5. INFRAESTRUCTURA
5.1 El sistema de inversión en infraestructura
La infraestructura constituye uno de los principales determinantes del crecimiento económico de largo plazo. Una red vial eficiente, servicios confiables de agua y energía, puertos competitivos, infraestructura digital moderna y equipamientos sociales adecuados reducen costos de producción, aumentan la productividad, fortalecen la integración territorial y mejoran el acceso de la población a oportunidades de desarrollo.
La evidencia internacional muestra que el mayor impacto económico y social por peso invertido en infraestructura depende en buena medida de la calidad de los proyectos, su adecuada priorización, la asignación eficiente de riesgos, la capacidad de ejecución y la gestión de los activos construidos.
Uruguay ha construido, durante las últimas dos décadas, un sistema de inversión en infraestructura reconocido por su capacidad para combinar distintas modalidades de ejecución y financiamiento. A los mecanismos tradicionales de obra pública se incorporaron progresivamente contratos de participación público-privada, concesiones, fideicomisos e instrumentos de financiamiento que permitieron ampliar la escala de inversión y desarrollar proyectos de mayor complejidad, procurando asignar cada riesgo al actor con mayores capacidades para gestionarlo. El desafío de esta nueva etapa consiste en consolidar esa evolución institucional.
Dada la creciente diversificación de instrumentos del sistema de inversión, la agenda actual procura fortalecer la gobernanza del sistema en su conjunto, incorporando mejores herramientas de planificación, evaluación, estructuración de proyectos y gestión de los activos públicos. Este enfoque permite orientar los recursos hacia aquellas inversiones con mayor impacto económico y social, asegurando al mismo tiempo su sostenibilidad de largo plazo. A continuación las principales prioridades de inversión definidas para el período, los avances alcanzados en los proyectos estratégicos y las transformaciones institucionales impulsadas para fortalecer la planificación, la ejecución y la gestión de la infraestructura pública.
5.2 Inversiones en infraestructura 2025-2029
El período 2025-2029 registrará inversiones en infraestructura por 2.300 millones de dólares anuales, distribuidas entre las distintas áreas de política pública. Este esfuerzo integral combina inversiones de financiamiento público y privado, obras nuevas, modernización de activos existentes y programas de mantenimiento y conservación.
La composición del portafolio de inversiones en infraestructura refleja prioridades orientadas al desarrollo económico del país. Las inversiones priorizadas buscan reducir los costos logísticos que enfrentan los sectores productivos, fortalecer la seguridad hídrica frente a eventos climáticos extremos, mejorar la movilidad urbana, expandir la infraestructura social y preparar al país para una economía crecientemente intensiva en energía, conectividad y tecnología. De forma transversal, la planificación incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática, procurando que los nuevos activos mantengan su capacidad de prestación de servicios frente a escenarios climáticos cada vez más exigentes.

En 2025 se superaron los 2.000 millones de dólares vinculados a proyectos de infraestructura, vinculados a vialidad y transporte, energía, vivienda, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, agua y saneamiento, educativas y de cuidados, ferroviario y otro tipo de infraestructura.
Cerca del 30% correspondió a inversión vial, incluyendo las obras realizadas directamente por la Dirección Nacional de Vialidad, la obra pública vial ejecutada mediante la CVU y las concesiones privadas de las rutas 5 y 8, así como los proyectos desarrollados bajo la modalidad PPP. La inversión total del Sector Vial Nacional alcanzó 623 millones de dólares, consolidando el salto de nivel de ejecución de los últimos años. Entre las principales actuaciones se destacan la continuidad de la duplicación de la Ruta 5, intervenciones en las rutas 1, 3, 6, 9, 12, 20, 25, 26, 27, 45 y 90, y la construcción y rehabilitación de numerosos puentes estratégicos en todo el territorio nacional. Las once regionales intervinieron 2.394 kilómetros de rutas nacionales mediante tareas de mantenimiento y obras extraordinarias, mientras que la red concesionada continuó atendiendo más de 3.400 kilómetros a través de contratos de mantenimiento y seguridad vial. A estas inversiones se suman 51 millones de dólares destinados a la caminería rural, una infraestructura esencial para la competitividad de las cadenas agropecuaria y forestal, la conectividad territorial y la calidad de vida de la población del medio rural. En apoyo a este objetivo, durante el año se instaló una Mesa de Trabajo con el Congreso de Intendentes y diversos organismos del Poder Ejecutivo para coordinar acciones orientadas al fortalecimiento de la red de caminería rural. Dentro de las proyecciones 2026-2029 presentadas en la categoría vialidad y transporte se incluye la inversión proyectada para el transporte metropolitano.
Los proyectos de inversión en energía representan 18% de lo ejecutado en 2025. Se destacan en esa ejecución, inversiones en obras de distribución de energía eléctrica en el interior del país, así en obras de generación (eólica, térmica e hidráulica, destacándose la renovación de la represa de Baygorria).
En tanto, las inversiones en vivienda representaron también 18% del monto ejecutado en 2025. En este rubro se destacan 182 millones de dólares para cooperativas. En tanto, se estimaron casi 50 millones de dólares a la construcción de nueva vivienda, incluyendo 28 millones de dólares en pequeñas localidades.
Las inversiones en puertos y aeropuertos ascendieron a 198 millones de dólares en 2025. La mitad de este monto corresponde a inversiones en puertos de ANP y de la Dirección Nacional de Hidrografía del MTOP. Se destacan en este período las inversiones en las pasarelas del puerto de Colonia y obras en el puerto de Montevideo (dragado y accesos), así como inversión privada en terminales portuarias especializadas y en aeropuertos.
En cuanto a las telecomunicaciones, las inversiones ascendieron a 153 millones de dólares en 2025, orientadas a fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el país. Estas inversiones se distribuyeron en infraestructura de red de núcleo (la columna vertebral de la infraestructura de transmisión de datos), en expansión y mejoramiento de la red de acceso fijo (que garantiza la conectividad de banda ancha en hogares y empresas) y en la red de acceso móvil, fundamental para asegurar cobertura celular e internet móvil en todo el territorio.
Por otra parte, en 2025 se invirtieron 86 millones de dólares en infraestructura educativa y de cuidados de UDELAR, ANEP, CAIF, UTEC, INAU e INISA. Para el resto del periodo de gobierno se proyecta una intensificación de la inversión en esta materia, que se desarrolla en la próxima sección.
Adicionalmente, se ejecutaron 210 millones de dólares en otros tipos de infraestructura, incluyendo 72 millones del fondo de desarrollo del interior. Estos fondos se canalizaron hacia proyectos de infraestructura vial, espacios públicos recuperados y equipamiento para servicios locales en localidades del interior, consolidando una política de inversión orientada a reducir brechas territoriales.
5.3 Obras prioritarias del período
Las inversiones priorizadas responden a cinco objetivos estratégicos: reducir costos logísticos, fortalecer la seguridad hídrica, mejorar la movilidad de las personas, ampliar el acceso a infraestructura social y preparar al país para una economía cada vez más intensiva en energía y tecnología.

Los montos comentados en el apartado anterior incluyen todos los recursos destinados a infraestructura, incluyendo inversiones de mantenimiento y reposición. En esta sección se desarrollan los énfasis del gobierno en lo referido a inversión en infraestructura. En efecto, para este periodo, se identificó un paquete de obras nuevas prioritarias que supera los 4.700 millones de dólares de inversión. Los ejes que se enfatizan tienen que ver con apuntalar el crecimiento económico, priorizando inversiones que impacten en productividad y en costos de producción, así como en calidad de vida y acceso a derechos.
5.3.1 Transporte y logística
En materia vial, el gobierno definió y presentó el plan de obras para el período, elaborado tras un proceso de consulta con intendentes, legisladores y comunidades locales, con dos objetivos centrales: reducir los costos de transporte de carga y mejorar la conectividad de la población en condiciones de seguridad. El plan contempla intervenciones en corredores productivos y turísticos, accesos a Montevideo y Canelones, duplicación de Ruta 11, finalización de la Ruta 26 (que atraviesa el país de este a oeste, recorriendo los departamentos de Paysandú, Salto, Tacuarembó y Cerro Largo), nuevos accesos internacionales y obras en más de cien puentes. Para ejecutarlo, se van a utilizar diversos mecanismos: obras a ser ejecutadas por CVU y otras a través de contratos MAS, una nueva generación de contratos de rehabilitación y mantenimiento con financiamiento privado e indicadores de sostenibilidad ambiental. La inversión total para el periodo se estima en 2.100 millones de dólares.
En tanto, en el sector portuario, para el período se proyecta una cartera de inversiones privadas de TCP por 400 millones de dólares, que consolida al Puerto de Montevideo como nodo logístico regional mediante una transformación significativa de la terminal especializada en contenedores. Se suma la adjudicación de la concesión por treinta años para la instalación de un nuevo dique flotante en la zona de Puerto Capurro, con una inversión de 20 millones de dólares, que restablecerá el servicio de reparaciones navales y apunta a convertir al puerto en un polo de reparaciones de nivel internacional para buques pesqueros. Adicionalmente, se ha confirmado la concreción de una planta de almacenaje de krill, con una inversión de 13 millones de dólares por parte del grupo noruego Aker. A esto se suman las inversiones de la ANP en el acceso norte al puerto de Montevideo con controles automatizados y extensión ferroviaria al recinto.
5.3.2 Energía
La política energética de este período busca acompañar el crecimiento de la demanda y consolidar a Uruguay como destino atractivo para proyectos intensivos en energía limpia, manteniendo la confiabilidad y seguridad de suministro que caracteriza al sistema. La inversión en infraestructura energética del período se organiza en torno a tres ejes. El primer eje es el refuerzo de la red de transmisión. En ese sentido, UTE inició los estudios para construir un tercer corredor de 500 kV que unirá el centro y norte del país con el sur, con una inversión estimada de 300 millones de dólares. Se trata de la primera gran obra troncal en más de cuatro décadas y es una condición habilitante para absorber la nueva generación renovable y abastecer proyectos de alto consumo como data centers e industrias electrointensivas. El segundo eje es la expansión de la generación solar fotovoltaica. El tercer eje es la modernización de las redes de distribución, con el programa nacional de redes y medidores inteligentes que permitirá gestionar con mayor precisión la demanda y habilitar la integración de nueva generación distribuida.
5.3.3 Desarrollo territorial y movilidad urbana
En este período se definió ejecutar un proyecto de transformación del transporte metropolitano, que constituye la transformación de movilidad urbana más ambiciosa en décadas. En ese marco, se está trabajando en el diseño de un sistema de buses tronco-alimentado, donde troncales de alta frecuencia articularán la red metropolitana, complementadas por servicios alimentadores que garantizarán conectividad en toda el área. Durante 2026, el proyecto avanzará en su definición técnica con el apoyo de cooperación del BID, la CAF y el Banco Mundial. Se prevé un inicio de obras en 2027, con una inversión estimada de 500 millones de dólares en infraestructura, más la incorporación de una flota de buses eléctricos para los nuevos troncales.
Como primer paso de esta transformación, se definió comenzar con dos corredores: Avenida Italia-Giannatasio hasta el Pinar y 8 de Octubre-Camino Maldonado-Ruta 8 hasta Zonamérica, con un tramo común por la Avenida 18 de Julio hasta la Plaza Independencia. Adicionalmente, se encuentra en proceso un estudio técnico de evaluación de la incorporación de un tren de pasajeros en el tramo Progreso-Montevideo, analizando aspectos como la infraestructura disponible, la demanda y las condiciones de operación.
Por otra parte, se firmó el Fondo de Inversiones Estratégicas de los gobiernos subnacionales, un instrumento que distribuye recursos de inversión entre los gobiernos departamentales con cronograma de obras acordado, por un total de 80 millones de dólares para el desarrollo territorial.
5.3.4 Agua, saneamiento y riego
En el área de seguridad hídrica, en este periodo se definió fortalecer a OSE en sus capacidades técnicas y de activos físicos para asegurar el acceso a agua potable y saneamiento. El proceso licitatorio para la construcción de la represa de Casupá fue reactivado: se realizó el llamado a lista corta, se avanzó en las habilitaciones ambientales y se firmó el financiamiento con CAF, por 130 millones de dólares. Por su parte, el Proyecto Arazatí fue renegociado y posteriormente suscrito y completó los trámites ambientales necesarios para iniciar obras de la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, con una inversión de 213 millones de dólares.
Por su parte, el Proyecto de Universalización del Saneamiento adecuó su priorización de obras incorporando intervenciones relevantes en nuevas localidades, entre ellas Atlántida, con financiamiento adicional comprometido. La inversión prevista asciende a 200 millones de dólares en lo que resta del periodo de gobierno.
Por último, en materia de riego, se institucionalizó la Comisión Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR) y se registraron avances que se comentan en la sección específica. En ese marco, se aportó a la actualización del decreto COMAP (329/025), definiendo el riego como actividad estratégica. Actualmente se está trabajando en la creación de una ventanilla única que facilite la concreción de nuevos proyectos privados y en un decreto específico para el fomento del riego multipredial. Además, se encuentra en proceso de estructuración el primer piloto de riego multipredial de escala para cultivos de secano, en el arroyo San Salvador en Soriano.
5.3.5 Infraestructura social
El plan de infraestructura educativa del período se organiza en torno a un paquete de obras nuevas que alcanza los 325 millones de dólares. En el marco de la ampliación del tiempo educativo, se realizarán nuevas obras bajo la modalidad PPP por 150 millones de dólares, con inicio de obras previsto en 2028 y entrega en 2029. Se trata de 12 escuelas de tiempo completo, 10 liceos, 4 escuelas técnicas, 3 escuelas agrarias, 3 centros educativos asociados, 10 polideportivos y 2 piscinas cerradas, distribuidos en todo el país.
En inversiones nuevas en el área salud, se encuentra en proceso de definición del proyecto el Hospital de la Costa, con una inversión estimada de 40 millones de dólares. En la presente rendición de cuentas se propone la creación de dicho hospital como unidad ejecutora dentro de ASSE.
En tanto, en materia de seguridad, se prevé la construcción de una cárcel de 1.200 plazas y un centro de alto riesgo mediante la modalidad PPP, con una inversión total de 130 millones de dólares.
Por otra parte, se prevén inversiones vinculadas al programa Más Barrio, que apunta a la transformación integral de barrios con alta vulnerabilidad social, precariedad habitacional y violencia. A diferencia de los programas de vivienda tradicionales, interviene simultáneamente sobre el espacio físico, la infraestructura barrial y el tejido social. El programa ya inició sus intervenciones en Cerro Norte y Las Piedras.
5.4 Innovaciones en gobernanza y gestión
La mejora de la gobernanza constituye un eje transversal de la política de infraestructura, incorporando progresivamente mejores prácticas internacionales en materia de planificación, estructuración de proyectos y financiamiento. En mayo de 2026 se firmó un Memorando de Entendimiento con el Reino Unido, que establece un marco estructurado de cooperación bilateral, incluyendo el intercambio de experiencias en planificación, gobernanza y financiamiento de infraestructura.
El volumen y la complejidad de las inversiones previstas para este período refuerzan la necesidad de seguir fortaleciendo la gobernanza del sistema. A medida que los proyectos involucran arreglos contractuales más sofisticados, múltiples organismos y compromisos financieros de largo plazo, adquieren mayor relevancia las capacidades para planificar, coordinar, estructurar y gestionar adecuadamente esas inversiones. En este apartado se presentan avances de gobernanza en la gestión de tres de las prioridades del proyecto: el sistema de transporte metropolitano, la red vial y el agua y saneamiento.
5.4.1 Transformación del sistema de transporte metropolitano
En materia de transporte metropolitano, en la Ley de Presupuesto Nacional Nº 20.446 se creó la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano para la planificación y gestión del sistema como una red integrada. En ese marco, se definió avanzar hacia un sistema de buses tronco-alimentado, superando el esquema actual de múltiples líneas con superposiciones, hacia una red más simple y eficiente. El nuevo diseño apunta a reducir tiempos de viaje, aumentar las frecuencias, optimizar el uso de la flota y mejorar la confiabilidad del servicio.
La visión de largo plazo contempla la consolidación progresiva de una red metropolitana estructurante capaz de extenderse a otros ejes de movilidad y adaptarse a la evolución futura de la demanda. La construcción de una experiencia integrada de movilidad, donde los usuarios puedan realizar combinaciones sencillas y contar con información en tiempo real, constituye uno de los principales objetivos de la transformación.
Para que esta visión pueda materializarse, la Agencia Metropolitana de Transporte representa una condición indispensable. Desde diciembre, su consejo directivo está funcionando como espacio de coordinación entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas y las Intendencias de Montevideo, Canelones y San José, permitiendo construir acuerdos sobre el diseño institucional, operativo y financiero del sistema.
La transformación requiere desarrollar capacidades actualmente dispersas, como la planificación integrada de la red, gestión del riesgo de demanda, monitoreo permanente de la operación, control de indicadores de calidad, administración de contratos complejos, análisis masivo de datos y coordinación operativa en tiempo real.
La implementación de nuevos mecanismos de remuneración a operadores constituye uno de los elementos centrales de esta transformación. Los modelos actuales vinculan los ingresos a recorridos específicos, lo que genera incentivos para mantener líneas históricas y dificulta la reorganización de la red. La transformación requiere evolucionar hacia mecanismos que remuneren la prestación efectiva de servicios según estándares de calidad, frecuencia y cobertura definidos por la Agencia. Este cambio permitirá separar la planificación técnica del sistema de los intereses comerciales asociados a recorridos específicos, habilitando una gestión integrada de la movilidad donde la autoridad pública pueda optimizar la red desde una perspectiva metropolitana.
El desafío inmediato consiste en consolidar los acuerdos para definir el modelo operativo, institucional y financiero que permitirá poner en marcha las primeras etapas del nuevo sistema. Una vez alcanzados estos acuerdos, se podrá iniciar la ejecución de obras prevista para 2027, recursos que representan un esfuerzo significativo de inversión pública orientado a modernizar la movilidad metropolitana.
5.4.2 Red vial nacional
La red vial nacional constituye un activo estratégico para la integración territorial y la competitividad de las cadenas logísticas del país. Con casi 9.000 kilómetros, conecta capitales departamentales, centros urbanos, puertos y zonas productivas, siendo el principal medio de transporte de carga del país.
En materia de gestión de la infraestructura vial, se está promoviendo una revisión integral de los arreglos institucionales asociados a la planificación, financiamiento y ejecución de inversiones. La magnitud alcanzada por la cartera de proyectos y la creciente complejidad de los mecanismos de financiamiento hacen necesario fortalecer la claridad de roles y responsabilidades entre los organismos involucrados. El objetivo es consolidar un modelo que preserve la capacidad de ejecución alcanzada en las últimas décadas, al tiempo que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad de largo plazo de la red vial nacional.
Uruguay ha construido a lo largo de las últimas décadas un modelo de gestión vial reconocido regionalmente, con contratos de rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio, que vinculan los pagos al cumplimiento de estándares predefinidos de calidad.
El nuevo plan incorpora una nueva generación de contratos denominados Contratos de Mantenimiento de Activos Sustentables (Contratos MAS), que incorporan un enfoque integral para la gestión de la infraestructura vial. Esta modalidad amplía el alcance de los contratos tradicionales, integrando en un único instrumento la rehabilitación inicial, el mantenimiento por niveles de servicio y la ejecución de intervenciones complementarias orientadas a mejorar la seguridad vial, la resiliencia de la infraestructura y la adaptación a las necesidades de movilidad y desarrollo productivo. El nuevo esquema busca optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la planificación de largo plazo y asegurar estándares de calidad durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.
Complementando esta innovación contractual, se está fortaleciendo la gobernanza institucional del sector. Se avanza en una planificación más integrada entre los organismos involucrados (MTOP, DNV, CVU, OPP), se avanza en procedimientos de análisis costo-beneficio para la priorización de proyectos, y se articula la inversión vial con otras políticas sectoriales y con los gobiernos departamentales.
Esta combinación entre innovación contractual y fortalecimiento institucional permitirá consolidar la calidad de la red vial, con contratos que alinean incentivos, instituciones que planifican con horizonte de largo plazo, y mecanismos que permiten evaluar si lo que se hace genera el valor social esperado. En complemento, el gobierno avanzará en la modernización de los sistemas de información del sector de carga. La Guía Electrónica de Transporte de Carga, permitirá mejorar la trazabilidad de cargas y optimizar la toma de decisiones en materia de inversión vial, un activo de vital importancia para el sector logístico.
5.4.3 Agua y saneamiento
El período 2025-2029 registrará un nivel de inversión en OSE sin precedentes. La inversión comprometida para seguridad hídrica y universalización del saneamiento asciende a 550 millones de dólares.
OSE implementará el programa OSE Evoluciona, adoptando el estándar internacional ISO 55000 de gestión de activos. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de la empresa para gestionar de forma eficiente la infraestructura construida, asegurando que el esfuerzo de inversión genere valor de manera sostenible. Para ello, se avanzará desde un modelo de gestión reactivo hacia uno predictivo, en el que la información disponible permita anticipar cuándo y dónde intervenir para extender la vida útil de los activos, reducir las interrupciones del servicio y optimizar el gasto.
La gestión moderna de activos requiere información de alta resolución sobre el estado de la red. El programa desplegará una plataforma nacional única que integra los sistemas de supervisión que hoy operan por separado, ofreciendo por primera vez una visión completa del sistema en tiempo real. Se instalarán medidores inteligentes que transmiten datos de forma automática, detectando fugas e identificando anomalías. La eficiencia energética en plantas y estaciones de bombeo se mejorará mediante automatización, y se modernizarán los sistemas de facturación y atención al usuario con canales digitales disponibles las 24 horas. La información generada permitirá mejorar la calidad y oportunidad de la facturación, reducir reclamos y ofrecer una experiencia de servicio más transparente y accesible.
Como resultado, OSE pasará de gestionar el agua de forma fragmentada a operar el ciclo completo como un sistema integrado e inteligente, donde cada decisión operativa estará respaldada por información de calidad. El piloto de esta transformación se implementará en Salto para validar el modelo en condiciones reales antes de escalarlo progresivamente al resto del país.
En conjunto, las inversiones previstas para el período, junto a las realizadas en los últimos 20 años, representan un esfuerzo relevante en el global de recursos públicos. Esto vuelve aún más relevante resaltar la necesidad de una mejora en la gestión de los activos públicos, fortalecer la institucionalidad que asegura su financiamiento y orientar las decisiones hacia aquellos proyectos con mayor impacto económico y social inter temporal. Esta combinación de inversión física, innovación institucional y planificación de largo plazo constituye uno de los pilares de la estrategia de crecimiento sostenible del país.
