5.3 Sostenibilidad de los agroecosistemas
El clima de Uruguay se caracteriza por su alta variabilidad climática intra- e interanual, que se ha visto potenciada por el efecto del cambio climático. Asimismo, el sector agropecuario es vulnerable a las condiciones meteorológicas y está expuesto a sus variaciones. Con el aumento de la temperatura media a escala global y la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos extremos (sequías, excesos hídricos, vientos fuertes), el riesgo climático es una amenaza relevante para la producción agropecuaria (MGAP y FAO, 2013).
A modo de ejemplo, el déficit hídrico registrado en 2022-2023 generó impactos directos sobre el sector agropecuario del orden de USD 1.741 millones,[1] lo que equivale a un 3% del PIB promedio de los últimos tres años. El Instituto Nacional de Meteorología (INUMET) concluyó que el déficit de lluvia entre 2020 y 2023 no tiene precedentes en los registros instrumentales del país, que se mantienen desde principios del siglo XX. Sin embargo, un estudio de proyecciones climáticas para la región indica un aumento de las precipitaciones, especialmente en verano, y de las temperaturas mínima y máxima. En particular, se espera un cambio mayor en las temperaturas extremas durante la temporada fría (Bentancur et al., 2019).
Los estudios indican que el cambio climático puede tener efectos diversos sobre los cultivos. Estas tendencias, aunque sujetas a un alto grado de incertidumbre, señalan la vulnerabilidad de la producción agrícola (Borges y Jones, 2019).
Se lista a continuación un conjunto de orientaciones de política que han surgido en este proceso de construcción colectiva.
5.3.1 Generación y divulgación de información y conocimiento científico sobre impactos ambientales de la producción agropecuaria
El camino hacia una mayor intensificación productiva con incorporación de la sostenibilidad ambiental es factible gracias al desarrollo institucional del país. Uruguay cuenta con un sistema de investigación e innovación agropecuaria que podría potenciar aún más el crecimiento de la productividad con sostenibilidad, si se logra una adecuada articulación entre las políticas en la materia y el sistema productivo.
Muchos actores han manifestado que es estratégico que el país refuerce las iniciativas de investigación científica y la difusión de los resultados sobre los impactos ambientales de las diversas actividades y tecnologías. Por otro lado, se debe generar información sobre las implicancias económicas y productivas de las regulaciones y los compromisos ambientales que adopta el Estado uruguayo. En otras palabras, se debe encontrar un sendero de equilibrio económico y ambiental, a través de las instituciones, para la tensión entre producción y ambiente, sobre bases científicas, mediante la promoción de sistemas que sean sostenibles al mismo tiempo que se incrementa la productividad.
Este conocimiento y su comunicación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, contribuirán con la adopción de prácticas y tecnologías sostenibles por parte de las empresas, ayudarán al posicionamiento internacional del país y propiciarán una mejora de la normativa ambiental.
5.3.2 Revisión y adecuación de la normativa para potenciar sinergias entre producción y conservación del ambiente con base en criterios técnicos establecidos
Para asegurar que la producción agropecuaria, pesquera y acuícola sea sostenible es necesario propiciar en el largo plazo la calidad de los ecosistemas de los cuales dependen. Las políticas de gestión de recursos hídricos y de incentivo de buenas prácticas agrícolas y pesqueras, así como para la conservación de suelos, y las estrategias de gestión y restauración de campo natural y bosques, y de la biodiversidad animal, vegetal y microbiana, apuntan a viabilizar un desarrollo agropecuario y pesquero que cuide la calidad de dichos ecosistemas.
A partir de las entrevistas y talleres se identificó la necesidad de que los criterios y la normativa ambiental sean claros, consistentes con las definiciones y acuerdos que se suscriben en espacios multilaterales que el país integra y previsibles, y que las exigencias sean comunes a los diversos rubros de producción (con base en las características de los ecosistemas y evitando sesgos hacia rubros productivos). Para lograr esto se requiere una coordinación de alto nivel entre los ministerios y conocimiento sobre los impactos ambientales con base en la investigación nacional.
5.3.3 Generación de insumos para promover la producción diferenciada con valor agregado ambiental
Uruguay ha asumido compromisos y desarrollado políticas para disminuir su aporte al calentamiento global, la contaminación del aire y el agua, y proteger la biodiversidad. Nuestro país puede diferenciarse, valorizar sus productos por su desempeño ambiental y soslayar barreras comerciales que ya se visualizan en algunas regiones. Para ello, se debe fomentar la generación y divulgación de información, indicadores y conocimiento científico para dar cuenta de la forma en que se llevan adelante los procesos productivos agropecuarios, de manera tal que se respalde la reputación de Uruguay como productor de alimentos sostenibles con consideración de aspectos económicos, ambientales y sociales.
A escala mundial existen fondos de cooperación internacional con objetivos ambientales que pueden catalizar acciones que garanticen la sostenibilidad de los sistemas de producción y su monitoreo, reporte y verificación. El país ya cuenta con una cartera de proyectos sobre sostenibilidad en la producción y el MGAP integra, además, diversas iniciativas que buscan mejorar el financiamiento para el sector agropecuario, fundamentalmente en cuanto a adaptación al cambio climático.
Asimismo, en el mercado financiero internacional cobran importancia los instrumentos que incorporan componentes climáticos, lo que genera oportunidades de financiamiento en mejores condiciones y se contribuye por esta vía a la sostenibilidad de los sistemas productivos. En este marco, Uruguay ha establecido la prioridad de alinear su estrategia de financiamiento con la consecución de los objetivos climáticos y ambientales.
Uruguay emitió su primer bono indexado a indicadores de cambio climático, que vincula el costo de capital al logro de metas climáticas y de conservación del capital natural sobre dos indicadores: reducción en el agregado de emisiones brutas de GEI por unidad de PIB y mantenimiento del área de bosque nativo (Alegrette et al., 2023).
Por otro lado, el Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo para políticas de desarrollo con la misma lógica, donde los pagos de intereses están relacionados con el logro de objetivos en la intensidad de emisiones de metano de la ganadería de carne vacuna por unidad de producto. En este caso, se creará un fondo nacional en donde se volcarán los ahorros generados por el cumplimiento de los objetivos para implementar acciones que permitan alcanzar los compromisos asumidos. La primera acción cuyo financiamiento ya está comprometido es un programa, liderado conjuntamente por el MGAP, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas, y con el apoyo e involucramiento de la institucionalidad agropecuaria y otros actores del sector, para la adopción de tecnologías orientadas al desarrollo sostenible de la ganadería.
5.3.4 Fomento del desarrollo de trayectorias productivas sostenibles
Las políticas públicas pueden contribuir a generar las condiciones para que se desarrollen trayectorias productivas sostenibles en el país. Tres ejemplos no taxativos son la intensificación sostenible, las transiciones agroecológicas y los paradigmas de la economía circular y la bioeconomía sostenible.
Uruguay declaró de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, y definió como principales unidades destinatarias de la política a los productores familiares agropecuarios, así como a los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana. Iniciativas como la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología (CHPNA) y la elaboración del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (CHPNA, 2021) contribuyen a promover transiciones productivas con bases agroecológicas, es decir, la transformación hacia sistemas que incorporen la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño, el desarrollo y la gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles, integrando y aplicando el conocimiento tradicional y las prácticas culturales de los agricultores y las agricultoras para diseñar y manejar agroecosistemas productivos, diversificados y resilientes con el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia social
Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible, en el marco de la cual actualmente se está elaborando el Plan de Acción 2024-2026 para su consideración por parte de los diferentes actores involucrados, contribuye a la promoción de procesos de diversificación de la producción agropecuaria nacional, tanto de bioinsumos como de bioproductos, con relevante oportunidad de exportación y disminución del impacto ambiental mediante distintas vías, como la disminución del uso de combustibles fósiles, el aprovechamiento de residuos y subproductos de la producción de biomasa, la mejora de la calidad de los suelos, la disminución de la contaminación por residuos de fitosanitarios y zoosanitarios de síntesis química artificial, entre otros aspectos.
Por otro lado, se declaró de interés nacional el uso de los bioinsumos en la actividad animal, vegetal y fúngica, fomentando su producción, desarrollo, innovación y registro, con el objetivo de promover la incorporación de estas herramientas para que contribuyan al desarrollo sostenible. Asimismo, se encomendó al MGAP la formulación de un plan de acción que se encuentra en proceso de elaboración.[2]
Finalmente, el diseño de incentivos adecuados, que además contemple la heterogeneidad de los rubros y unidades productivas, acompañado de sistemas públicos de control, monitoreo y reporte del uso de los recursos naturales, como las Cuentas Ambientales Económicas (Román y Visentin, 2021; FAO y UNSD, 2020), contribuirán con la sostenibilidad de los agroecosistemas y con la legitimación social de las acciones que afectan a los recursos naturales.
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Pie de página
[1] Estimación a abril de 2024. La cifra es preliminar, dado que al momento de la redacción de este documento no se cuenta con información definitiva sobre la pérdida de producción por terneros no nacidos como consecuencia del evento.
[2] Artículo 237 de la Ley n.o 20.212 (Uruguay, Poder Legislativo, 2023).