9.8 Infraestructura para la seguridad ciudadana
En 2023, el Ministerio del Interior continuó con la política de ampliación y renovación de la infraestructura en jefaturas, comisarías, destacamentos, quioscos policiales y polígonos de tiro en todo el país, consolidando una política de descentralización territorial. En particular se destacan obras como la Base Dr. Jorge Larrañaga de la Dirección Nacional de Guardia Republicana en Tacuarembó y la reforma del ex destacamento de Pueblo Las Piedras en Bella Unión para dar sede a una nueva base regional que permitirá fortalecer el control de la frontera seca. Además, se ejecutaron obras de nuevas sedes, remodelación y mejoras en instalaciones policiales en todos los departamentos.
Además, se terminó de construir la nueva sede de la Dirección Nacional de Policía Científica, con una inversión total de US$ 6 millones en obras. Esta obra contribuirá a apoyar a la Justicia basada en evidencias, gracias a nuevos laboratorios que cuentan con tecnologías de última generación y mejoran la capacidad de desarrollo de pericias balísticas, biológicas, químicas e informáticas.
En tanto, en el marco del Plan de Dignidad Carcelaria se invirtieron US$ 11 millones en infraestructura carcelaria, incluida la construcción y recuperación de 690 plazas penitenciarias, para proyectar en la actual administración un total de 3.970 plazas recuperadas, remodeladas y/o en proceso de construcción. Se hicieron obras de recuperación edilicia en Montevideo, Canelones, Artigas, Cerro Largo, Maldonado, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres. Además, a la nueva unidad penitenciaria de Tacuarembó, inaugurada en diciembre de 2022, se agrega la Unidad de Artigas, con 264 nuevas plazas próximas a inaugurarse y 120 previstas en la ampliación de la obra en el primer semestre de 2024, con un costo previsto cercano a US$ 3 millones. Ambas unidades cumplen con el compromiso asumido de trasladar los centros de internación de los antiguos edificios de las jefaturas situados en la planta urbana de las capitales departamentales. Adicionalmente, para 2024 se prevé la ejecución de obras por US$ 2 millones para servicios de salud en la cárcel de Santiago Vázquez en Montevideo.
También en materia de infraestructura para la reclusión de las personas privadas de libertad, se está celebrando un contrato de PPP para el diseño, construcción, financiamiento y operación de tres unidades de internación de personas privadas de libertad con un total de 1.960 plazas, en el predio del actual establecimiento de reclusión próximo a la ciudad de Libertad con un costo estimado de US$ 77 millones. La iniciativa tiene por cometido eliminar el hacinamiento en el área metropolitana a través de una mejora de la infraestructura y las condiciones de los servicios, manteniendo en buen estado las instalaciones y el equipamiento y la mejora de la distribución de la población privada de libertad, de acuerdo con sus perfiles. El proyecto prevé la existencia de espacios para el desarrollo educativo, laboral, deportivo y social de las personas recluidas, con espacios adecuados para visitas familiares y profesionales y áreas para la atención de la salud. El proyecto permitirá contar con condiciones que aseguren la nutrición adecuada de las personas privadas de libertad, visitas más ordenadas, mejor control en los ingresos y una mejora del entorno laboral para los guardias y técnicos.
En la misma dirección y como respuesta al aumento sostenido de la demanda de plazas para personas privadas de libertad en la Unidad Nº 5 (ex Hospital Musto) sumado a un diseño original no adecuado para ser un recinto penitenciario, lo que ha generado problemas de gestión, altos niveles de vandalismo, entre otros, se realizará una ampliación del contrato de PPP celebrado para la construcción, mantenimiento y prestación de servicios de la Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº 1 de Punta de Rieles con el objetivo de construir plazas para alojar hasta 846 personas privadas de libertad de sexo femenino (de las cuales 66 lo serían en condiciones de pre egreso) y 30 para personas privadas de libertad transgénero. Esta ampliación se realizará con el objetivo aprovechar los servicios existentes en la Unidad de PPL Nº1 de energía eléctrica, agua, gas, saneamiento, servicios de lavandería y alimentación dado que la infraestructura se encuentra contigua con la de Punta de Rieles. Se entiende que esta ampliación redundará en una mejora de las condiciones de vida de las reclusas con impacto positivo en las posibilidades de reinserción en la sociedad, así como una mejora en las condiciones de trabajo de los funcionarios.