Trabajo de la Seccional 17.ª de Florencio Sánchez ante denuncia por abuso sexual
La Fiscalía y la Policía trabajaron desde enero del corriente año, momento en que se radicó la denuncia, en un caso de abuso sexual por parte de un hombre hacia una mujer.
Oportunamente, se enteró a las autoridades competentes, aplicándose los protocolos existentes para este tipo de hechos, además de decretarse medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación entre las partes durante el transcurso de la investigación.
Fue así que, elevadas las resultancias de la investigación a la Justicia, en las últimas horas en el Juzgado Letrado de Rosario, se decretó la condena de un hombre de iniciales R.O.P.A., de 60 años, como autor penalmente responsable de un delito de atentado violento al pudor, a la pena de 12 meses de prisión, que se sustituirán íntegramente por el siguiente régimen de libertad a prueba, con obligaciones:
Fijar domicilio donde sea posible la supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA).
Durante los primeros tres meses de la pena impuesta, el condenado tendrá la obligación de permanecer de forma ininterrumpida dentro del domicilio fijado, de 22 a 6 horas, con controles aleatorios por la autoridad policial.
Deberá comparecer una vez por semana a la seccional policial correspondiente a su domicilio y realizar trabajo en beneficio de la comunidad, según su idoneidad, o aptitudes, a razón de dos horas semanales durante tres semanas.
Durante todo el plazo de la pena sustituida, la prohibición de comunicarse directa, o indirectamente, por cualquier medio, o por interpuesta persona, con la víctima.
Se le impuso al condenado como pena accesoria la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud, educación y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud, por el plazo de 10 años.
Como también a una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos.