Ministerio del Interior

En representación de Uruguay, el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, subrayó la necesidad de una acción conjunta y sostenida frente a la expansión y transformación del crimen organizado en América del Sur. “Nos convoca un desafío compartido: garantizar la seguridad pública en un contexto marcado por la expansión y transformación de la criminalidad y la violencia en nuestra región. Ninguno de nuestros países es ajeno a estas dinámicas y ninguno puede enfrentarlas de manera aislada”, expresó el jerarca.

El Ministro destacó que la región enfrenta desde hace décadas niveles de violencia letal entre los más altos del mundo, producto de desigualdades estructurales, violencia de género, mercados ilícitos, circulación extendida de armas de fuego y fragilidades institucionales.

En su intervención, alertó sobre el impacto de las economías criminales transnacionales, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata y explotación de personas y el ciberdelito, que operan más allá de las fronteras nacionales, erosionando la confianza pública y afectando la gobernabilidad democrática. “Su capacidad de operar más allá de las fronteras, de vulnerar instituciones y de adaptarse a las acciones estatales exige respuestas coordinadas, sostenidas y basadas en evidencia”, afirmó el Secretario de Estado.

Frente a este panorama, Uruguay propuso la creación de un mecanismo permanente de intercambio de información criminal entre los Ministerios del Interior de la región, con procedimientos comunes para el análisis táctico y estratégico. “La cooperación regional no es una formalidad diplomática: es un imperativo estratégico. Cuando compartimos inteligencia, coordinamos investigaciones y fortalecemos el control fronterizo, los resultados son concretos. Cuando actuamos fragmentados, la violencia y los mercados ilícitos ganan terreno”, sostuvo.

La seguridad como política de Estado

El Ministro también presentó los avances del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, una política de Estado de largo plazo que Uruguay impulsa con una visión integral, participativa y basada en evidencia. El plan contempla el fortalecimiento institucional, la profesionalización policial, la prevención social del delito y la consolidación del Estado de derecho. “Nuestro plan no es reactivo ni coyuntural: es diseño, no reflejo; es política pública, no respuesta a la agenda del día. La seguridad no se consolida renunciando a derechos, sino fortaleciendo instituciones”, enfatizó.

En el cierre de su intervención, reafirmó el compromiso de Uruguay con una seguridad pública democrática y sostenible. “La seguridad pública es la base de nuestras democracias, y nuestras democracias se fortalecen cuando la seguridad se construye con instituciones fuertes, legítimas, con participación social y con cooperación regional efectiva. Necesitamos políticas audaces, pero no temerarias; firmes, pero no ciegas; serias, sostenidas y orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de derechos. Si la cuidamos juntos, defendemos la democracia. Si renunciamos a ella, dejamos espacio al miedo y el miedo no puede gobernar nuestras decisiones nunca”, concluyó su oratoria.

XXXIII Reunión de Jefes de Policía y Fuerzas de Seguridad

En el marco de la LIV Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados, se desarrolló la XXXIII Reunión de Jefes de Policía y Fuerzas de Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados.

El encuentro contó con la presencia del Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, y el Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo., quienes trabajaron en los aspectos técnicos en varias temáticas para ser ratificados por los Ministros en el marco de esta cumbre.

Durante el encuentro, también hizo hincapié en la creación de comisiones especiales sobre el intercambio de información sobre grupos criminales, trata de personas, narcotráfico, delitos ambientales y control de rutas, hidrovías y  corredor bioceánico.

Además se abordó la creación de un subgrupo de investigación e inteligencia.

Implementación de la Estrategia del MERCOSUR contra el Crimen Organizado Transnacional (EMCOT)

Debido a la creciente actuación de organizaciones criminales de carácter transnacional en la región del MERCOSUR, siendo América Latina la región más afectada por la violencia del crimen organizado, se propuso la creación de la Comisión MERCOSUR contra el Crimen Organizado Transnacional (CMCOT).

El Ministerio del Interior, junto con otros Ministerios del Interior, Seguridad Pública y de Justicia, cuerpos policiales, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y otras autoridades, según corresponda, formarán parte de la Comisión que implementará la Estrategia del MERCOSUR contra el Crimen Organizado Transnacional (EMCOT).

Esta Comisión tiene como objetivo diseñar, planificar y realizar un seguimiento de la implementación de la Estrategia del MERCOSUR contra el Crimen Organizado Transnacional (EMCOT). La EMCOT funcionará como un proceso orientado a guiar, optimizar y articular de manera integral los esfuerzos e instituciones del bloque en el área de combate al crimen organizado, promoviendo la eficiencia y coordinación necesarias para la efectividad de las acciones que se llevarán a cabo.

Esta EMCOT se alimenta de la recopilación y sistematización de información, de indicadores regionales, experiencias y buenas prácticas, del desarrollo de investigaciones, la modernización y actualización de las acciones y protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y/o policiales y demás organismos de control de cada Estado Parte del MERCOSUR.

Acuerdo de cooperación para fortalecer la lucha contra la trata de personas

Durante la reunión, los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR, dada la importancia de la coordinación y la cooperación para combatir el delito de la trata de personas, debido a la a vulnerabilidad de las víctimas de estos delitos, especialmente las mujeres, los niños y los adolescentes, que necesitan asistencia y protección especiales, trabajaron sobre un acuerdo de cooperación para fortalecer la lucha contra la trata de personas.

Este acuerdo tiene como fin fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre los Estados Partes y los Estados Asociados del MERCOSUR para que favorezcan y promuevan la implementación de medidas adecuadas de prevención y lucha contra la trata de personas y la asistencia y protección a sus víctimas, mediante el respeto de los derechos humanos y de conformidad con la legislación de cada Estado.

El acuerdo, vela por la cooperación de los Estados Parte y Asociados para la protección de las víctimas de estos delitos, en pro del derecho a la protección de la identidad y privacidad de ellas, su integridad física y mental, y dando prioridad al interés superior de los niños y adolescentes.

Los Estados Partes deberán adoptar medidas y medios necesarios para garantizar mecanismos adecuados de control de la documentación relacionada con los casos de trata de personas, con el fin de garantizar su mejor custodia y protección, como también la protección de su documentación y repatriación voluntaria de las víctimas, luego de analizada la situación individual por el Estado correspondiente, mediante protocolos para que la repatriación voluntaria sea segura, digna y coordinada.