Ministerio del Interior

Participaron la Subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde; la Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche; el Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Miguel Porrúa; el Director de Factum, Magíster en Sociología Eduardo Bottinelli; y la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Carmen Midaglia.

El relevamiento permitió profundizar la comprensión de las características y experiencias de las personas privadas de libertad, así como los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario. Asimismo, da continuidad al esfuerzo iniciado por el Ministerio del Interior en 2010, con la realización del primer relevamiento censal de esta población.

Dicho estudio se realizó en el marco de un contrato entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, a través de la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales, con financiación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana II del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El trabajo de campo se desarrolló entre febrero y diciembre de 2025. La base final de análisis quedó conformada por 13.182 casos válidos, lo que representa una cobertura aproximada del 80% de la población privada de libertad.

Asimismo, el análisis incorpora la perspectiva de género y considera la heterogeneidad territorial del sistema penitenciario, contribuyendo a identificar tanto tendencias generales como diferencias entre grupos y contextos.

Resultados que invitan a mirar el ciclo de vida

La Subsecretraria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, comentó que los resultados invitan a mirar el ciclo de vida, las condiciones de la gestación y la primera infancia, las experiencias de la adolescencia, los recorridos educativos y laborales así como también los vínculos familiares y la vida durante la reclusión y las condiciones para su egreso.

Asimismo destacó que “la responsabilidad del Estado es administrar la privación de libertad, pero también implica prevenir las trayectorias que conducen al delito, garantizar derechos durante la reclusión y generar condiciones reales para la reinserción”.

“Que estos datos orienten a decisiones concretas y sostenidas, porque conocer es el primer paso, pero transformar esta realidad es un deber ineludible de todas y todos y una responsabilidad de toda la sociedad”, sostuvo Valverde.

Evidencia para la toma de decisiones

La Directora del INR, Ana Juanche, sostuvo que la presentación del censo en el día de hoy es un ejemplo muy elocuente de que por fin el país comienza a trabajar con la ruta o en el sentido de una política de Estado para la ejecución penal.

Comentó sobre la transparencia que a su vez se relaciona con el derecho al acceso de la información pública para que este permita rendir cuenta respecto del gasto público.

Expresó que “el aspecto especialmente relevante de tener evidencia para la toma de decisiones, el Estado comprende que ese es un problema complejo, heterogéneo, dinámico y que necesitamos, para tomar las decisiones y para elaborar las respuestas, información consistente, información trazable, información confiable para diseñar, priorizar estas respuestas, y también para monitorearlas”.

Además, mencionó la apertura de varias unidades penitenciarias, como la n.° 28, la primera especializada en personas encarceladas por primera vez. También resaltó el “ingreso histórico” de funcionarios penitenciarios y la ampliación de las plazas educativas mediante nuevos programas. Entre ellos, citó el plan de finalización del ciclo básico, Rumbo, y la capacitación de 8.000 personas a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

La jerarca también aludió al lanzamiento de la marca penitenciaria Ciclo y la nueva Ley de Empleo Integral, n.° 20.506, del 26 de junio de 2026, que permitirá incluir en los programas de empleo protegido a personas liberadas del sistema penitenciario.

Finalmente, Juanche se refirió a la creación de la Dirección de Género y Diversidad y el diseño de una estrategia nacional para mujeres a fin de asegurar condiciones de equidad para la población LGBTQ+ privada de libertad.

Conocimiento, diagnósticos y propuestas

Miguel Porrúa, Representante del Grupo BID en Uruguay, destacó la importancia de haber identificado a todas esas personas privadas de libertad con el fin de poder planificar. Agradeció la relación continuada que tiene el BID con esta agenda.

Asimismo agregó: “Van a estar siempre contando con nuestro apoyo, para gestionar un tema fundamental en la política de este país. Y vamos a aportar lo que desde el Banco nos gusta aportar y es un ejemplo el censo de hoy”.

“No solamente financiación, porque somos un banco y tenemos la responsabilidad de aportar financiación blanda en condiciones asequibles, pero también conocimiento, diagnósticos, propuestas, acceso a experiencias reconocidas internacionalmente”, señaló.

Analizar los resultados

La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Carmen Midaglia, señaló que el censo aporta conocimiento para establecer medidas y políticas de reinserción.

Asimismo, destacó que tiene un sentido político institucional y que posibilita identificar claramente cuál es el rol que cumple el sistema penitenciario en relación con la población privada de libertad.
“Tenemos que conocer a la población que está en esta situación. Tengo la convicción que este censo no es un trámite técnico, es una decisión política de hacer mejor política pública, es decir, la decisión de gobernar con información. Y de esta manera, este estudio se convierte en un componente de inversión a la seguridad ciudadana”, sostuvo Midaglia.

Datos para el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas públicas

El Magíster en Sociología Eduardo Bottinelli destacó el rol del Ministerio del Interior, ya que el proceso comenzó en la gestión pasada, un aspecto que, señaló, habla muy bien del país frente al cambio de gobierno. En ese sentido, señaló que se siguió en un proceso un tanto dificultoso para que el censo saliera adelante.

Agradeció a las autoridades, los equipos de dirección y el personal policial y penitenciario, quienes hicieron sus mejores esfuerzos para que se pudiera llevar adelante.

“Nos ayudaron a hacer un trabajo de campo, trabajo de relevamiento que es complejo porque la población es compleja, porque las situaciones contextuales son complejas, porque las realidades individuales de las personas son complejas y lleva todo un esfuerzo”, expresó.

Los resultados permiten reconocer avances en materia de ejercicio de derechos, al tiempo que ponen de manifiesto desafíos persistentes. La información generada constituye un insumo relevante para el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas públicas, tanto en el ámbito penitenciario como en las distintas etapas de la prevención del delito.

En particular, contribuye a fundamentar la necesidad de desarrollar una política penitenciaria integral, basada en evidencia y sostenida en la articulación entre instituciones.