Departamento de Género y Diversidad - Instituto Nacional de Rehabilitación
Incorporar la perspectiva de género en las políticas de seguridad supone reconocer que las necesidades de las mujeres y los varones son distintas, lo que permite buscar estrategias que tiendan a la igualdad. Permite reconocer y analizar las relaciones de poder que se dan entre los géneros y desarrollar un análisis crítico de las estructuras socioeconómicas y político - legales, que dan lugar a las construcciones de las identidades.
A su vez, nos permite analizar la ambigüedad de los conceptos de hombre y mujer delincuentes y del trato diferencial que reciben, tanto en el sentido sociocultural, cuyos estereotipos definen la reacción social sobre el merecimiento de un castigo ejemplar y retributivo; como sobre las formas de tratamiento en términos de género, modelos reproductores de los roles asignados, impuestos y aprendidos. Analizar la situación de las mujeres a través de la historia ayuda a entender las condiciones de vida que padecen las que están privadas de libertad, dado el doble estigma que sobre ellas se combina (Briseño 2006).
Tener en cuenta estas características y generar políticas para paliar estas desigualdades, es generar políticas para la igualdad de género. Asimismo, tener en cuenta la interseccionalidad implica analizar al menos las dinámicas de privilegios y exclusiones que emergen cuando no se brinda suficiente atención a personas y colectivos que se encuentran en el punto de intersección entre distintas desigualdades; y visualizar los riesgos de políticas e intervenciones que, al privilegiar el trato de algunas desigualdades e ignorar que con frecuencia las desigualdades son mutuamente constituyentes, pueden acabar marginando a algunas personas al reproducir los mecanismos de poder existentes entre los grupos (McCall, 2005). En el ámbito penitenciario, implica establecer en favor de las mujeres y población LGTBI un trato que permita corregir o aminorar la posición de desventaja en la que éstas personas se encuentran.
El DGD desarrolla políticas dirigidas al funcionariado así como también hacia personas privadas de libertad. En las dirigidas al capital humano del INR se destacan: acompañamiento, entrevistas e informes respecto de situaciones de violencia basada en género y/o discriminación; colaboración en capacitaciones junto al Centro de Formación Penitenciaria; elaboración de material informativo.
En cuanto a las dirigidas a la población privada de libertad se destacan: diseño y ejecución de Programas Socioeducativos (Masculinidades, Nosotras Mujeres); intervención en situaciones de convivencia, malos tratos, discriminación y/o violencia basada en género; intervenciones con personas trans (entrevistas de ingreso y seguimiento, monitoreo y promoción de respeto a sus derechos); elaboración de materiales informativos (guías, protocolos, entre otros); relevamiento de unidades penitenciarias con enfoque de género y diversidad.
Esc. “A” G°14 Dra. Paula Lacaño.
Esc. “A” G° 9 Lic. Nancy Méndez
Sgto. María Ocaño
Agte. (PA) Lic. Victoria Sosa
OP. 2 Maximiliano Cambón
Cerrito 425
20309148 / 099 748 787
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- Cartilla de Derechos para personas LGBT privadas de libertad.
- Guia Crisalidas para mujeres privadas de libertad.
