Ministerio del Interior

Investigación de Asuntos Internos permitió desarticular presunta red vinculada a reclamos por siniestros de tránsito

Diez personas fueron condenadas y dos formalizadas tras una investigación coordinada entre la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y la Fiscalía Departamental de Toledo. Entre los involucrados hay policías, abogados y gestores. La maniobra investigada habría alcanzado aproximadamente un millón de dólares.
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Una investigación llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos y otras unidades policiales permitió avanzar en el esclarecimiento de una presunta maniobra delictiva vinculada a reclamaciones derivadas de siniestros de tránsito.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Toledo, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado, y permitió identificar a personas que cumplían distintos roles dentro de una estructura integrada por policías, abogados y gestores.

En total fueron detenidas 13 personas: cinco policías, cuatro abogados y cuatro gestores.

De acuerdo con la investigación, la maniobra consistía en captar a personas damnificadas en siniestros de tránsito que debían realizar reclamaciones correspondientes al Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). A partir de esa captación intervenían distintos integrantes de la estructura investigada.

Según las estimaciones incorporadas a la investigación, el volumen económico de la maniobra rondaría el millón de dólares.

Diez personas fueron condenadas

Luego de finalizada la audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Crimen Organizado de Segundo Turno, 10 de los detenidos fueron condenados.

Las condenas se establecieron por distintos delitos y de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada involucrado como autores y coautores. Entre las figuras penales comprendidas se encuentran asociación para delinquir especialmente agravada, reiterados delitos de cohecho calificado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada.

Las penas impuestas oscilaron entre dos años, y tres años y tres meses de penitenciaría, además del pago de multas de hasta 200 Unidades Reajustables, según cada caso.

En uno de los casos también se dispuso la inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos durante el período de la condena.

Medidas cautelares para otros involucrados

Otras dos personas fueron imputadas, una de ellas quedó sujeta a prisión preventiva por 180 días, mientras que la otra deberá cumplir prisión domiciliaria, mientras la investigación continúa.