Ministerio del Interior

El Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, abordó los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y cuestionó el enfoque punitivo de las últimas décadas, convocando a un diálogo nacional para construir un Plan Nacional de Seguridad.

“La Policía Nacional tiene un compromiso cotidiano con la seguridad”, pero criticó el camino que se ha seguido en materia penal desde hace 30 años, donde se han creado más delitos, se han aumentado penas, se ha cambiado el nombre a figuras penales y se ha apostado a la cárcel como la única solución. “Eso es lo que yo llamo pensamiento mágico. Tenemos que asumir que nos equivocamos y buscar caminos alternativos. Y eso es lo que propone esta gestión”, sostuvo.

En ese marco, Emiliano Rojido señaló que estas políticas muestran un crecimiento generalizado de la criminalidad, con especial preocupación por el aumento sostenido de delitos violentos y nuevas modalidades como estafas electrónicas y delitos informáticos, muchas veces vinculadas al crimen organizado. “Tenemos un sistema penitenciario colapsado, una de las tasas prisionización más altas del mundo, y altas tasas de impunidad y reincidencia”, advirtió.

Homicidios

Durante su intervención, el Ministro habló de una de las prioridades: la reducción de los homicidios. Fue claro al expresar: “Tenemos que aplicar soluciones de prevención, de disuasión y de represión que sean aplicadas a cada uno de esos tipos de homicidio. No es lo mismo un femicidio que un homicidio cometido por una cuestión relativa al tráfico de drogas”.

Para ello, manifestó Rojido, se está dando continuidad al programa “Barrios Sin Violencia”, basado en el modelo internacional Cure Violence, y se trabaja con el programa “Más Barrio”, en territorios vulnerables.

Además, se impulsa una represión focalizada contra individuos y grupos más violentos, así como una mejora en los servicios de atención a víctimas de la violencia armada, incluyendo asistencia médica y protección de testigos.

La mejora de la investigación criminal también fue destacada como esencial para combatir la impunidad, especialmente en los delitos más graves.

Armas

También se refirió con preocupación al crecimiento del número de armas ilegales en la sociedad: “Se estima que hay más de un millón de armas en manos civiles, muchas en forma ilegal. Y una vez que están en circulación, erradicarlas es extremadamente difícil”.

Según detalló Rojido, se está avanzando en un plan de control de armas que incluye la revisión y mejora de registros administrativos, la restricciones al porte de armas en espacios públicos, campañas de entrega voluntaria de armas y una propuesta de reforma legislativa para endurecer los requisitos de acceso.

Cárceles

También se abordó la situación del sistema penitenciario. “Tenemos un tema, un sistema penitenciario absolutamente desbordado”. Y de las personas en situación de calle, “casi el 50% de la gente que está en calle ha pasado por el sistema carcelario, y su forma de tramitar los conflictos y la convivencia es propia de la gente que estuvo privada de libertad”.

El Ministro subrayó que se realizará una reforma del sistema penitenciario profunda y a largo plazo, para lo que se seguirán los lineamientos propuestos en el “Libro blanco”. “Tenemos un plan que se lo presentaremos el jueves —27 de junio— a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento”.

Rojido apuntó a la falta de conocimiento del perfil de los ofensores: “Sabemos muy poco de las personas privadas de libertad. Necesitamos datos, evidencia y estudios serios para intervenir sobre historias de vida, muchas veces, atravesadas por traumas y exclusión”.

Asimismo, criticó el enfoque tradicional de más penas y más policía. “Hemos recurrido a fórmulas efectistas: más penas, más policías, más cárceles. Pero eso no ha resuelto nada. Nos falta profesionalización y una comunidad académica que investigue profundamente este fenómeno”.

La reforma que ya se está llevando adelante prevé mejorar los procesos de clasificación y diagnóstico de las personas privadas de libertad, fortalecimiento de las estrategias de reinserción social, planes intensivos de inspección y requisas en cárceles, y revisión del diseño institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación y de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas.

Hacia un nuevo Plan Nacional de Seguridad

El punto central de la exposición fue el anuncio de la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Pública, que estará basado en evidencia científica y diseñado por un equipo técnico de alto nivel. Este plan se construirá a través del diálogo con todos los actores: gobierno, partidos políticos, academia, sociedad civil y organizaciones sociales.

En ese sentido, cuestionó la idea de que la seguridad sea una competencia exclusiva del Ministerio del Interior: “Eso es injusto y reduccionista. La seguridad es una función constitutiva del Estado y debe ser abordada desde múltiples agencias y con la participación de toda la sociedad”.

Entre las herramientas clave mencionó la reactivación del Observatorio de Criminalidad y la implementación de encuestas de victimización, que permitirán conocer la realidad más allá de las cifras oficiales. “Sabemos que menos del 30% de los delitos se denuncian. Necesitamos información confiable y validada para tomar decisiones eficaces”.

Uso de tecnología como cámaras, tobilleras y drones, la expansión de la Policía Comunitaria Orientada a Solución de Problemas (PCOP), y la revisión y potenciación del programa PADO.

En la disertación estuvieron acompañados por el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, el Jefe de Policía de Canelones, Comisario General (R) Fabio Quevedo, la Intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, Fiscales, referentes del ámbito empresarial, autoridades locales y sociedad civil.