Investigación por maniobras inmobiliarias fraudulentas por más de USD 250.000 permitió siete condenas y formalizaciones
De acuerdo con las actuaciones realizadas, la maniobra investigada habría consistido en la instrumentación de compraventas simuladas mediante la utilización de poderes cuya autenticidad y validez eran apócrifas, con el objetivo de obtener registralmente el dominio de determinados padrones en el balneario antes mencionado.
Una vez incorporados los inmuebles al patrimonio de los investigados, estos eran posteriormente vendidos mediante operaciones de compraventa reales a compradores de buena fe, en varios casos a través de una inmobiliaria vinculada a las personas investigadas.
La investigación permitió establecer, asimismo, que en determinadas operaciones los inmuebles habrían sido revendidos en forma rápida y a precios inferiores a los consignados en las adquisiciones previamente realizadas.
La maniobra quedó al descubierto por el análisis de los protocolos incautados a una profesional escribana que fue formalizada en esta causa y del análisis de la información aportada por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.
Del análisis realizado surgió que los importes consignados en las distintas compraventas investigadas no habrían tenido correspondencia con movimientos financieros compatibles con las operaciones documentadas, al no registrarse, según la investigación, depósitos de dichos valores en las cuentas de los supuestos vendedores ni débitos equivalentes en las cuentas de los compradores.
Además, se estableció que para instrumentar algunas de las operaciones se habrían utilizado poderes otorgados durante la década de 1980, atribuidos a un profesional escribano que posteriormente se encontraba inhabilitado para rubricar y que falleció en el año 2006.
La investigación permitió determinar, hasta el momento, la existencia de una serie de operaciones inmobiliarias presuntamente coordinadas, vinculadas a la utilización de documentación y poderes cuestionados para obtener la registro de inmuebles y su posterior enajenación, por un monto investigado de aproximadamente USD 253.000.
Con fecha 29 de setiembre y finalizadas la actuaciones judiciales, se logró las condena y formalización de siete personas, acciones que eran lideradas por una inmobiliaria con asiento en el balneario de Piriápolis, donde además contaban con la participación de una escribana.