para operacionalizar la estrategia de crecimiento económico sostenible. A través de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Industria, Energía y Minería (MIEM) y Turismo (MINTUR), el Gobierno impulsa acciones coordinadas orientadas a fortalecer los sectores estratégicos identificados en la estrategia nacional de desarrollo. Estas políticas buscan remover obstáculos específicos que enfrentan productores e industriales, modernizar los instrumentos de apoyo, promover la innovación y la sostenibilidad, y mejorar la competitividad en mercados tanto internos como externos. En conjunto, estas acciones contribuyen a elevar la productividad, generar empleo de calidad y fortalecer la resiliencia de la economía frente a shocks externos.
En materia Industrial, en 2025 se inició el proceso de elaboración de la nueva Política Industrial con horizonte 2050, orientada a planificar estratégicamente la transformación productiva del país, potenciar la innovación y promover empleos de calidad. En ese marco, en julio del año pasado se lanzó el Consejo de Industria, un espacio de articulación entre el Estado, las cámaras empresariales, la academia y las trabajadoras y trabajadores nucleados en el PIT-CNT.
La construcción de la nueva política industrial también se apoyó en el trabajo de los Núcleos Productivos, concebidos como espacios de participación sectorial orientados a complementar el rol estratégico del Consejo de Industria mediante un abordaje específico y articulado con actores empresariales, sindicales, institucionales y académicos. El trabajo en este ámbito permitió actualizar diagnósticos, identificar cuellos de botella regulatorios, productivos y de competitividad, y definir agendas de acción para sectores estratégicos como alimentos y bebidas, químico, vestimenta y calzado, metalmecánico, farmacéutico, plástico, forestal-maderero, lácteo, audiovisual, minero, electrónico y cárnico.
Entre los principales avances se destacan propuestas de mejoras normativas y regulatorias, la adecuación de instrumentos de compras públicas, el apoyo a encadenamientos productivos, la promoción de la economía circular, el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, el seguimiento de situaciones críticas sectoriales y la participación en el diseño de nuevos arreglos institucionales. En conjunto, los Núcleos Productivos contribuyen a fortalecer la gobernanza público-privada de la política industrial, generar consensos y orientar medidas concretas para el desarrollo productivo nacional.
Uno de los principales instrumentos de apoyo a la política industrial es el Fondo Industrial, impulsado por la Dirección Nacional de Industrias. Se trata de un instrumento orientado principalmente a mipymes, que busca apalancar inversiones industriales mediante fondos no reembolsables asignados a través de un proceso competitivo. Este Fondo busca promover acciones orientadas a la diversificación de la estructura productiva, la descentralización de la actividad industrial, el fortalecimiento de los procesos de agregado de valor, la incorporación sostenible de conocimiento y tecnología en las distintas cadenas productivas, y la inserción en mercados externos.
Como resultado del proceso de evaluación, se aprobaron 42 proyectos, con un cofinanciamiento de $58 millones y una inversión total prevista de $120 millones, incluyendo la contrapartida de las empresas. Esto supone que, por cada peso aportado por el Fondo, se movilizarán dos pesos de inversión total.
Los esfuerzos realizados para ampliar el alcance territorial del instrumento se reflejaron en un importante aumento de los proyectos aprobados del interior del país, que concentró el 69% del total. Artigas se incorporó por primera vez entre los departamentos alcanzados por el Fondo Industrial. A nivel sectorial, el 50% de los proyectos aprobados correspondió al sector de alimentos y bebidas. Le siguieron la industria química y la metalmecánica, con participaciones del 12% y 10% del total. En conjunto, estos tres sectores concentraron el 72% de los proyectos beneficiarios.
En relación con el turismo, durante 2025 se avanzó en la preparación y consolidación de las bases del Sistema Nacional de Turismo Social. Para ello, se realizó un relevamiento de antecedentes y de las líneas de acción existentes, a partir del cual se impulsó un proceso de articulación con actores públicos y privados. En ese marco, se consolidaron espacios de coordinación institucional, se conformaron grupos de trabajo sobre población objetivo, experiencias turísticas y alojamientos, y se realizaron visitas de campo a alojamientos públicos para relevar su infraestructura, disponibilidad, accesibilidad y potencial de integración al Sistema. También se avanzó en la articulación interinstitucional necesaria para la incorporación gradual de colectivos beneficiarios al Sistema, así como el desarrollo de un sistema informático integral para integrar en una misma plataforma la oferta y la demanda, agilizar los procesos administrativos, facilitar la inscripción de beneficiarios y el registro de operadores, mejorar la comunicación entre organismos públicos, sector privado y ciudadanía, y generar información centralizada y actualizada para la planificación, el seguimiento y la evaluación de la política.
Entre las políticas orientadas al sector agropecuario, se destaca el lanzamiento del Programa de Innovación para una ganadería de Cría Sostenible (PROCRÍA) en julio de 2025. Entre julio y agosto se realizó la convocatoria, a la que se presentaron casi 1.700 productores y cerca de 600 técnicos. Posteriormente, se avanzó en la coordinación entre IPA, DGDR e INC, y se inició el trabajo territorial mediante visitas técnicas, capacitación de equipos y conformación de grupos de productores. Esta etapa está orientada a analizar los sistemas de producción e identificar mejoras a nivel predial.
Actualmente, el programa trabaja con 900 predios o unidades de producción, que involucran a más de 1.000 productores, y cuenta con 106 grupos en funcionamiento en todo el país, acompañados por 99 extensionistas. El 90% de los predios se ubica en la zona definida como prioritaria: norte, noreste y este del país.
Para 2026 se prevé una nueva convocatoria, con el objetivo de ampliar la cobertura hasta 1.300 productores, manteniendo el perfil de productores de entre 100 y 1.250 hectáreas CONEAT 100 con componente de cría. La incorporación al programa se prevé para setiembre-octubre.
El trabajo territorial del PROCRÍA se articula, además, con las acciones del MGAP orientadas al control de la garrapata, uno de los principales problemas sanitarios en parte de las zonas de intervención del programa. En el 2025 el MGAP avanzó en el desarrollo del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, orientado a fortalecer el control de la parasitosis mediante una estrategia técnica y territorial. Durante el año pasado se culminó una primera etapa de diagnóstico de la situación sanitaria utilizando antecedentes y actuaciones oficiales que registran la presencia de garrapata, generando una base de información para orientar las acciones de control. Asimismo, se impulsó y se continúa promoviendo el uso de la hemo vacuna, una tecnología validada que permite preinmunizar animales en campos con presencia de garrapata infectada por hemoparásitos. También se trabaja para incrementar su disponibilidad desde los ámbitos público y privado y fortalecer su difusión como herramienta preventiva.
En materia de género, a partir de 2025, con la aprobación de la Política de Género Agro mediante la Resolución Ministerial N.º 1.407/25 y su incorporación en la Ley de Presupuesto N.º 20.446, el MGAP y el Instituto Plan Agropecuario definieron priorizar la línea de políticas afirmativas dirigida a mujeres rurales, del agro y de la pesca, estableciéndola como una acción anual. En ese marco, se lanzó la sexta edición de la convocatoria “Transformadoras 2026”, orientada a financiar iniciativas colectivas de mujeres rurales, del agro y de la pesca.
Durante 2026 el MGAP, a través de Dirección General de la Granja (DIGEGRA), abrió la convocatoria del Programa “Agua para la Granja”, destinada a apoyar proyectos prediales de acceso al agua y mejoras del riego para la producción granjera. La iniciativa combina apoyos no reembolsables y facilidades de financiamiento reembolsable, con el objetivo de fortalecer la capacidad de las unidades productivas para enfrentar la variabilidad climática. La convocatoria forma parte de un programa previsto para tres temporadas: 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029. El programa contempla apoyos en distintos niveles para obras, registros, análisis, limpieza y mejora de fuentes de agua, diseño y mejora de sistemas de riego, inversiones y acceso a nuevas tecnologías o innovaciones vinculadas al riego.
El 24 de febrero, el MGAP declaró la emergencia agropecuaria por déficit hídrico por 90 días, con respaldo del monitoreo técnico realizado por un grupo interinstitucional integrado por MGAP, INC, INAC, INASE, INALE, IPA, UAM, INIA GRAS, INUMET y DINAGUA del Ministerio de Ambiente. En ese marco, se adoptaron medidas de apoyo a productores, algunas de las cuales continúan vigentes.
Entre las principales herramientas se encuentran las líneas de crédito subsidiado de República Microfinanzas, disponibles hasta el 30 de junio de 2026, para ganaderos familiares con menos de 90 UG, así como los corrimientos de vencimientos y la extensión de plazos para productores hortícolas, frutícolas y avícolas. También continúan vigentes hasta el 24 de agosto la Línea Sequía de Microcrédito de FUNDASOL y el Fondo Rotatorio para alimentación animal de ANDE, ambos dirigidos a la producción familiar.
Asimismo, el BROU mantiene una línea de capital de trabajo para micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros. Por su parte, las garantías SIGA Pymes y SIGA Micro, con comisión bonificada para créditos de capital de trabajo, se mantienen hasta el 22 de agosto.
A estas medidas se suman postergaciones de vencimientos del seguro de accidentes de trabajo rural del BSE, de aportes patronales ante BPS y de obligaciones vigentes con BROU. Otras medidas extraordinarias, como el pastoreo en fajas adjuntas, la postergación de la vacunación contra la aftosa y el endoso de certificados de crédito de DGI para la compra de gasoil, ya finalizaron.
8.2 Estrategia para el desarrollo del riego sostenible
Estas acciones de corto plazo se complementan con una estrategia integral de largo plazo orientada al desarrollo del riego sostenible. El desarrollo del riego constituye una línea estratégica transversal para aumentar la productividad del sector agropecuario, reducir su vulnerabilidad frente a eventos climáticos adversos y mejorar la competitividad. En un contexto de creciente variabilidad climática, fortalecer la resiliencia del sector frente a estos riesgos resulta clave no solo desde el punto de vista productivo, sino también por su impacto sobre la volatilidad del producto y sus efectos a nivel territorial y macroeconómico
La producción agropecuaria tiene un peso significativo en la actividad económica, el empleo, las exportaciones y la generación de divisas. En este contexto, la variabilidad climática y en particular, los episodios de déficit hídrico, continúan representando una fuente relevante de riesgos. En este escenario, el riego constituye una herramienta central para reducir la dependencia de las precipitaciones, generando condiciones más favorables para la intensificación sostenible y el aumento del valor agregado. La aplicación de riego a la producción de cultivos de verano que tradicionalmente han sido de secano en Uruguay, genera un importante diferencial de rendimiento (en el promedio de las zafras 2017/18 a 2024/25, el rendimiento de los cultivos con riego fue 59% y 82% superior en soja y maíz respectivamente), además de una estabilización de la productividad.

Sin embargo, el desarrollo del riego en Uruguay continúa siendo relativamente limitado fuera del sector arrocero, donde es un requerimiento estructural. A pesar de la disponibilidad de recursos hídricos y del potencial productivo existente, persisten restricciones que han limitado una expansión más acelerada del área regada, que en la zafra 2024/25 alcanzó a 10% del área de maíz y 2,2% de la de soja.
Con el objetivo de abordar estos desafíos, el Poder Ejecutivo definió el desarrollo del riego como una prioridad estratégica y dispuso la creación de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR), bajo la órbita de la Presidencia de la República, que ejerce su coordinación. La Comisión está integrada por Presidencia y los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ambiente; Economía y Finanzas; e Industria, Energía y Minería, y cuenta con el apoyo técnico de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que cumple un rol central en la identificación, estructuración y articulación de proyectos. Este ámbito tiene por cometido coordinar una estrategia nacional de desarrollo del riego con una perspectiva integral e interinstitucional.
El trabajo desarrollado en ese ámbito permitió definir lineamientos para una estrategia nacional para el desarrollo del riego, en una agenda estructurada en torno a seis líneas de acción.
En primer lugar, se viene avanzando en el fortalecimiento del marco institucional y en la mejora de la coordinación entre organismos públicos con competencias en materia de agua, ambiente, energía, producción e inversión. Esto incluye la simplificación de procedimientos y la mejora en la gestión de autorizaciones y permisos requeridos para el desarrollo de nuevos proyectos. Como parte de este proceso, se trabaja en la implementación de una Ventanilla Única de Riego, orientada a mejorar la trazabilidad, transparencia y previsibilidad de los trámites.
En segundo lugar, se promueve el desarrollo de nuevas fuentes de agua para riego mediante inversión privada. En particular, se ha identificado como prioritaria la promoción de sistemas multiprediales de captación, almacenamiento y distribución de agua, que permitan aprovechar economías de escala y expandir el acceso al riego a productores que actualmente enfrentan limitaciones técnicas o económicas para desarrollar soluciones individuales. Los sistemas multiprediales presentan ventajas relevantes desde el punto de vista económico, productivo y de infraestructura. Permiten una utilización más eficiente del recurso hídrico, reducen costos unitarios de inversión y facilitan una mejor planificación territorial de las inversiones requeridas tanto en infraestructura hidráulica como energética.
En tercer lugar, se trabaja en la mejora de las condiciones económicas y financieras para la inversión en riego. Las inversiones en infraestructura hidráulica y equipamiento presentan horizontes de repago extensos y requieren condiciones adecuadas de financiamiento, garantías e incentivos que permitan mejorar su viabilidad económica. En este sentido, se continúa evaluando la adecuación de instrumentos de promoción existentes y posibles ajustes que contribuyan a facilitar nuevas inversiones.
En cuarto lugar, se avanza en el análisis de condiciones de acceso a energía eléctrica compatibles con el desarrollo del riego. La disponibilidad de energía y su estructura de costos constituyen factores determinantes para la viabilidad económica de los proyectos, particularmente en sistemas de mayor escala. Las características específicas de la actividad (alta estacionalidad y elevados requerimientos de potencia) hacen necesario considerar estas particularidades en el diseño de soluciones regulatorias y operativas.
En quinto lugar, se busca fortalecer las capacidades técnicas necesarias para el diseño, evaluación, implementación y operación de sistemas de riego sostenibles y eficientes. La expansión del riego requiere capacidades técnicas robustas, tanto en el sector público como privado, que permitan asegurar la calidad de los proyectos y maximizar su impacto productivo.
Finalmente, el desarrollo del riego se enmarca en criterios de sostenibilidad ambiental, promoviendo el uso eficiente del agua, el manejo adecuado de nutrientes y la planificación a escala de cuenca. El objetivo es compatibilizar el crecimiento productivo con la preservación de los recursos naturales y la sostenibilidad de largo plazo.
Dentro de esta agenda, el desarrollo del riego multipredial aparece como uno de los principales instrumentos para acelerar la expansión del área regada y capturar ganancias de productividad a mayor escala. No obstante, este tipo de proyectos enfrenta desafíos específicos asociados a la coordinación entre múltiples actores, la estructuración de acuerdos de largo plazo y la distribución de costos y beneficios entre los participantes. En particular, se han identificado restricciones normativas y tributarias que generan fricciones adicionales en la estructuración y ejecución de estos proyectos, afectando su viabilidad.
Con el objetivo de contribuir a remover parte de estas barreras, el proyecto de Rendición de Cuentas incorpora dos disposiciones específicas orientadas a facilitar el desarrollo del riego multipredial.
La primera disposición procura viabilizar la operatividad del mecanismo de traslado de beneficios fiscales previsto en el artículo 15 de la Ley Nº 19.553. A tales efectos, se establece expresamente que el traslado de dichos beneficios a socios o miembros beneficiarios no constituirá renta gravada, eliminando una fuente de incertidumbre jurídica. Esta medida busca fortalecer los incentivos a la inversión colectiva en infraestructura de riego.
La segunda disposición establece una exoneración tributaria sobre las rentas derivadas del arrendamiento de inmuebles rurales en la parte correspondiente a superficies destinadas a embalses o lagos artificiales asociados a proyectos de riego multipredial. Esta medida apunta a reducir uno de los costos relevantes en este tipo de proyectos y facilitar los acuerdos necesarios para su concreción.
Estas disposiciones complementan el conjunto de acciones que el Poder Ejecutivo viene impulsando para promover el desarrollo del riego como una política sectorial estratégica, orientada a fortalecer la competitividad, mejorar la resiliencia productiva y contribuir a un crecimiento económico más robusto y sostenible.
