3. Resultados de la encuesta aplicadas a las personas con discapacidad ingresadas
A fin de conocer cómo fueron los procesos de incorporación de personas con discapacidad se indagó en sus características sociodemográficas (sexo, nivel educativo), limitaciones, sus condiciones de trabajo y la valoración que realizan de su proceso de inserción laboral en la organización.
3.1 Perfil de las personas con discapacidad entrevistadas
Las personas entrevistadas fueron en su mayoría hombres (66%), guardando relación con el total de ingresos de sexo masculino (64%) del año.
Este mayor ingreso de hombres con discapacidad al Estado en forma sistemática es congruente con las mayores dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad a nivel mundial para el acceso al empleo, producido por barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo (OIT, 2020).
El 55% de las personas con discapacidad que ingresaron en 2018 tenía menos de 30 años, el 43% entre 30 y 45 años y un 2% 46 o más, con un promedio de edad de 30 años.
Esta distribución por rango de edad muestra una mayor presencia de personas menores de 30 entre las PCD ingresadas respecto al total de ingresos al Estado en los escalafones incluidos en la ley (19%), y menor en los grupos de más de 30 años (59% entre 30 y 45 y 22% de 46 y más).
El 69% de los entrevistados trabaja en Montevideo y el 31% restante en otros departamentos del país.
Según la información brindada por los propios entrevistados acerca de sus limitaciones, el 40% declara tener limitaciones en la movilidad, un 20% presenta limitaciones para oír y un 11,3% para ver, siendo éstos los grupos más numerosos. Ninguno de los otros grupos llega a representar el 10%.
De la información correspondiente al cumplimiento del Art. 49 de la Ley N°18.651 sobre ingresos de personas con discapacidad en el Estado[1], surge que esas mismas limitaciones fueron también las más representadas en el período entre el 2010 y el 2018.
Cuatro de cada seis personas con discapacidad que ingresaron a trabajar al Estado en 2018 han cursado alguna carrera técnica no universitaria o universitaria (culminada o no) y un 29% secundaria. Esto evidencia que los puestos de trabajo requeridos por la Administración exigen o valoran un nivel educativo mínimo al que las personas con discapacidad acceden escasamente. Según los datos del Censo 2011, el 54,5% de las personas con limitaciones permanentes de 25 años o más tiene primaria y el porcentaje con nivel terciario y universitario alcanza apenas un 13%.

La ubicación geográfica se manifiesta como una variable relevante en cuanto al acceso a la educación terciaria en general y no es ajena a las personas con discapacidad. Mientras el 78% de quienes ingresaron a un cargo público en Montevideo cuentan con un nivel educativo técnico o universitario, este porcentaje es solo del 36% en el interior.
No se observan diferencias significativas en cuanto al máximo nivel alcanzado por sexo, excepto para el nivel de educación primaria, siendo más las mujeres que los hombres que lo tienen como máximo nivel alcanzado.
El tipo de limitaciones que presentan las personas incide en el nivel educativo alcanzado: el 71,9% de las personas con limitaciones para la movilidad o el desplazamiento ingresadas ha alcanzado el nivel terciario de educación y el 28,1% tiene secundaria. Las personas con limitaciones para ver y para oír alcanzaron educación terciaria en un 66,7% y 68,8%, y educación secundaria en un 33,3 y 31,3% respectivamente. Respecto a las personas con limitaciones para aprender y aplicar conocimientos presentan una igual cantidad de personas que han alcanzado primaria y secundaria (3) y solamente una alcanzó nivel terciario. Entre quienes presentan limitaciones para el relacionamiento 83% han accedido a la educación terciaria.
Para el 18% de las personas con discapacidad ingresadas en 2018 esta es su primera experiencia laboral. Entre quienes contaban con experiencia laboral previa, declaran en promedio haber tenido 2,6 empleos anteriores. En cuanto al tipo de trabajo realizado se constata una gran variedad, desde aquellos que requieren de escasa cualificación profesional hasta profesorados y trabajos técnico-profesionales, con una duración desde meses (en trabajos temporales) hasta 5 años y más. Han tenido experiencia en el ámbito público 18 personas, 11 de las cuales ingresaron por Ley 18.651 y 1 por el programa Yo Estudio y Trabajo.
Esto remarca que la experiencia laboral está resultando ser un factor importante a la hora de acceder a un puesto de trabajo en el Estado. En este sentido queda de manifiesto la importancia de programas de primera experiencia laboral que promuevan e incentiven el acceso de las personas los jóvenes con discapacidad.
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[1] Informe sobre el ingreso de personas con discapacidad en el Estado. Año 2019, p.23.