Ministerio del Interior

Accionar del Ministerio del Interior permite aclarar dos casos de amenazas en centros educativos

Investigaciones policiales lograron identificar a los adolescentes responsables por amenazas de bomba y tiroteos en Colón —Montevideo— y en Minas. El adolescente de 15 años, responsable de las amenazas realizadas en el centro UTU de Colón fue condenado a seis meses de libertad asistida, mientras que para el adolescente de 14 años del caso de UTU de Minas se dispuso la intervención de INAU.

Efectivos policiales recibieron una llamada al servicio de emergencia 9-1-1, en la que se manifestaba haber puesto una bomba en el baño de la UTU de Colón.  

La investigación llevada adelante por la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), a través del Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal, permitió identificar y llevar ante la Justicia al responsable de una amenaza de bomba contra la UTU. 

Enterada la Justicia, el menor de 15 años fue condenado como el autor penalmente responsable de una infracción grave de violencia privada, imponiéndole una medida socio educativa de libertad asistida por el término de 6 meses. 

Policía de Lavalleja esclarece denuncia de amenaza en UTU de Minas

En la misma línea de la investigación llevada adelante por la DGIIP, efectivos policiales de la Seccional 1.ª de la Jefatura de Lavalleja lograron identificar al adolescente responsable de escribir las amenazas de bomba y tiroteo en el baño de hombres del local de UTU.

Tras la denuncia se activó el protocolo y en el lugar trabajó Bomberos y Policía Científica. Además, intervinieron la Fiscal de 1.° Turno y la Jueza de Familia, quienes dispusieron darle intervención al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para abordar la situación del adolescente de 14 años.

La Policía ha dispuesto las medidas de prevención necesarias para estas situaciones mediante el trabajo coordinado de la Dirección Nacional de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas.

El Ministerio del Interior recuerda que las amenazas de bomba y violencia, como otras conductas similares, resultan sancionables, ya que atentan con la seguridad privada de las personas, además de perturbar el funcionamiento de los centros de enseñanza, y generar alarma pública.