3. EMPLEO: LINEAMIENTOS SALARIALES Y POLÍTICAS ACTIVAS
3.1 Lineamientos salariales
Los lineamientos salariales presentados por el Poder Ejecutivo procuraron compatibilizar tres objetivos fundamentales: la mejora de los ingresos de los trabajadores, especialmente aquellos con menores remuneraciones; estimular la creación de empleo; y asegurar la consistencia de los acuerdos salariales con la meta de inflación establecida por el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM).
La pauta presentada por el Poder Ejecutivo para la ronda propuso convenios colectivos de dos años de duración, con ajustes nominales semestrales diferenciados por franjas salariales y aumentos mayores para los niveles más bajos. [1]
Asimismo, se introdujeron innovaciones referidas a los mecanismos de ajuste por inflación. En el primer año se incorporaron correctivos basados en una medida de inflación subyacente, el IPC con exclusiones, sin verduras, frutas y combustibles (IPC-CE VFC) calculado por el INE, a la que se suma un margen de tolerancia que varía según el nivel salarial. En el segundo año, se prevé un correctivo en base al IPC general que se aplica únicamente en caso de que la inflación efectiva supere los ajustes nominales otorgados por convenio, considerando el correctivo intermedio en caso de corresponder. Otra innovación consiste en que, para la franja de salarios más altos, no se prevé la aplicación de correctivos, con el objetivo de contribuir a reducir la inercia inflacionaria.
La negociación colectiva del sector público se desarrolló durante 2025, en forma previa a la remisión del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. El énfasis estuvo puesto en el mantenimiento del poder adquisitivo, asegurando que no se verifique pérdida de salario real durante la vigencia del Presupuesto Nacional, junto con la definición de ajustes adicionales a nivel de rama que permitan la mejora del salario real. Los ajustes salariales acordados contemplan la meta de inflación fijada por el CCM, con correctivos que se aplican únicamente cuando la variación de los índices de precios supera los ajustes previamente otorgados. Al igual que en los lineamientos del sector privado, el correctivo correspondiente al primer año considera el IPC-CE más un margen de tolerancia de 0,5 p.p. Para el segundo año, el correctivo se aplica si la variación del IPC supera los ajustes otorgados en el período, incluyendo el correctivo intermedio en caso de que este haya correspondido.
3.2 Uruguay Impulsa
El Programa “Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación” tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y con dificultades de acceso a empleos de calidad. Su diseño tomó como base la experiencia del programa “Oportunidad Laboral”.
En 2025 el programa abarcó 5.500 beneficiarios, con una prestación equivalente a 3 BPC ($19.728), y avanzó hacia un formato de trabajo diario con jornadas laborales de 6 horas y reducción horaria para madres con niños de 0 a 3 años, superando el esquema anterior de 12 jornales mensuales y mayor carga horaria.
Otro componente novedoso de Uruguay Impulsa fue la incorporación del componente de capacitación, equivalente al 20% del tiempo total del programa y a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). Esta dimensión buscó fortalecer las capacidades de los participantes y mejorar sus condiciones de empleabilidad.
La capacitación se estructuró en tres tramos. El primero estuvo orientado al desarrollo de habilidades blandas, con foco en competencias transversales para el empleo, como la comunicación, el aprendizaje permanente y el trabajo colaborativo. Este tramo tuvo una duración de 20 horas, distribuidas en cinco instancias. El segundo tramo correspondió a cursos de formación técnica en áreas de construcción, logística, administración y gastronomía. Los cursos fueron dictados por docentes de UTU y financiados, organizados y supervisados por INEFOP. Se desarrollaron con una frecuencia semanal y una carga horaria de 60 horas. Finalmente, el tercer tramo se centró en habilidades para la búsqueda de empleo, brindando herramientas prácticas para la inserción laboral, como la elaboración del currículum vitae y la preparación para entrevistas laborales. Este último componente se desarrolló en 2 instancias, con una carga horaria total de 8 horas.
Si bien el programa finalizó el 31 de diciembre de 2025, el INEFOP continuó trabajando con los participantes en otras líneas formativas. En coordinación con UTU, se realizaron instancias para la acreditación de educación media básica en diciembre de 2025 en Montevideo y Artigas, y se coordinaron nuevas instancias para comienzos de 2026 en Durazno, Florida, Salto, Soriano, Tacuarembó y Montevideo. Asimismo, se relevó el interés de los participantes en dos cursos regulares del INEFOP: “Despegue digital” y “Habilidades digitales para la empleabilidad”, alcanzándose una preinscripción de 1.484 personas. Finalmente, junto al Ministerio de Desarrollo Social, se derivaron 90 personas a un proyecto de formación orientado a promover la inserción educativa y laboral de la población trans en Montevideo, Canelones y Cerro Largo.
A partir de la valoración positiva de los participantes de la edición 2025 y de la solicitud del Congreso de Intendentes, se propuso una nueva edición de Uruguay Impulsa para 2026. El programa tendrá 5.500 cupos que podrán ser personas de entre 18 y 65 años, con una duración de 4 meses, una prestación equivalente a 3 BPC y mantendrá el componente formativo a cargo del INEFOP, equivalente al 20% del tiempo total. Asimismo, conservará la jornada laboral de 6 horas, con un régimen especial de 4 horas para madres con niños de 0 a 3 años.
La edición 2026 contempla cupos por ley específicos para colectivos en situación de vulnerabilidad para personas afrodescendientes, personas en situación de discapacidad, trans y mujeres víctimas de violencia de género. A diferencia de la edición 2025, la nueva edición incorpora acciones afirmativas temporales orientadas a priorizar a determinados colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. En particular, se priorizará a personas con hijos menores de 18 años, personas liberadas del sistema penitenciario y personas atendidas por dispositivos del MIDES vinculados a situación de calle.
3.3 Ley de empleo integral
En junio de 2026 se aprobó la Ley de Empleo Integral, remitida por el Poder Ejecutivo en marzo del mismo año. La nueva norma busca promover el acceso al trabajo de personas que enfrentan mayores obstáculos de inserción laboral mediante un régimen general de estímulos y sustituye la Ley Nº 19.973, de 2021.
La Ley Nº 19.973 había ampliado el alcance de las políticas de promoción del empleo, hasta entonces dirigidas a jóvenes, incorporando a personas mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas liberadas. Esta norma, a su vez, había sustituido la Ley Nº 19.133, de 2013, conocida como Ley de Empleo Juvenil, así como su antecedente, la Ley Nº 16.873, de 1997.
El régimen que se sustituye comprendía diversas modalidades de contratación, asociadas a beneficios diferenciados en función de las características de las personas beneficiarias y de la relación laboral, tales como el sexo, la existencia de personas a cargo y la duración de la jornada de trabajo. Desde su entrada en vigencia y hasta 2025, participaron 16.745 personas en las distintas modalidades previstas, lo que equivale a un promedio anual cercano a 4.000 beneficiarios. La modalidad más utilizada fue Trabajo Protegido Joven, que concentró el 33% del total de participantes, seguida por Primera Experiencia Laboral y el Subsidio Temporal para la Contratación de Jóvenes Desempleados, con una participación del 20% cada una. Se observa una marcada concentración territorial en la utilización de estos instrumentos: Montevideo concentró el 64% de los beneficiarios y Canelones el 16%, de modo que ambos departamentos acumularon aproximadamente el 80% del total de participantes.
La Ley de Empleo Integral introduce un nuevo esquema de políticas activas de empleo, con una lógica más integrada y centrada en las personas que enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral. En particular, amplía y redefine el universo de colectivos destinatarios, incorporando a mujeres jefas de hogares monoparentales, personas afrodescendientes, personas trans y madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años, y ajustando algunos criterios respecto del régimen anterior. Los colectivos focalizados son: jóvenes de entre 15 y 29 años, mujeres jefas de hogares monoparentales, personas mayores de 45 años, personas afrodescendientes, personas privadas de libertad en unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, personas liberadas de dichos institutos en los últimos tres años, personas trans, personas con discapacidad y madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años.[2]
Uno de los principales cambios se encuentra en el régimen de estímulos para el sector privado. La nueva Ley sustituye la lógica de programas y modalidades diferenciadas por un régimen general de subsidios a la contratación, definidos como porcentaje de la remuneración y con un tope común. Además, incorpora el criterio de vulnerabilidad socioeconómica para asignar mayores niveles de apoyo y redefine los cupos de contratación en función del tamaño de la empresa. En conjunto, estos cambios apuntan a ordenar y simplificar el régimen de promoción del empleo, facilitando su utilización como incentivo a la contratación, especialmente por parte de micro, pequeñas y medianas empresas.
La norma también regula las políticas activas de empleo en el sector público, incluyendo la primera experiencia laboral y el programa “Yo Estudio y Trabajo”, e incorpora acciones afirmativas para determinados colectivos.
A su vez, crea instrumentos específicos de apoyo a emprendimientos, mediante subsidios sobre aportes patronales, complementados con acceso a formación y capacitación orientada a fortalecer las trayectorias laborales.
Otro componente relevante en este nuevo marco normativo es la articulación entre empleo y formación. En este sentido, amplía los instrumentos orientados a compatibilizar trabajo y estudio, priorizando el acceso a la formación profesional, la culminación de ciclos educativos y la certificación de competencias. De esta forma, no se limita al incentivo monetario a la contratación, sino que busca fortalecer las trayectorias laborales y formativas de las personas beneficiarias.
[1] En el capítulo Contexto Nacional se detallan los resultados de la 11ª Ronda de Consejos de Salarios.
[2] El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo establecía como colectivo destinatario a las personas mayores de 50 años. En el texto finalmente aprobado, este umbral se modificó e incluyó a las personas mayores de 45 años. Asimismo, se incorporó como colectivo destinatario a madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años.
