Ministerio del Interior

La comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores estuvo encabezada por el Ministro del Interior, Carlos Negro, acompañado por la Subsecretaria Gabriela Valverde; el Director General de Secretaría, Gerardo Siri; el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya; el Subdirector General de Secretaría, Ruben Amato; el Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General (R) Julio Sena; y el Director Nacional de la Educación Policial, Comisario General Henry De León, junto a asesores del Ministerio del Interior.

La gestión se encuentra orientada por el Plan Nacional de Seguridad Pública, basado en evidencia, con foco en el combate al crimen organizado, coordinación institucional, inversión en tecnología, prevención del delito, presencia territorial y cercanía con la ciudadanía, reducción de delitos violentos, profesionalización, modernización y formación policial, y reforma penitenciaria.

Control de armas, municiones y combate contra el narcotráfico

Durante el 2026 se incautaron 450% más municiones que en 2025 y en el semestre se incautaron un 15% más de armas.

Entre las armas incautadas en homicidios en el 2024, el 21% estaban con sus signos de ID y de ese 21%, el 83% estaban debidamente registradas originalmente. Por ello, en rendición de cuentas se propone mejoras en el control fronterizo y logístico, acceso directo al Registro del SMA del Ministerio de Defensa y entrega de muestras de cartuchería importada a la Policía Científica.

Además, propone el aumento de la penas en lo que refiere al porte de armas en lugar público y el porte/tenencia de armas con numeración adulteradas, el tráfico internacional, el tráfico interno y fabricación ilegal, además tipificar como falta el no denunciar el extravío o hurto de un arma.

Enfoque transversal en salud mental

Con el foco puesto en la salud laboral y psicosocial del policía, se creó la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial que incorpora un enfoque transversal en salud mental, fortaleciendo competencias como gestión emocional, afrontamiento del estrés y bienestar psicológico, al Ministerio del Interior.

Para ello se puso en funcionamiento la comisión de seguimiento con los sindicatos mediante reuniones mensuales y de las comisiones de trabajo, vivienda, salud mental, salud laboral con participación de los sindicatos y otros actores claves.

Se logró un convenio histórico con sindicatos y un convenio con el Banco República, que brinda un alivio financiero a los policías con ajustes de salarios diferenciales para quienes cobran partidas prevento represivas y quienes no. Se asignaron 200 millones de la ley de presupuesto para el acuerdo.

Una policía profesionalizada

La reforma integral de la educación policial incluye la creación de la Escuela Educación Continua y Seguimiento de la Salud Policial y modificaciones en la currícula policial como la extensión del período de formación. El nuevo plan de estudios prevé una formación de 9 meses, mientras que en 2025 la misma era de 3 meses y medio, y luego 6 meses.

En todo el quinquenio del período pasado ingresaron 700,  a partir de 15 de octubre se incorporarán 1.200 agentes ejecutivos y habrán 1.500 ejecutivos para 2029.

Además, se prevé la creación de nuevos cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre ellos 500 policías ejecutivos —283 agentes ya se encuentran en formación— y 500 operadores penitenciarios, de los cuales 95 están en formación.

Más patrullaje y presencia del Estado en zonas vulnerables

Entre las principales incorporaciones previstas se encuentra la adquisición de más de 100 patrulleros y 220 motocicletas, en el marco de una estrategia orientada a incrementar la movilidad policial y fortalecer la capacidad de patrullaje en todo el territorio nacional.

En este marco, se destacan los programas Más Barrio y Pelota al Medio a la Esperanza, este alcanzó a más de 6.000 niños, niñas y adolescentes, y cuenta actualmente con alcance nacional.

También se desarrollaron operativos vinculados a personas en situación de calle. Durante el año, más de 4.000 personas fueron trasladadas a refugios, en el marco de las acciones previstas y de la aplicación de la Ley de Faltas.

Por otra parte, mediante el operativo Ñandubay se incautaron más de 15.000 motocicletas, mientras que se procesaron más de 113.000 kilos de chatarra, como parte de las acciones destinadas a intervenir sobre circuitos y recursos vinculados a actividades delictivas.

Una Policía más presente, preparada y cercana

Desde la operativa territorial se dispuso incrementar la presencia del Estado en zonas críticas y reformular el patrullaje a partir del uso de la inteligencia policial, con la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) como estrategia de policiamiento y la potenciación de las comisarías como unidades territoriales de referencia.

Como parte de este proceso, se prevé la creación de la Dirección Nacional de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) para operaciones en situaciones de riesgo crítico, fortaleciendo las capacidades de respuesta ante este tipo de situaciones.

El objetivo es pasar de un modelo centrado en la reacción a uno basado en la anticipación, con una Policía más presente, planificada y orientada por la información y la inteligencia.

Combate al narcotráfico y al crimen organizado

Desde 2025 se trabaja en una estrategia integral para reducir la violencia asociada a los mercados de drogas, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación para desarticular las redes de tráfico y sus estructuras de abastecimiento, y aumentar los controles en fronteras, puertos y cadenas logísticas, profundizando, además, la cooperación regional.

Durante 2025 se realizaron más de 2.000 allanamientos en todo el país, que permitieron desarticular más de 900 bocas de venta de drogas e incautar más de 9 toneladas de sustancias.

Asimismo, se concretaron más de 200 operaciones contra el crimen organizado y más de 2.700 personas fueron condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos. Entre las actuaciones se destacan la detención e imputación de referentes como Fernández Albin, Luis Alberto Suárez, Rodrigo Lescano, “Kane” Pérez, Kevin Morotto y Axel Mattos, señalado como líder de “Los Colo”.

La estrategia también apunta a reducir el reclutamiento y las trayectorias de riesgo de adolescentes y jóvenes que viven en territorios críticos, mediante programas de prevención y cercanía como Más Barrio y Pelota al Medio a la Esperanza.

En paralelo, el combate al crimen organizado se fortaleció mediante el seguimiento y afectación de su patrimonio, alcanzando embargos de bienes muebles e inmuebles por más de 250 millones de dólares.

Cibercrimen y tecnología

En materia de cibercrimen y tecnología, durante 2025 se avanzó en la inversión, el equipamiento y la modernización de las herramientas policiales, con el objetivo de fortalecer la prevención, la investigación y la capacidad de respuesta. Entre las incorporaciones se destacan 9.500 chalecos antibalas y anticorte, equipamiento para Policía Científica, drones y tótems 911.

También se amplió la infraestructura tecnológica de seguridad, avanzando hacia 20.000 cámaras de videovigilancia en todo el país, junto con la implementación de inteligencia artificial aplicada al monitoreo y la respuesta del servicio 911, y el desarrollo de anillos digitales metropolitanos.

A su vez, se incorporaron comisarías móviles y nuevos centros de atención, y se avanzó en la modernización de la identificación de personas mediante el Sistema Único Integral de Identificación de Personas (SUIIP) de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), fortaleciendo el uso de tecnología y datos para una Policía más moderna y eficiente.

Justicia criminal y sistema penitenciario

Al 31 de diciembre de 2025, Uruguay contaba con más de 16.500 personas privadas de libertad, en un contexto marcado por el hacinamiento, la insuficiencia de infraestructura y diversos problemas estructurales del sistema penitenciario.

Frente a esta situación, se avanzó en el mejoramiento de las condiciones salariales y en el aumento de la cantidad de efectivos, así como en el proceso de creación del Instituto Nacional de Reinserción (INR) como servicio descentralizado, con el objetivo de fortalecer su gestión y capacidad institucional.

Intervenir más, administrar mejor

La incorporación de personal, la inversión en tecnología, la adquisición de vehículos, fortalece la seguridad, brindando una mirada integral sobre las causas de violencia y crea condiciones para que el resto de las políticas públicas puedan llegar, sostenerse y producir resultados.

La prioridad de esta rendición de cuentas es una nueva inversión en seguridad pública, asignando los recursos para ejecutar una estrategia con prioridades claras, objetivos definidos y una mirada de corto, mediano y largo plazo, mediante el Plan Nacional de Seguridad Pública que ordena las prioridades, establece objetivos, define etapas y permite evaluar resultados.