Ministerio del Interior

El Director General de Cibercrimen, comisario general Paulo Rocha, junto a la Jefa del Área Operativa del Departamento de Delitos Sexuales, subcomisaria Priscila Trindade; la Fiscal de Delitos Sexuales de 5.º Turno, Dra. Verónica Bujarín; y la Fiscal Adjunta, Dra. Paola Rivera, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron detalles sobre los resultados y alcances de la operación internacional, que investiga hechos de explotación sexual infantil.

A través de reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), la Dirección General de Cibercrimen tomó conocimiento de que se estaría compartiendo en línea material de abuso sexual infantil. En coordinación con la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5.º Turno, se inició una investigación que permitió la identificación de los indagados y avanzar en la recolección de evidencia vinculada a delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

Como resultado de las actuaciones, en Uruguay se concretaron tres detenciones —tres hombres de 20, 31 y 35 años— y cinco allanamientos. En el operativo se incautaron 1.186 archivos y diversos dispositivos electrónicos.

Resoluciones judiciales

Finalizada la audiencia de formalización en la sede judicial, la Jueza Penal de 45.º Turno y la Jueza de 42.º turno dispusieron las siguientes resoluciones:

Un hombre de 31 años fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de almacenamiento de material de explotación sexual infantil, a una pena de 18 meses de prisión. De ese total, cumplirá cuatro meses de prisión efectiva, mientras que los restantes 14 meses serán bajo un régimen de libertad a prueba.

En tanto, el indagado de 35 años fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de almacenamiento de material de abuso sexual infantil, previstos en la Ley 17.815, a una pena de 18 meses de prisión.

Respecto al detenido de 20 años, se dispuso su condena como autor penalmente responsable de reiterados delitos de almacenamiento de materiales de explotación sexual infantil. Se le impuso una pena de 18 meses de prisión que cumplirá de la siguiente manera: tres meses de prisión efectiva y los restantes 15 meses en régimen de libertad a prueba.

Concientización y trabajo preventivo

Las autoridades fueron coincidentes en señalar que, más allá del material incautado, lo importante es visibilizar y concientizar que detrás de cada uno de esos archivos hay víctimas —entre ellas bebés, niños, niñas y adolescentes— que son abusados sexualmente y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El material incautado ya había sido identificado en otras operaciones. En ese sentido, se destacó el trabajo de los policías que analizan minuciosamente cada uno de los archivos incautados para poder identificar a las víctimas.

Paulo Rocha informó que en el año 2025 se recibieron 7.000 reportes, se realizaron más de 70 allanamientos y se recolectó una importante cantidad de material y dispositivos, lo que permitió identificar a 24 víctimas.

La Dirección General de Cibercrimen realiza, a nivel nacional, talleres en centros educativos con el fin de concientizar a niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos de este tipo de situaciones