Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario
La superación de un problema de esta magnitud requiere una planificación técnica y política a largo plazo. Por esa razón, el Art. 87 de la Ley de Urgente Consideración (Ley 19.899, LUC) encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación la elaboración de una estrategia con metas a corto, mediano y largo plazo, un objetivo que también ha sido reclamado por organismos internacionales en distintas ocasiones.
En vistas de esa necesidad, el Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron la ejecución de una Cooperación Técnica que tenga como objetivo la elaboración de una propuesta de Libro Blanco para la reforma penitenciaria que presente líneas estratégicas que permita una política de Estado en la materia, respetuosa de los derechos humanos de la población penitenciaria y enfocada en la promoción de procesos de reinserción social.
Liderando este esfuerzo está Dra. Ana Vigna₁ , quien es responsable por la organización y coordinación del proceso de elaboración de la Estrategia de Reforma, así como por la redacción del informe final. En esta tarea la secundan dos órganos asesores del Ministerio del Interior, el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, y el Grupo Multidisciplinario Técnico Científico Honorario, así como también la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, y la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General.
Este proceso se organizará en torno a dos grandes etapas. En primer lugar, se orientará hacia la realización de un diagnóstico que permita identificar, en base a la información secundaria disponible, así como a información primaria recogida a través de entrevistas a actores relevantes, los problemas estructurales del sistema penitenciario, las principales barreras a la consolidación de transformaciones, las necesidades más acuciantes de la población penitenciaria, así como la existencia de iniciativas promisorias.
En segundo lugar, se elaborará un Libro Blanco para la reforma penitenciaria, el cual incorporará la experiencia internacional, así como la evidencia proveniente del diagnóstico país. Allí se plantearán lineamientos estratégicos y propuestas de mejora, que permitan delinear una política de Estado de carácter integral, orientada a la protección de derechos y a la reinserción social de la población.
Ambas etapas se darán a través de procesos de discusión amplios y participativos, compuestos por presentaciones, discusiones y talleres con actores institucionales, académicos, expertos y otros actores interesados.