Ministerio de Economía y Finanzas

5.1 Políticas de respuesta a la pandemia

Al iniciar esta administración en el año 2020 fue necesario reforzar las políticas sociales para dar respuesta a los efectos adversos que causó la pandemia de COVID-19, que fueron especialmente negativos para las personas más vulnerables. El gobierno nacional enfrentó esta situación excepcional garantizando los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria, atender la emergencia social y mantener los motores de la economía encendidos para reactivar la actividad a medida que las restricciones se fueran levantando, en un marco de gran incertidumbre.

La gestión de la pandemia estuvo guiada por la libertad responsable de cada uno de los uruguayos, como un valor que forma parte de la identidad nacional, realizando un análisis permanente de la información con el asesoramiento del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que fue convocado a tales efectos, disponiendo medidas de apoyo amplias y graduales a medida que la pandemia se extendía en el tiempo.

Se garantizó el acceso gratuito de toda la población a pruebas de diagnóstico, y se dispuso de recursos para incrementar la capacidad instalada de los centros de salud, especialmente respecto de respiradores y camas en CTI. La eficiente instrumentación del plan de vacunación de manera rápida en todo el país durante el año 2021, así como la alta tasa de vacunación de refuerzo durante 2022, destacó a Uruguay a nivel internacional y determinó que nos encontráramos luego mejor preparados para enfrentar nuevas cepas del virus con mayor grado de contagio, lo que se verificó con resultados relativos de menos muertes por millón de habitantes que en los países de la región como se observa en los datos publicados por Our World in Data.

Se creó el Fondo Solidario COVID-19 mediante la Ley Nº 19.874 para el manejo transparente de los recursos empleados en atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia, que permitiera distinguir las medidas de ahorro estructural del incremento del gasto derivado de la pandemia. A continuación, se sintetizan las medidas implementadas en el período con este objeto.

Las medidas de índole sanitario fueron diversas y buscaron hacer frente al conjunto de desafíos provocados por el COVID-19. Se fortaleció el sistema de vigilancia y monitoreo de casos, se aumentó la capacidad de testeo y de respuesta a brotes vinculados a comunidades cerradas (residenciales, cárceles, etc.). Se implementó un exitoso plan de vacunación en etapas, comenzando con el personal de la salud y continuando según grupos de riesgo por edades y comorbilidades, hasta cubrir toda la población objetivo, que determinó que Uruguay destacase a nivel internacional y regional por su progreso en la inmunización de su población. También aumentó la capacidad instalada en los centros de salud. Se adquirieron equipos, respiradores, y se amplió el número de camas en CTI, al tiempo que éstas se utilizaron de forma más eficiente, al utilizarse con independencia del prestador al que los pacientes estuvieran afiliados.

Se tomaron medidas de política comercial que facilitaron la adquisición de insumos sanitarios, pues a través de un Régimen Especial de importación para productos prioritarios, se les exoneró de todos los tributos nacionales. Adicionalmente, se implementó una protección extraordinaria en la cobertura en salud a quienes habían quedado desempleados y por tanto perdido su derecho al seguro nacional de salud. Por tanto, en enero de 2021, dada la continuidad de la situación de emergencia sanitaria, se extendió en forma extraordinaria, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, a través de la promulgación del Decreto N.º 4/021, el amparo del SNS a todos aquellos trabajadores cesados en la actividad que le generaba el derecho a dicha cobertura (salvo despido por notoria mala conducta) o que hubieren llegado al término de los beneficios del subsidio por desempleo entre el 1º de agosto y el 31 de octubre de 2020. Este beneficio también les alcanzó a los prestadores integrales debido que no dejaron de percibir la cuota salud por dichos beneficiarios.

Las medidas sociales de alivio a la población más vulnerable se focalizaron en incrementar la asistencia provista desde el Estado, ya fuera monetaria o facilitando el acceso a bienes y servicios, y se implementaron en forma inmediata y sostenida en el tiempo, con diseños que fueron ajustándose al contexto vigente en cada momento. Así, Se incrementaron las transferencias monetarias a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE), y en estas últimas también se dio un apoyo complementario focalizado en Primera infancia (asistencia a menores de 3 años y mujeres embarazadas). El MIDES respondió mediante la creación de un nuevo instrumento, la Canasta de Emergencia -Cupón TuAPP, para facilitar la adquisición de bienes de consumo para personas sin empleo formal, que no estuvieran haciendo uso del seguro de paro y que no recibieran otras prestaciones del Estado.

En otro orden, se aumentó la cantidad de beneficiarios de los diferentes programas de alimentación: Sistema Nacional de Comedores, programas del MIDES (incremento en la entrega de viandas y tickets de alimentación) y extensión de la alimentación en las escuelas durante el verano. Asimismo, se amplió la cantidad de puntos de atención y los horarios de la misma, a personas en situación de calle, y se creó el Bono Social de UTE, con bonificaciones de hasta 90% en la factura eléctrica para más de 113.000 hogares beneficiarios de AFAM-PE, TUS y Asistencia a la Vejez.

En materia económica hubo diversas medidas de apoyo a las empresas en general, así como también disposiciones específicas para los sectores de actividad más afectados por la pandemia: transporte y cantinas escolares, empresas dedicadas a la realización de eventos, a las agencias de viajes y afines, empresas dedicadas al transporte de personas, salas de cine, clubes deportivos, entre otros. Se diseñaron medidas de alivio tributario mediante exoneraciones de aportes patronales a la seguridad social, de los pagos mínimos mensuales a contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del pago de anticipos a contribuyentes del Impuesto al Patrimonio (IP).  También se instrumentaron facilidades en los calendarios de pago de adeudos con BPS y DGI.

En otro orden, se implementaron nuevas líneas de garantía en el Sistema Nacional de Garantías (SiGa Emergencia, SiGa Plus y SiGa Impulso), con el objetivo de proveer liquidez a las empresas y evitar cortes en la cadena de pagos por la disminución de la actividad en el marco de la pandemia.

Hubo también un despliegue de medidas de estímulo tributario que buscaron mantener el tejido productivo a nivel de las Mipymes: se implementó un subsidio mensual por Cese de Actividad a los Monotributistas MIDES, se flexibilizó el régimen impositivo de los Monotributistas, se dispusieron exoneraciones y flexibilizaciones para el caso de los contribuyentes de IVA Mínimo (pequeña empresa). Asimismo, desde la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) se implementaron diversas facilidades de acceso al financiamiento para estas empresas, a través de la creación de Grupos Asistidos Específicos en el Programa de Crédito Dirigido de ANDE y de préstamos a tasa 0%.

También se implementaron beneficios para el sector exportador: se prorrogó por un año la tasa especial de devolución de tributos de 6% para los sectores con mayor caída de la demanda internacional, se prorrogaron por un año los vencimientos de las admisiones temporarias industriales y también se prorrogaron por un año los vencimientos de la permanencia de las mercaderías en depósitos fiscales.

Desde el MTSS se promovieron un conjunto de medidas para que las empresas pudieran mantenerse en actividad y para promover el empleo, de modo de evitar la pérdida de puestos de trabajo. Se otorgaron incentivos económicos a las empresas que reintegraron trabajadores comprendidos en el seguro de desempleo por causal de suspensión total, o incorporaron nuevos trabajadores. Con respecto a la capacitación laboral para promover el empleo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) reconvirtió sus cursos a la modalidad remota.

Asimismo, en 2021 se creó el “Programa Oportunidad Laboral”, conocido como Jornales Solidarios. El objetivo del mismo fue generar 15.000 puestos de trabajo temporal en todo el país, para personas de entre 18 y 65 años, que se encontraran desempleadas y sin ninguna prestación de carácter salarial pública o privada ni subsidios personales o prestaciones de ningún tipo.

Finalmente, el BCU emitió diversas normas en respuesta a la Emergencia Sanitaria, con el objetivo de estimular el crédito, garantizar el funcionamiento del sistema financiero y evitar que las restricciones de liquidez que pudieran enfrentar las empresas (así como también las familias) devinieran en problemas de solvencia.

Por un lado, se autorizó a extender los vencimientos de determinadas operaciones de crédito, al tiempo que modificó su normativa para dar facilidades a las reestructuraciones de créditos problemáticos. Asimismo, la norma habilitó a las entidades financieras a no empeorar la calificación crediticia de los deudores que accedieran a prórrogas y contempló, además, que pudieran aplicarse de forma general (previa comunicación al deudor) cuando no se generaran intereses.  Finalmente, la autoridad monetaria dispuso reducciones transitorias de los encajes bancarios en moneda nacional y unidades indexadas, con el objetivo de estimular el crédito e inyectar liquidez al mercado financiero. 

En el periodo 2020-2022 el gasto destinado a dar respuesta a la pandemia con cargo al Fondo Solidario COVID-19 totalizó US$ 2.430 millones, de los cuales US$ 807 millones se destinaron a medidas sanitarias, US$ 418 millones se destinaron a medidas sociales y US$ 1.205 millones se destinaron a medidas económicas y de empleo.[1].

El cese de la emergencia sanitaria fue dispuesto por el Poder Ejecutivo el 5 de abril de 2022 por el Decreto Nº 106/022. Aun así, el Fondo Solidario COVID-19 continuó financiando las medidas adoptadas que a dicha fecha hubieran sido comprometidas, se encontraran vigentes y en ejecución con plazo pendiente, hasta su finalización según lo establecido por el Decreto Nº 117/022, de 11 de abril de 2022. A partir del ejercicio 2023, no se financiaron más gastos por este concepto, restando solamente el pago de algunas de las obligaciones ya ejecutadas.