Nuevas condenas y formalización tras investigación por delitos vinculados a reclamos por siniestros de tránsito
Se trata de efectivos que prestaban funciones en las Jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones.
Mediante un proceso abreviado, ocho de los detenidos fueron con condenados y siete de ellos deberán cumplir 16 meses de prisión, dos años de inhabilitación y el pago de 50 UR de multa, por ser los autores penalmente responsables por delitos asociación para delinquir especialmente agravada, reiterados delitos de cohecho calificado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada.
Para otras dos personas condenadas, se dispuso la pena de 14 meses de prisión, además de inhabilitación de ejercicio también por dos años y el pago de multa de 50 UR, por un delito de asociación para delinquir, especialmente agravado en concurrencia real fuera de la reiteración real con delito de cohecho calificado, especialmente agravado en concurrencia formal con reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada.
Mientras que, la octava condenada, deberá cumplir dos años de penitenciaría, inhabilitación de ejercicio también por dos años y el pago de multa de 50 UR, por las mismas figuras penales anteriormente mencionadas en reiteración real con un delito de falsificación de documento público.
Otro de los detenidos fue formalizado con arresto domiciliario por 180 días, bajo vigilancia de dispositivo de monitoreo electrónico y la prohibición de comunicación con terceros.
Anteriores condenas y formalizaciones
De acuerdo con la investigación, la maniobra consistía en captar a personas damnificadas en siniestros de tránsito que debían realizar reclamaciones correspondientes al Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). A partir de esa captación intervenían distintos integrantes de la estructura investigada.
La investigación es llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos, con apoyo de otras unidades policiales, y ya permitió que diez personas fueran condenadas y otras dos fueran formalizadas, como resultado del trabajo coordinado entre la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, la Fiscalía de Toledo, y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.
Dichas condenas se establecieron por distintos delitos y de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada involucrado como autores y coautores. Entre las figuras penales comprendidas se encuentran asociación para delinquir especialmente agravada, reiterados delitos de cohecho calificado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada.
Las penas impuestas oscilaron entre dos años, y tres años y tres meses de penitenciaría, además del pago de multas de hasta 200 Unidades Reajustables, según cada caso.
En uno de los casos también se dispuso la inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos durante el período de la condena.
Según el trabajo llevado adelante por los investigadores unas 60 personas están involucrados en la maniobra, entre las que se incluyen funcionarios públicos, abogados y gestores.