Exposición de motivos - Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2025

2. CLIMA DE NEGOCIOS

El crecimiento sostenible de la economía uruguaya requiere un entorno institucional que facilite la inversión, promueva la productividad y reduzca los costos innecesarios que enfrentan empresas y ciudadanos en su interacción con el Estado. En un contexto internacional caracterizado por una creciente competencia por inversiones, la mejora del clima de negocios constituye una herramienta central para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo, contribuyendo a su vez a lograr una reducción sostenible del costo de vida de los uruguayos mediante mercados más eficientes y competitivos.

Con ese objetivo, el Gobierno Nacional ha definido una agenda de reformas microeconómicas orientada a modernizar la regulación económica, simplificar procedimientos administrativos, promover la digitalización de trámites y reducir las cargas burocráticas que afectan el funcionamiento de los mercados.

2.1 Medidas de desempapelamiento y facilitación del comercio exterior

La primera etapa de esta agenda comenzó en 2025 con la puesta en marcha de un conjunto de reformas destinadas a mejorar la competitividad, facilitar las inversiones y reducir los costos asociados a la actividad productiva. Estas iniciativas partieron de la constatación de que una parte significativa de los costos que enfrentan las empresas está asociada a procedimientos, certificados, intervenciones administrativas y requisitos documentales que generan costos de cumplimiento, demoras e ineficiencias.

A partir de este diagnóstico, se impulsó una agenda de reformas basada en principios de simplificación administrativa, facilitación del comercio y mejora regulatoria. Estas reformas no implican una reducción de los estándares sanitarios, técnicos o de control, sino una modernización de los mecanismos mediante los cuales se verifica su cumplimiento, procurando que las exigencias regulatorias protejan eficazmente los intereses públicos sin generar costos o barreras innecesarias para la actividad económica.

En junio de 2025 el Gobierno anunció una primera batería de medidas de desempapelamiento que incluyeron: la autocertificación de origen, la eliminación de licencias administrativas y certificados redundantes, la eliminación de los adelantos especiales de IRAE, la eliminación de la tasa ANSE, la reducción del impuesto LATU aplicable a las exportaciones, la implementación del régimen de Drawback y la simplificación de los procedimientos de admisión temporaria. Asimismo, se impulsó una estrategia de digitalización y racionalización documental orientada a facilitar la interacción de empresas y ciudadanos con la Administración.

Estas medidas impactaron sobre el 75% de unos 800.000 documentos que se integran al comercio exterior, e implicaron eliminar el 25% de los documentos, digitalizar un 29%, sustituir por declaraciones un 7% y mejorar en sus procesos un 15%. La reducción de costos en comercio exterior producto de estas medidas implementadas se estima en 20 millones de dólares.

Sobre la base de estos avances, en marzo 2026 el Gobierno profundizó esta estrategia mediante la puesta en marcha de un segundo bloque de medidas de facilitación del comercio exterior, sustentadas en la digitalización, la interoperabilidad y la gestión de riesgo. Entre ellas se incluyeron: la sustitución de la intervención previa de DGI por una ex post para el comercio exterior, la digitalización integral de la documentación aduanera, la flexibilización de determinadas obligaciones asociadas al despacho y el fortalecimiento de los incentivos para operadores confiables. Este segundo paquete de medidas tuvo un impacto estimado adicional de 20 millones de dólares.

2.2 Promoción de inversiones

La agenda se complementó con nuevas medidas orientadas a fortalecer la inversión productiva y acelerar la ejecución de proyectos. Se conformó la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (DINAII), que permite que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga una mirada integral sobre todas las políticas de incentivo a la inversión.

Por otro lado, se avanzó en la simplificación de los procedimientos de evaluación, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), con un nuevo Decreto (N° 329/025) que otorgó mayores incentivos para iniciativas con impacto en empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible e innovación y actualización tecnológica.

Asimismo, este Decreto prevé beneficios específicos para micro, pequeñas y medianas empresas y para proyectos localizados en los departamentos con mayores dificultades socioeconómicas. Por otra parte, se desarrollaron medidas para la atracción de talento calificado y el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica.

2.3 Ley de competitividad y reducción del costo de vida

En junio de 2026 el Poder Ejecutivo remitió al parlamento el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, mediante la cual el Gobierno impulsa una agenda transversal de transformación del Estado orientada a reducir los costos de transacción que enfrentan las empresas en múltiples ámbitos de actividad. Esta línea de trabajo busca consolidar el principio de que la información debe ser solicitada una sola vez y reutilizada por los organismos públicos cuando resulte necesaria para el ejercicio de sus competencias, así como la implementación de mecanismos que hoy constituyen buenas prácticas administrativas, como es el caso de las declaraciones juradas, los plazos máximos y los silencios positivos.

Con ese propósito la Ley incluye iniciativas para mejorar la competitividad, como una mejor interacción entre los organismos de alcance nacional y el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV) del ámbito departamental, la centralización de estados financieros, la reutilización de poderes y representaciones, el intercambio de información para mejorar la evaluación del riesgo crediticio, la Ventanilla Única Marítima, la interoperabilidad de la cadena cárnica y el desarrollo progresivo del notariado electrónico. Estas herramientas permiten reducir duplicaciones, simplificar trámites y mejorar la coordinación entre organismos públicos.

La Ley incorpora asimismo un conjunto de medidas orientadas a contribuir a la reducción del costo de vida de la población. Entre ellas se destacan la obligación de exhibir precios por unidad de medida para facilitar la comparación entre productos y una agenda de fortalecimiento de la competencia orientada a reducir barreras regulatorias de entrada, simplificar registros y procedimientos, facilitar el ingreso de nuevos operadores y fortalecer la institucionalidad encargada de la promoción y defensa de la competencia. En este marco, se prevé la creación de un servicio descentralizado especializado, la separación de las funciones de promoción, investigación y resolución, la modernización del régimen de control de concentraciones económicas y el fortalecimiento de las facultades y capacidades para la investigación de conductas anticompetitivas. Estas medidas promueven mercados más dinámicos y contribuyen a reducir costos para consumidores y empresas.

La agenda presta asimismo especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar mayores costos relativos para cumplir con exigencias regulatorias y administrativas. Se incorporan medidas específicas como un régimen de graduación tributaria, un sistema gratuito de gestión y facturación electrónica y la reducción de costos asociados a registros y trámites empresariales, procurando que los beneficios de la simplificación administrativa alcancen particularmente a este segmento. La interoperabilidad entre organismos, la reducción de duplicaciones de información y la simplificación de registros y autorizaciones contribuyen a disminuir barreras que afectan especialmente a las empresas de menor porte, favoreciendo su formalización, crecimiento y capacidad de competir.

En conjunto, estas iniciativas forman parte de una agenda integral de modernización del Estado y fortalecimiento de la competitividad. Busca compatibilizar altos estándares de protección sanitaria, técnica o regulatoria, con mecanismos de control más eficientes, apoyados en la interoperabilidad, la digitalización y la gestión de riesgo. Al disminuir costos de cumplimiento, reducir tiempos de gestión, fortalecer la competencia, facilitar la inversión y promover la innovación, estas reformas contribuyen a generar condiciones más favorables para el crecimiento económico, la creación de empleo y una reducción sostenible del costo de vida.

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