Ministerio del Interior

La reunión fue presidida por la Fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación (s), Dra. Mónica Ferrero, y contó con la participación de la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Lic. Manuela Reguera; la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Lic. Jimena Fernández; la defensora pública Dra. Gabriela Parada; la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, María Luisa Martínez; la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo; así como autoridades de los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación y Cultura, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar).

El Gabinete Coordinador de Políticas Destinadas a las Víctimas y Testigos del Delito es un órgano interinstitucional que tiene como cometido diseñar, articular y evaluar políticas de protección, atención y seguimiento para las personas afectadas por hechos delictivos.

Creado mediante el Decreto N.º 46/018, funciona como un espacio de coordinación entre distintos organismos del Estado para brindar una asistencia integral a víctimas y testigos. Este ámbito de trabajo se reunió de forma periódica desde 2018, registrando una interrupción en 2023.

La Fiscalía General de la Nación ejerce la coordinación general del Gabinete, articulando acciones con los ministerios del Interior, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública y de Educación y Cultura, así como con el Banco de Previsión Social (BPS) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Durante la instancia, la Subsecretaria Valverde destacó la reactivación de este espacio interinstitucional liderado por la Fiscalía General de la Nación, orientado a fortalecer la protección, el acompañamiento y el acceso a derechos de las personas afectadas por el delito.

Asimismo, señaló que durante la reunión se presentó una hoja de ruta de trabajo destinada a mejorar la coordinación entre los organismos participantes e identificar aquellos aspectos que requieren una mayor articulación institucional para optimizar la respuesta a víctimas y testigos.

La jerarca explicó que el análisis realizado permitió detectar desafíos en materia de coordinación interinstitucional, por lo que se avanzará en el fortalecimiento de protocolos, normativa y mecanismos de atención integral.

También destacó la importancia de promover un abordaje que contemple no solo el proceso judicial, sino además el acceso a servicios de salud, vivienda, asistencia económica y protección social para las víctimas y sus familias.

En ese sentido, subrayó la necesidad de adecuar las respuestas institucionales a los cambios registrados en las dinámicas delictivas, fortaleciendo especialmente las acciones vinculadas a la trata de personas, la explotación laboral y la atención de víctimas de homicidios y de violencia basada en género.