Programa integral de Seguridad Ciudadana II

El Programa Integral de Seguridad Ciudadana II (PISC-II) corresponde al préstamo UR-L1194, entre el Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que entró en vigencia en diciembre de 2023.

El objetivo general del PISC-II es incrementar la prevención de homicidios y violencia basada en género (VBG), mediante la atención por el Ministerio del Interior de poblaciones en riesgo delictivo como víctimas o victimarios. Los objetivos específicos de desarrollo de esta operación son aumentar la capacidad del Ministerio del Interior para interrumpir actos violentos vinculados al homicidio en territorios con alta prevalencia; mejorar la pertinencia de las actividades de prevención y detección de VBG; y mejorar la efectividad de los servicios de disminución del riesgo de reincidencia en el sistema de ejecución penal.

 

Para ello, el PISC-II se estructura en tres componentes:

  • Componente 1: “Fortalecimiento de las capacidades del MI de prevención de homicidios”

  • Componente 2: “Focalización de las intervenciones del MI para prevenir y detectar VBG”

  • Componente 3 Fortalecimiento del sistema de ejecución penal para reducir riesgo de reincidencia”.

 

El Componente 1Fortalecimiento de las capacidades del MI de prevención de homicidios” contribuirá a fortalecer las capacidades del MI para interrumpir actos violentos vinculados al homicidio en territorios con alta prevalencia, mediante el diseño e implementación de un programa piloto comunitario de prevención de la violencia, incluyendo: (i) el diseño integral de una metodología de mediación comunitaria de conflictos, implicando la valoración de necesidades en los barrios, la identificación del modelo de intervención adecuado, con base en evidencia, los protocolos de actuación, la capacitación a los implementadores, y el monitoreo y acompañamiento experto al piloto; (ii) la implementación piloto de la metodología, que podrá incluir la prestación de servicios de mediación de conflictos violentos, de derivación a programas sociales, y sensibilización comunitaria, por organizaciones de la sociedad civil con experiencia en poblaciones vulnerables y reconocimiento comunitario; y (iii) la evaluación de resultados y procesos.

El Componente 2 “Focalización de las intervenciones del MI para prevenir y detectar VBG” contribuirá a mejorar la pertinencia de las intervenciones del MI para prevenir y detectar la VBG, mediante el despliegue de intervenciones adaptadas al nivel de riesgo de la población, y el fortalecimiento normativo y metodológico para abordar el delito de trata de personas. Se financia: (i) la expansión de la intervención HM para promover actitudes favorecedoras de la igualdad y equidad de género, inclusión de las diversidades sexo-genéricas (personas LGBT+) en los participantes, la evaluación de su despliegue y una estrategia para su sostenibilidad36; (ii) el diseño y contraste empírico de una herramienta de valoración de riesgo de violencia íntima de pareja, con su protocolo de aplicación, incluyendo la generación de un módulo dedicado en el SGSP, capacitación a policías de las CEVDG y otro funcionariado que los aplique, así como sensibilización a operadores del sistema de justicia y funcionarios de instituciones involucradas en la respuesta a la problemática; y (iii) la actualización del marco reglamentario policial para la trata, su publicación y la respectiva capacitación al personal policial en la detección, identificación de víctimas e investigación de este delito.

Finalmente, el Componente 3 “Fortalecimiento del sistema de ejecución penal para reducir riesgo de reincidencia” contribuirá a mejorar la calidad de servicios del MI para la disminución del riesgo de reincidencia en el sistema de ejecución penal, mediante el fortalecimiento de metodologías de trabajo y de gestión, incluyendo la mejora de información de caracterización social y criminológica de la población atendida. Para ello, se financiará: (i) la realización de un censo penitenciario para actualizar el SGC con datos sociodemográficos, incluyendo el relevamiento de datos de ascendencia étnico racial, y condición o no de discapacidad; (ii) el contraste empírico de un instrumento de ERC para el medio cerrado y para el medio abierto, que se articule con los planes de intervención individuales de las personas en ejecución penal, la impartición de un programa de capacitación continua al funcionariado que la aplique, actividades de gestión de cambio y sensibilización para personal interno y operadores de justicia, que consideren aspectos de género, diversidad (afrodescendientes y LGBT+) y situación migratoria de la población sujeta a medidas de ejecución penal; (iii) acompañamiento experto para el diseño e implementación inicial de una metodología de abordaje de uso problemático de drogas (UPD) en personas privadas de libertad (PPL) próximas al egreso, basada en evidencia científica, que tome en consideración especificidades de poblaciones diversas, (incluyendo capacitaciones y sensibilización al personal involucrado del MI y otras instituciones involucradas) y una evaluación de resultados; (iv) el fortalecimiento institucional de DINASLA, incluyendo el diseño, protocolización de sus procedimientos funcionales, el despliegue de un programa de capacitación en metodologías de atención específicas para personas que cumplen MAPL; y (v) el desarrollo de los módulos del SGC para la digitalización del censo penitenciario, de las herramientas de ERC y los planes de intervención individuales.

 

Equipo

  • Supervisor: Diego Sanjurjo (Coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas)

  • Coordinador General: Juan Pablo Valli Quesada

  • Coordinador Componente 1: Diego Rivero

  • Responsable Financiero: Vanessa Ganon

  • Responsable de Adquisiciones: Pedro Sgaravatti

  • Responsable Administrativo: Carolina Díaz