Ministerio del Interior

La investigación permitió establecer que un grupo de personas ingresaba vehículos desde Brasil a Uruguay para posteriormente clonar, modificar sus características identificatorias y comercializarlos.

En la ciudad de Rivera se realizaron cuatro allanamientos, bajo la órbita de la Fiscalía Semiespecializada de 3.º Turno, con órdenes de detención para siete personas. Entre ellas se encuentra una funcionaria policial, pareja de uno de los principales integrantes del grupo delictivo. En su vivienda fueron incautados dos vehículos requeridos por hurto.

Durante los procedimientos en Rivera también se incautaron vehículos denunciados como hurtados en Brasil, así como otros que presentaban documentación modificada o signos de identificación adulterados.

Por otra parte, se realizó un allanamiento en la ciudad de Melo, con apoyo de la Dirección de Investigaciones de Cerro Largo, que permitió detener a un hombre mayor de edad. Asimismo, en Montevideo se efectuó otro procedimiento con apoyo de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, donde fue detenido otro funcionario policial.

En total, se incautaron siete vehículos, seis teléfonos celulares, 194.000 pesos uruguayos y 3.440 reales.

Finalizada audiencia en el Juzgado Letrado de 1° turno de Rivera, se dispuso la condena de C.A.F.M por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de receptación agravados por tener objetos vehículos automotores, en regimen de reiteración real, en calidad de autor, a cumplir la pena de 20 meses de prisión.

También se dispuso la condena de W.A.B.F como autor penalmente responsable de un delito de receptación agravado por tener objetos vehículos automotor a cumplir la pena de 6 meses de prisión. 

S.R.F fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir y un delito de recptación agravado por tener obejtos vehículo automotor, en régimen de reiteración real, a cumplir la pena de 15 meses de prisión.

Por otro lado, se dispuso la condena de dos hombres, uno de ellos funcionario policial por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso de funciones en calidad de autor, disponiendo prisión domiciliaria por término de 180 días, mientras que para el otro hombre también se dispuso su formalización por el término de 180 días de prisión domiciliaria por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir y un delito de receptación agravados en régimen de reiteración real.

Los vehículos y el dinero incautado fueron confiscados y puestos a disposición de rentas generales.