Ministerio del Interior

En el marco de las acciones orientadas a combatir el microtráfico de estupefacientes y al cierre de bocas de venta, se dio inicio a una investigación a cargo de la Fiscalía de 1.º Turno, con el objetivo de identificar y desarticular actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas.

En este contexto, personal de la Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante un importante operativo en el barrio Zorrilla, como resultado de una investigación sostenida durante aproximadamente dos meses. Durante dicho período, se logró reunir un conjunto de evidencias sólidas y relevantes que permitieron sustentar la presunción de responsabilidad de varias personas indagadas, quienes estarían involucradas en actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en la zona.

Una vez elevadas las actuaciones a la Fiscalía interviniente, se gestionaron las correspondientes órdenes de detención y allanamiento, las cuales fueron debidamente autorizadas por la Justicia mediante decretos respectivos.

En la jornada del 23 de enero, a las 06:10 horas, personal de la Dirección de Información Táctica, en forma conjunta con efectivos del Grupo de Reserva Táctica, dio inicio a un operativo policial en la zona del Plan Juntos, en el barrio Zorrilla. El procedimiento contempló la realización de seis allanamientos simultáneos, que resultaron con la detención de dos hombres y dos mujeres, la incautación de sustancias estupefacientes, teléfonos y dinero.

Continuando con las actuaciones, conducidos a Sede Fiscal y Penal, culminada la instancia, se recibió oficio del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 4.º Turno, condenando a un hombre y una mujer, como autores penalmente responsables de un delito de suministro de estupefacientes, a la pena de dos años penitenciaría.

Asimismo, se condenó a otra involucrada, como autora penalmente responsable de un delito de encubrimiento agravado a la pena de ocho meses de prisión, la que será sustituida por un régimen de libertad a prueba, por igual plazo, con las siguientes obligaciones:

Residencia en un lugar determinado; someterse a la orientación y supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA); presentación una vez por semana en la seccional de su domicilio y prestación de servicio comunitario durante 2 meses 2 horas semanales.

Estas acciones reafirman el compromiso institucional de combatir el microtráfico de estupefacientes, fortalecer la seguridad barrial y retirar de circulación a quienes atentan contra la tranquilidad y el bienestar de la comunidad.