5.6 Seguridad ciudadana y defensa
El compromiso con las áreas de seguridad pública y defensa se ha evidenciado desde el inicio de esta administración, que ha priorizado este objetivo, en particular dedicando recursos adicionales tanto humanos, como insumos, tecnología e infraestructura, para trabajar en pos de mejorar la seguridad de la población en todo el país.
Cabe recordar que, también al inicio de este periodo de Gobierno, fue necesario desplegar múltiples acciones para apoyar el combate de la pandemia del COVID-19 y tanto el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) como el Ministerio del Interior (MI) desplegaron importantes acciones en apoyo a la gestión del Gobierno en el manejo de la misma.
En lo que respecta al accionar del Ministerio del Interior (MI), durante el ejercicio 2023 las autoridades continuaron trabajando en diferentes líneas de acción para prevenir, disuadir y reprimir el delito. Para mejorar la gestión se ha trabajado sobre la base del respaldo institucional, legal y político a la Policía Nacional, destacando los esfuerzos del Gobierno para destinar recursos adicionales, lo que se traduce en la mejora de la gestión y de los indicadores de delitos.
La adquisición de nuevas tecnologías, vehículos especiales y equipamiento de última generación para el trabajo preventivo y de investigación policial potencia el desempeño de la Policía Nacional. Lo anterior, sumado a las inversiones en cárceles, a la ampliación y renovación de la infraestructura en jefaturas, comisarías, subcomisarias, destacamentos, quioscos policiales y polígonos de tiro en todo el país, consolida una política de descentralización territorial. Cabe mencionar que lo relativo a infraestructura, en particular de cárceles, se detallan en el Capítulo 9.
En primer lugar, los recursos humanos son sustanciales para el mejor desempeño en materia de seguridad, por lo cual, al cierre del año 2023, esta administración contaba con una dotación de 33.529 vínculos laborales con el MI. Durante dicho año se produjeron 1.624 nuevos ingresos, de los cuales 1.277 (78,6%) son policías ejecutivos destinados a tareas de prevención, disuasión y represión del delito. En lo que refiere a las remuneraciones del personal policial, en 2023 se incrementó el sueldo mínimo del policía en un 10,4% (agente) y un 2,3% en promedio para el resto de los grados.
Otra de las líneas de trabajo para el fortalecimiento de los recursos humanos es la atención a la salud mental. En este sentido se fortaleció el equipo de atención alcanzando a 27 médicos psiquiatras y 75 psicólogos, realizando más de 50.000 intervenciones de salud mental, un aumento del 18% respecto al año anterior.
Por otra parte, se continuó mejorando el equipamiento policial, incorporando chalecos antibalas, estando iniciado el proceso de adquisición de cascos y escudos antibalas, así como también con la incorporación de visores térmicos, drones y equipos de comunicaciones.
Adicionalmente, hubo un fuerte aumento del ritmo al cual son incorporadas nuevas cámaras de videovigilancia, lo que determinó un aumento del stock de cámaras activas del orden del 33% interanual. Se adquirió e incorporó un sistema de reconocimiento facial aplicable a cámaras previamente instaladas, tecnología que permite contrastar registros biométricos y alertar cuando se identifican personas requeridas. Se inició el procedimiento para la instalación y prueba de un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento de situaciones de riesgo para la alerta temprana del delito a los visualizadores.
En el 2023 se arrendaron un total de 2.500 tobilleras: 1.700 dispositivos para situaciones de violencia doméstica, 200 dispositivos para situaciones de libertad asistida y 600 dispositivos de monitoreo para salidas transitorias. Se continuarán incrementando los dispositivos para culminar el año 2024 con un total de 3.100 tobilleras, lo que representa 1.400 dispositivos más que en marzo de 2020.
Se instalaron Sensores (sistema Shotspotter) de localización, alerta y análisis de disparos, para alertar en tiempo real a la Policía, acelerando la respuesta y aumentando las probabilidades de resolver las situaciones de conflicto en los barrios.
Procurando garantizar la calidad de los procedimientos técnicos desarrollados por los equipos profesionales de la Policía Nacional, se adquirieron nuevos insumos para la extracción e identificación de ADN. A esto se agrega la inversión en equipamiento tecnológico para el nuevo edificio de la Dirección Nacional de Policía Científica, por un valor de US$ 135.000.
Con respecto a las inversiones en la flota automotriz destinada al patrullaje fue necesario ampliar la compra para reforzar la presencia policial en los barrios y renovar las unidades, lo que se realizó en 2021 y 2022. Para ello se adquirieron 150 camionetas, 50 autos y 90 motos y se realizaron recambios de 110 autos, 81 camionetas y 41 motos. También se asignaron vehículos apropiados mediante donaciones o comodatos, fueron 32 autos, 19 camionetas y 4 motos. Se adquirieron 2 camiones hidrantes para el control de disturbios y 2 camiones blindados para garantizar la presencia y proteger al personal en eventos de riesgo.
Otros vehículos especializados adquiridos en el año 2022 fueron 5 camiones autobombas forestales, 5 camiones autobomba urbanos y 20 camionetas polivalentes para la extinción de incendios. También se compraron dos “kit overhull” de repuestos, dos motores de helicóptero y dos helicópteros nuevos, uno de ellos con un balde hidrante de 800 litros para asistir a incendios y un foco de largo alcance especializado. Para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se compraron 2 minibuses y 10 furgones para el traslado de personas. También se incorporaron 2 camiones refrigerados y 2 camiones de caja fija que permiten mejorar significativamente la logística asociada a los alimentos comprados y producidos en el Instituto.
Rehabilitación de las personas privadas de libertad (PPL). Se han desarrollado varias iniciativas que contribuyan a generar mejores oportunidades para la rehabilitación de las personas privadas de libertad. En lo que refiera a la propuesta educativa, se destaca la construcción de la nueva Comunidad Educativa en la unidad N°20 de Salto y el Centro Universitario de la unidad N°3 Libertad. Asimismo, se inauguró la primera UTU en un establecimiento carcelario (complejo Santiago Vázquez).
La inclusión de PPL en el ámbito educativo pasó de 4.500 en 2022 a 5.572 personas al finalizar 2023, lo que supone un 36%de las PPL incluidas en alguna instancia de formación, con un incremento de 23,8% en el año.
Se firmó una cooperación con INEFOP para la realización de capacitaciones en oficios tales como mantenimiento edilicio, panadería, espacios verdes, cocina básica, construcción, carpintería y habilidades informáticas, para unos 2.000 reclusos. Con ese proyecto, se busca brindar soluciones de formación profesional, para personas privadas de libertad, incrementando sus oportunidades de empleabilidad y posibilidades de reinserción.
Con el objetivo de reducir la reincidencia de los egresados del sistema penitenciario, se trabajó en conjunto con MIDES para el convenio PIA (Proyecto de inclusión asistida) que brinda apoyo técnico, personalizado y económico, con un aporte de $2 millones del MI.
Mayores controles y atención a los delitos en el medio rural. El énfasis puesto por el Gobierno en el combate de los delitos ocurridos en el medio rural, se sustenta en el trabajo descentralizado de la Policía Nacional en todo el territorio. En el año 2023 se llevaron a cabo múltiples procedimientos realizados por parte del Área Operativa de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural –DNSR-, en este marco se realizaron 8.529 visitas a establecimientos rurales, 7.627 puestos de controles vehiculares, 237 controles en ferias ganaderas y 586 recorridas registradas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se formalizó a 113 personas debido a procedimientos de la DNSR.
Dando cumplimiento a su cometido institucional, la Dirección coordinó el trabajo de las Brigadas Departamentales de Seguridad Rural –BDSR- que lograron trabajar el 87% de las denuncias de abigeato a nivel nacional. Se ordenó a las Jefaturas Departamentales derivar todas las denuncias de delitos y otros eventos en los que la DNSR tiene competencia a las BDSR. Se monitorea específicamente la cantidad de denuncias de abigeato trabajadas por las Brigadas, que eran 57% en 2021 y 77% en 2022.
Mayor eficacia policial y baja de delitos. Desde el MI se han implementado políticas públicas en seguridad ciudadana para cumplir con los lineamientos del Compromiso País. Mediante una gestión eficiente de los recursos y una inversión histórica en tecnologías de seguridad, se logró revertir la tendencia al alza de las denuncias de delitos observada en los años anteriores, y a excepción del caso de Violencia doméstica, se registra una disminución de las denuncias respecto de 2019.
En 2023 se trabajó para definir, entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria, una política de Estado consistente en la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva. Se convocó también a organizaciones públicas y privadas, a la academia, a organizaciones nacionales e internacionales de promoción de Derechos Humanos y al comisionado parlamentario para las cárceles.
Haciendo énfasis en la necesidad de coordinar esfuerzos del Estado para contrarrestar las causas sociales, prevenir y reprimir el desarrollo de la conducta criminal, hubo un consenso sobre 16 medidas aplicadas desde un enfoque dual de trabajo en represión y en las causas del delito que competen al Ministerio del Interior y se distribuyen en cuatro categorías: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria de la violencia y el delito.
En lo que respecta al Ministerio de Defensa Nacional, se ha destacado durante esta administración el trabajo realizado en materia de patrullaje de frontera. El control y tareas de disuasión de los efectivos militares impidió el ingreso irregular de 3.645 personas e intervino en 224 situaciones de apariencia delictiva, como ser contrabando, abigeato, incautación de droga y armas. Se han cumplido desde su implementación hasta diciembre de 2023 un total de 18.676.257 horas de servicio y 18.350 puestos (fijos y móviles) en las operaciones previstas de vigilancia y control de la zona establecida por la normativa vigente.
Cabe destacar que, en materia de control en fronteras y en particular en la lucha contra el narcotráfico, por la relevancia del tema para esta administración, se han llevado a cabo acciones de complementación entre varios organismos del Estado. En junio de este año, la Dirección Nacional de Aduanas concretó la incorporación de 3 scanners, dos de los cuales se ubicarán en el puerto de Montevideo y otro prestará servicio en otros puntos del territorio. Asimismo, la licitación incluye el mantenimiento y actualización de los equipos y un software de interpretación de imágenes que permite una mayor eficiencia en el control.
Apoyo a la comunidad. Durante el año 2023, ante el grave déficit hídrico por el que pasó el país, el Ejército Nacional, con maquinaria del arma de ingenieros, ha realizado trabajos de limpieza y acondicionamiento de tajamares y aguadas en Montevideo y Canelones, en apoyo a los productores afectados por la sequía, de acuerdo a una lista de predios aportados por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
Asimismo, y en este contexto, se procedió al reparto de agua para consumo humano y de animales en apoyo a las alcaldías. También se realizaron tareas de apoyo a la OSE, con choferes profesionales para el traslado de camiones cisterna ante la emergencia hídrica en el Departamento de Lavalleja.
Asimismo, en el marco del trabajo de los CECOED para la campaña anual de alimentación y el Plan Invierno, se elaboraron 154.657 plazas de alimentación y se brindaron 24.544 alojamientos en recintos militares.
En materia de Misiones de Paz, se avanzó en la implementación del proyecto Elsie, que busca duplicar el número de mujeres que integran contingentes uruguayos que participan en operaciones de Paz de Naciones Unidas.
Por su parte, en este período de Gobierno se han recibido un total de 285 oficios de distintas Organizaciones e Instituciones solicitando diversa información vinculada a Derechos Humanos, de los cuales se han respondido 271, destacándose entre otros: 187 solicitudes respondidas a Juzgados Letrados Penales, 33 a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, 28 a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y 9 a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Jerarquización del personal militar. De acuerdo a los compromisos asumidos por el Gobierno en relación a la jerarquización del personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se han asignado partidas para incrementar salarios en todas las instancias presupuestales y se logró pese a la pandemia, un aumento del salario real de 6 % a 17 % en las jerarquías desde capitán a soldado 1ª. Asimismo, se crearon partidas específicas como el caso de las compensaciones de frontera y de nocturnidad, y se reforzaron las asignaciones para la sanidad militar, las cuales han contribuido a jerarquizar la labor de los efectivos militares.