Ministerio de Economía y Finanzas

5.7 Género

Las desigualdades entre mujeres y hombres siguen siendo un factor de preocupación a nivel mundial. Éstas se manifiestan en distintos ámbitos: el laboral, el salarial, la menor participación en puestos de toma de decisiones y en el mayor tiempo dedicado al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados). De acuerdo a la última estimación del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés) divulgada a mediados de 2023, la brecha de género global[1] se cerraría en 131 años, alcanzándose recién en el año 2.154 la igualdad entre mujeres y hombres.

Uruguay no es ajeno a dicha realidad, como lo muestran diversos indicadores que dan cuenta de las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres, por lo que las políticas de género son importantes en la agenda social. En lo que refiere a las estadísticas laborales, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2024 la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres alcanzó a 16,9 puntos porcentuales (p.p.) mientras que la brecha en la tasa de empleo se ubicó en 16,9 p.p. En tanto, el desempleo es 2,2 p.p. mayor en las mujeres que en los varones.

En cuanto al uso del tiempo, la última encuesta disponible (con datos de 2022) refleja el reparto desigual entre mujeres y varones de la dedicación horaria destinada al trabajo remunerado y al no remunerado. En efecto, dicho relevamiento evidenció que las mujeres tienen una carga de trabajo no remunerado que alcanza a un promedio semanal de 34,4 horas, sensiblemente mayor al registro de 20,6 horas de los varones. Asimismo, la encuesta deja en evidencia que el involucramiento equitativo en el trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo una deuda en las relaciones de género, puesto que no solo las mujeres participan en mayor medida que los varones en los trabajos de cuidados y en gran parte de las tareas domésticas, sino que dentro de estas últimas las mujeres participan más que los varones en las tareas asociadas a “lo femenino” (tales como la alimentación, la limpieza y el cuidado de la ropa) mientras que los varones participan en mayor medida en tareas más puntuales y asociadas a “lo masculino”(mantenimiento y reparaciones y la cría de animales y cultivos para el consumo).

INMUJERES definió cuatro líneas de acción para trabajar en la presente administración en disminuir las brechas de género y combatir la violencia basada en género en nuestro país:

1. Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, con el objetivo de incrementar la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios accediendo al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los varones (mediante empleos formales de calidad o el desarrollo de emprendimientos o empresas).
2. Promoción de la participación política de las mujeres.
3. Realización de acciones para contrarrestar la Violencia Basada en Género.
4. Descentralización de las políticas de género en el territorio, la cual permite el acercamiento y el aterrizaje de las mismas en la vida cotidiana de las mujeres de diversas comunidades (mujeres rurales, jóvenes, trabajadoras domésticas, entre otras).

Tomando como base dichas definiciones, se destinaron recursos incrementales y se instrumentaron distintas acciones en la administración pública con el objetivo de disminuir la desigualdad de género. En materia de inserción laboral, en la Ley N°19.973, que busca favorecer el acceso al trabajo de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, de personas mayores de 45 años y de personas con discapacidad, se implementaron incentivos diferenciales de modo de favorecer la contratación de mujeres. También terminaron de constituirse las Unidades Especializadas de Género en la administración pública, en el marco de la Ley de igualdad de derechos y no discriminación en base al género entre mujeres y varones (N°19.846), y se está trabajando en la reglamentación de dicha norma.

En cuanto a los recursos presupuestales, en la Rendición de Cuentas 2020 se reasignaron $ 10,31 millones desde el Proyecto 135 “Equidad social y rectorías” hacia el Proyecto 121 “Igualdad de género”. Asimismo, en la Rendición de Cuentas 2022 se aprobó un incremento adicional a dicho proyecto de $ 20 millones, totalizando $ 320 millones destinados a dicho rubro. Asimismo, en 2020 se aprobó la creación de tres Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual en el interior del país. Si bien la creación de estos juzgados había sido dispuesta en 2017 cuando se aprobó la Ley N°19.580 de Violencia Basada en Género, recién se otorgaron fondos para su constitución en 2020. El primero de ellos se instaló en la ciudad de San Carlos en marzo de 2022.

En otro orden, a principios de 2022 Uruguay acordó un préstamo con el BID para crear el Programa para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (Promujeres), una iniciativa que busca aumentar la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de violencia basada en género, constituyéndose así en el primer país que gestiona un préstamo de inversión de este tipo a través del BID, enfocado exclusivamente en la lucha contra la violencia basada en género.

Promujeres incluye un crédito por US$ 4,1 millones y un apoyo no reembolsable por US$ 800 mil, y es gestionado por Inmujeres. Se compone de tres líneas estratégicas clave:

• Aumento de la capacidad del Sistema de Respuesta para la Violencia Basada en Género (SRVBG) para mujeres adultas, incluyendo migrantes y en situación de trata, contemplando la ampliación y centralización de los espacios físicos de atención (en un centro en la calle Florida que fue donado por IMPO y que se encuentra en proceso de reforma), el fortalecimiento de los equipos técnicos a través de más horas de atención a mujeres en situación de violencia y trata con fines de explotación sexual, en los casi 80 puntos de atención en todo el país, y la atención 24 horas del servicio de orientación telefónica 0800 4141. 
• Promoción de la igualdad de género y la prevención de la Violencia Basada en Género (VBG) en jóvenes, fortaleciendo el trabajo de Inmujeres en el ámbito educativo, en particular a través de la articulación y el trabajo conjunto con la ANEP en la construcción de una nueva currícula que promueva el derecho humano a una vida libre de violencia y la igualdad entre mujeres y varones.
• Fortalecimiento del Observatorio de Violencia basada en Género, a través del impulso del uso de la información sobre VBG de migrantes y grupos diversos de la población, mejorando su calidad y cantidad.

En cuanto a la promoción de la autonomía económica de las mujeres, en 2023 se elaboró una guía para “Mujeres que emprenden” y una guía de aproximación conceptual sobre autonomía económica de las mujeres. En el ámbito rural, se realizaron diversas sesiones de intercambio con mujeres rurales en el marco del Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales, y también se llevó adelante la segunda edición de Diálogos y Saberes en la Expo Prado (setiembre), aspectos que se enmarcan en el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (que se comenta más adelante en este capítulo). En el marco de dicho Plan, sigue operando el Fondo de Garantía para Mujeres Rurales que está a disposición de mujeres inscriptas en el Registro de Productores Familiares del MGAP que realizan actividades empresariales en el medio rural o en el agro. A abril de 2024 se habían concedido 49 garantías por un valor equivalente a US$ 190 mil, en operaciones de crédito de unos US$ 271 mil, a mujeres de 13 departamentos. Las dos terceras partes de las operaciones garantizadas corresponde a créditos otorgados en pesos uruguayos, siendo el tercio restante correspondiente a operaciones en dólares.

Con relación a la promoción del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en 2023 se implementaron dos ciclos de formación para mujeres con carreras políticas incipientes, certificando 50 horas de capacitación cada uno, con un alcance de 122 mujeres de todo el territorio nacional. Asimismo, con la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana (AECID)/EUROSOCIAL, se ha trabajado en la definición de un programa de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres líderes políticas en temas de liderazgo, coordinación y técnicas legislativas, con el objetivo de reforzar sus habilidades, presencia e incidencia en la toma de decisiones de la vida pública. Adicionalmente, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), se desarrollaron tres actividades de sensibilización sobre violencia hacia las mujeres en el ámbito político, con presencia de expertas internacionales y más de 150 personas representantes del sistema político nacional.

Vinculado al lineamiento de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de Violencia Basada en Género, en 2023 continuó fortaleciéndose el Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género. Por un lado, en conjunto con la Secretaría de Discapacidad, se agregó accesibilidad para mujeres sordas al servicio telefónico de orientación y consulta en violencia doméstica 0800 4141, que desde 2022 opera con alcance nacional las 24 horas del día los 7 días de la semana. Adicionalmente, se alcanzó a 35 servicios de atención especializada psico-social y legal a situaciones de violencia doméstica de parejas o exparejas (que brindan asimismo asesoramiento y derivación responsable en otras manifestaciones de violencia de género) y 15 equipos de atención a varones que ejercen violencia de género, en 21 puntos del país. En otro orden, se firmó la donación, por parte de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, del inmueble destinado al local de servicio de atención ubicado en la calle Florida en la ciudad de Montevideo, cuyas obras se encuentran en curso.

En cuanto a la descentralización de las políticas de igualdad, al año pasado se realizó una nueva Campaña de Noviazgos Libres de Violencia, en articulación con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y la premiación anual Amanda Rorra, para visibilizar el aporte que las mujeres afro hacen en sus comunidades. En el marco de las rectorías de la política de igualdad de género, sesionaron el Consejo Nacional de Género, el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género y el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de personas.

Respecto a la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, Inmujeres participó en diversos grupos de trabajo. Por un lado, en el marco del Grupo de Autonomía Económica del Consejo Nacional de Género, se elaboró un documento proponiendo la incorporación de criterios de género en las compras públicas, que fue presentado a la ARCE a principios de este año para su consideración. Asimismo, se participó en diversos ámbitos: en las convocatorias para la definición del Plan Nacional de Gestión de Residuos, en las acciones generadas en el Grupo de Trabajo del COPOLAD III (Cooperación Europea) por el consumo problemático de sustancias, en los Grupos de Trabajo de Salud Mental del MIDES y del Programa de INJU “Ni silencio, Ni tabú”. Asimismo, en forma articulada con el MSP, se procedió a la entrega de Kits de detección temprana del cáncer cérvico-uterino y en la difusión de material impreso, al tiempo que se participa en las reuniones de la Comisión de Reducción de la morbimortalidad obstétrica.

Desde la Contaduría General de la Nación se está trabajando en la hoja de ruta para la instrumentación de un piloto a nivel presupuestal para poder identificar los gastos asociados a disminuir las brechas de género, tal como lo establece el artículo 9º de la Ley N°19.486. En ese sentido, en el último tiempo desde el Ministerio de Economía y Finanzas se mantuvieron reuniones de trabajo con referentes de Inmujeres y se participó de diversas instancias de capacitación a los efectos de dimensionar las posibilidades y complejidades que implica dicho proceso. Estas acciones son el puntapié inicial para elaborar un plan de trabajo con el objetivo de lograr una identificación del gasto en políticas de género en el Presupuesto Nacional. Este trabajo implica no solo un proceso de capacitación y conocimiento de metodología de otros países, sino también definiciones para la instrumentación dentro de los sistemas presupuestarios a fin de lograr una mejor reportabilidad.

La implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG) continuó avanzando y alcanzó a 30 organizaciones en 2023, entre ellas dos privadas. Cabe recordar que esta herramienta está diseñada para reducir las brechas de género en el ámbito laboral tanto público como privado, mediante acciones planificadas y procedimientos que apuntan a transformar las estructuras de trabajo y la gestión del personal en forma más justa y equitativa.

Durante 2023 y en los primeros meses de 2024 continuaron dictándose formaciones en el marco del convenio celebrado con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP-ONSC) sobre Género y políticas públicas, Acoso sexual laboral y la Institucionalidad de género y el marco normativo de igualdad. En concreto, en 2023 se impartieron más de 700 horas de formación a 2.400 personas que trabajan en el Estado, al tiempo que también se asesoró de manera integral a diversos organismos públicos. Asimismo, INMUJERES continuó realizando instancias de capacitación en torno a la planificación y presupuestación con enfoque de género a las Unidades Especializadas en Género, así como también a la UDELAR.

Además de las acciones señaladas, INMUJERES continuó priorizando la realización de acciones que contribuyen al cambio cultural en la comprensión y sensibilización respecto a las desigualdades de género, a través de su participación en actividades específicas, como ser el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (22 de abril), el Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio) y el Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), en forma complementaria a la coordinación de las actividades conmemorativas del 8M y del 25N.

A nivel internacional se participó en la 67º sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en octubre de 2023 se presentó oralmente el 10° Informe Nacional frente al Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a través de una delegación oficial conformada por los tres poderes del Estado. Por último, se participó en las dos Reuniones anuales de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM) del Mercosur, sucedidas en Argentina y en Brasil, en el primer y segundo semestre del año pasado.

Finalmente, cabe señalar que el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro) ha sido una de las principales líneas de acción desplegadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en articulación con otras instituciones públicas y organismos y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de reducir las desigualdades de género en el medio rural y el sector agropecuario de nuestro país[2]. El proceso de elaboración del plan contó con la participación de 900 personas integrantes de diversos colectivos e instituciones del agro, el sector rural y el funcionariado del MGAP, y estuvo guiado por los principios de participación y colaboración, asumiendo la relevancia que tiene en la elaboración de la política pública la participación tanto de quienes las ejecutan como de las personas cuyos derechos estas políticas buscan atender.

El PNG Agro se propuso concretar en el periodo 2021-2024 avances sustantivos en la transversalidad de género en las instituciones estatales que integran el sector. El Plan plasma las brechas identificadas, así como una concepción sobre las vías para el cambio en el sector, jerarquiza las líneas de acción y sitúa como estratégicas aquellas transformaciones de género vinculadas a las relaciones en la producción, el empleo y el comercio; en los patrones culturales y en la generación de conocimiento; en las oportunidades y condiciones para la participación; así como en las dinámicas de género internas de las instituciones públicas agropecuarias. Para ellos, se definieron 83 compromisos distribuidos en los siguientes 5 componentes:

• Componente 1: Sistemas productivos y cadenas de valor agropecuarias con equidad de Género
• Componente 2: Conocimiento, extensión y comunicación con perspectiva de género.
• Componente 3: Participación y empoderamiento de las mujeres del agro y el medio rural.
• Componente 4: Fortalecimiento institucional de la perspectiva de género en la
• institucionalidad pública agropecuaria.
• Componente 5: Gestión, monitoreo y evaluación del plan.

Al 30 de setiembre de 2023 y tras 28 meses desde el inicio de su implementación, se observaba un grado de avance significativo en la implementación del plan, con 80% de sus compromisos en ejecución o finalizados (63% en ejecución y un 17% de los compromisos finalizados). Del 20% restante, un 14% de los compromisos se encontraba pendiente (7% llevaban atrasos en su ejecución y otro 7% aún no había dado inicio), mientras que el otro 6% se mantenía a la espera de la obtención de recursos para su aplicación.

A continuación, se resume el estado de situación de los compromisos asumidos a nivel de cada componente. Y, en forma complementaria, el avance en la agenda asumida puede visualizarse a través de la medición del grado de cumplimiento de las metas estipuladas, a los efectos de evaluar si se han cumplido con los propósitos que dieron origen a los compromisos, más allá de si las actividades finalizaron o se encuentran en ejecución.

En ese sentido, a octubre de 2023, el 37% de los compromisos operativos del PNG Agro (correspondiente a 31 categorías) habías alcanzado sus metas, no existiendo compromisos finalizados que no hubieran alcanzado sus metas. Asimismo, el MGAP monitorea el avance global del plan en la satisfacción de las metas de cada compromiso, y a octubre de 2023 se observaba un 50,4% de cumplimiento en el logro de las metas propuestas.