Un hombre fue enviado a prisión en San Carlos, por varios delitos relacionados a violencia doméstica
El día 8 de diciembre, una mujer mayor de edad se presentó en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género (CEVDG) de San Carlos, donde radicó denuncia contra su ex pareja, poseedor de antecedentes penales, quien se había presentado junto a ella, intentando persuadirla para que no realizara la misma.
En el lugar se procedió a la detención del individuo y a dar cuenta a la Justicia, quien dispuso que ambos fueran conectados al sistema de monitoreo electrónico, así como la adopción de otras medidas, como la prohibición de acercamiento y de comunicación con la mujer.
El día 22 de diciembre se tomó conocimiento de que el ofensor había roto su tobillera electrónica y había confrontado a la víctima en la vía pública, intentando agredirla. Asimismo, se registraron varios incumplimientos por parte del mismo, al ingresar reiteradamente a la zona de exclusión de la mujer, retirándose a los pocos minutos.
Enterada la justicia, dispuso una serie de medidas para preservar la integridad de la víctima, entre ella solicitó la detención del agresor.
El día 23 de diciembre, en horas de la madrugada, personal de Investigaciones de la Zona Operacional III identificó al hombre en calle Fajardo, de la ciudad de San Carlos, logrando su detención y posterior traslado a la Seccional Segunda.
En la tarde de ese mismo día, el hombre compareció ante la fiscal Especializada en Violencia Doméstica, Género y Sexual, para posteriormente ser llevado a la audiencia que se celebró en la sede del juzgado letrado de 1.° turno de San Carlos, Especializado en Violencia Doméstica, Género y Sexual, donde se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de retiro o destrucción de dispositivo electrónico, un delito de violencia doméstica agravada, todo ellos en régimen de reiteración real, con un delito de desacato agravado por incumplimiento de medida cautelares, a la pena de diez (10) meses de prisión.
Asimismo, se lo condena al pago de 20 Unidades Reajustables, imponiéndosele además la reparación patrimonial a la víctima, por un monto equivalente a doce ingresos mensuales o en su defecto doce salarios mínimos.