Allanamiento en Maldonado resulta con dos condenados por suministro de estupefacientes
La Brigada Departamental Antidrogas recibió una denuncia, el 29 de agosto, en horas de la tarde, donde se daba cuenta de la posible existencia de una boca de venta de drogas en una vivienda de calle Medina, en la ciudad de Maldonado.
Se enteró a la Fiscalía Letrada de 2.º turno, la que ordenó distintas actuaciones, y luego de diversas tareas de campo, análisis e investigación, se recabaron pruebas suficientes para solicitar la orden de allanamiento al juez competente.
El 3 de setiembre, funcionarios policiales de la Brigada Departamental Antidrogas, junto a su can Black entrenado para la búsqueda de todo tipo de sustancia estupefaciente, con apoyo de personal del Programa de Alta Dedicación Operativa de Zona Operacional II (PADO II) y el encargado de la Subcomisaría de San Rafael quien se encargó del manejo del dron, munidos con orden de allanamiento, ingresaron a la casa, logrando la incautación de una balanza de precisión, envoltorios con clorhidrato de cocaína en piedra, la suma de cinco mil trescientos cincuenta pesos uruguayos ($5.350).
A su vez, se efectúo la detención de Alejandra Fabiana Civila González, de 31 años, poseedora de un antecedente penal; y de Franco Nicolás Figueredo García, de 31 años, poseedor de antecedentes penales.
Personal de Policía Científica realizó el relevamiento del lugar y de los objetos incautados.
Cumplida la indagatoria en sede fiscal, se celebró la audiencia en el Juzgado Letrado de Maldonado de 11.º Turno, donde se dispuso la condena de:
- Alejandra Fabiana Civila González como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, a cumplir la pena de dos (2) años y tres (3) meses de penitenciaría;
- Franco Nicolás Figueredo García como cómplice penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, a cumplir la pena de nueve (9) meses de prisión.
Se dispuso el decomiso de la sustancia incautada y su remisión al Instituto Técnico Forense (ITF), para análisis y posterior destrucción; y la remisión del dinero incautado a la Junta Nacional de Drogas.
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