Ministerio del Interior presentó documento preliminar de “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, encabezó una conferencia de prensa para presentar el documento preliminar “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”. Acompañado por el Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, por el Director y Subdirector de la Policía Nacional y por el Dr. Diego Sanjurjo, Heber indicó en su oratoria que el documento es un gran esfuerzo de coordinación y síntesis de las propuestas presentadas por los partidos políticos y precisó que trata sobre el ataque a las causas del delito. “No tiene nada que ver con la prevención que hace el Ministerio del Interior en su tarea diaria”, aseguró.
En la presentación de este documento Sanjurjo explicó que se recibieron 79 propuestas de todos los partidos políticos, que abarcaban diferentes instituciones del Estado, siendo 24 las que incluían al Ministerio del Interior como actor principal.
Tras analizar cada una de estas medidas, se finalizó con un total de quince que están puestas a consideración para poder llegar a un consenso interpartidario, para luego poder analizarlas con académicos y la sociedad civil a los efectos de delinear las mejores estrategias.
Según indicó, las medidas se agrupan en cuatro bloques: Sistemas de información, Prevención social y comunitaria, Prevención policial y Prevención terciaria”.
En este sentido, Sanjurjo explicó que se estarían realizando encuestas anuales de victimización para saber si las personas han sufrido delitos y así conocer las denuncias realizadas y las “cifras negras”, es decir los delitos que no se denuncian. Esto es para complementar los informes anuales de delitos que realiza el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, lo que permitirá mejorar los procesos de publicación y transparencia de los datos; estos se podrán ver en forma abierta y pública en una página web que se podrá descargar por parte de la opinión pública.
En cuanto a la Prevención social y comunitaria, se interrelacionan diferentes organismos del Estado y se propone crear un Gabinete de Seguridad Integral para que se trabaje en forma coordinada a fin de implementar proyectos de seguridad local en distintos territorios.
A su vez, comenzar a crear espacios físicos (“Centros de Atención Integral”) con oficinas trabajando en zonas vulnerables, contando para ellos con funcionarios policiales, trabajadores sociales, personal de la salud y otros.
Además, Sanjurjo explicó que estas estrategias buscan hacerle frente a la violencia doméstica y de género en los barrios más vulnerables, así como el programa de prevención de homicidios que trata de capacitar a líderes barriales para que interrumpan estas dinámicas de violencia como forma de ajuste de cuenta en diferentes zonas.
El documento también contempla la parte sanitaria de los funcionarios policiales en lo referente a la salud mental y a la contención para ellos, donde se propone la creación de una Unidad de Salud Mental que estaría situada en el Hospital Policial, con el fortalecimiento del Área de Psicología Ocupacional y del Centro de Atención a las Víctimas del Delito (CAVID).
También hay propuestas para potenciar a la Policía Comunitaria Orientada a Problemas que trabaja con otros organismos del Estado.
Se propone capacitar a la Policía para trabajar con personas con diferentes problemas de salud mental a fin de poder tener una actuación profesional en este sentido, lo que se sumaría a la currícula de la Dirección Nacional de la Educación Policial a modo de seminario brindado por parte de técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Por otra parte, desde el Ministerio del Interior se propone trabajar en la prevención de ciberdelitos, capacitar al personal, dotar de elementos necesarios para la tarea y tecnificar a la Policía para combatir a los criminales u organizaciones criminales que operan bajo esta modalidad.
Otra de las medidas es la creación de un Ministerio de Justicia, lo que traería aparejada una reforma del sistema penitenciario de nuestro país, entre otros preceptos, al igual que la implementación de un programa a penados con uso problemático de drogas que atienda adicciones en el sistema, al tiempo que se propone un fortalecimiento de las penas alternativas para darle recursos humanos a la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida (DINASLA), recientemente creada, para dar un salto de calidad en esta materia.
“Estas medidas fueron enviadas a los partidos políticos con representación parlamentaria para su análisis y se prevé lograr un consenso que permita su implementación a partir del segundo semestre de este 2023”, finalizó Sanjurjo.