AECA

Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay (2026)

Investigaciones

El informe “Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay. Informe Nacional 2026”, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA, Ministerio del Interior) con el apoyo del PNUD, reúne información estadística y evidencia para comprender las distintas dimensiones de la violencia armada en Uruguay y contribuir al diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana.
Portada de libro Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay

Aumento de los delitos y concentración territorial de la violencia armada

Entre los principales hallazgos, el informe señala que los delitos asociados a armas de fuego (disparos, tenencia y porte ilegal, y tráfico interno e internacional) aumentaron más de un 300% entre 2013 y 2025, mientras que los homicidios cometidos con armas de fuego crecieron más de un 60 % entre 2014 y 2024.

Las armas de fuego representan un componente central de la violencia letal en Uruguay: entre el 60 % y el 70% de los homicidios se cometen con este tipo de armas. A su vez, Uruguay registra el mayor porcentaje de suicidios perpetrados con armas de fuego entre los países de América Latina y el Caribe, lo que además sugiere niveles altos de proliferación civil.

El documento también analiza las lesiones y la violencia basada en género asociados al uso de armas de fuego, incorporando distintas dimensiones de un problema que trasciende los homicidios y afecta la seguridad y el bienestar de las personas.

 

Cerca de 620.000 armas registradas y desafíos para su trazabilidad

Otro de los principales resultados refiere a la magnitud del arsenal civil. Según los registros oficiales, Uruguay cuenta con aproximadamente 620.000 armas de fuego legalmente registradas, equivalentes a 18 armas por cada 100 habitantes, lo que sitúa a Uruguay como el país con más armas de fuego registradas por habitante de la región.

El informe advierte, además, sobre la circulación de armas no registradas y los riesgos de desvío desde los circuitos legales hacia los mercados ilícitos.

Entre 2013 y 2025 se denunciaron casi 16.000 hurtos de armas de fuego, un promedio aproximado de 1.300 por año.

La trazabilidad constituye otro desafío relevante. El análisis de las armas incautadas y asociadas a homicidios durante 2024 muestra que sólo alrededor de una quinta parte contaba con información suficiente para su cotejo registral. Entre aquellas que pudieron identificarse, predominaban las armas previamente registradas, lo que evidencia que el mercado legal uruguayo también abastece a la delincuencia.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de registro, fiscalización y seguimiento de las armas de fuego.

 

El control de municiones, uno de los principales desafíos

La publicación identifica importantes oportunidades de mejora en la regulación y el control de las municiones.

Si bien Uruguay cuenta con un marco normativo de control de armas robusto, el estudio señala que los controles específicos sobre municiones presentan un desarrollo limitado, especialmente en materia de registro, seguimiento de adquisiciones y prevención de desvíos hacia mercados ilegales.

El informe destaca que Uruguay es el único Estado miembro del Mercosur que no establece límites cuantitativos a la compra de municiones por parte de civiles y donde persisten mecanismos de registro manual de transacciones.

 

Recomendaciones para fortalecer la prevención y el control

A partir de los resultados, el informe plantea una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la prevención de la violencia armada y fortalecer las capacidades institucionales.

Entre las principales propuestas se destacan la implementación de sistemas de información interoperables entre los organismos responsables del control de armas y municiones; el fortalecimiento de la trazabilidad y la fiscalización; y la regulación de la importación, comercialización y adquisición de municiones.

También recomienda reforzar la cooperación regional para combatir el tráfico ilícito de armas, mejorar los controles en fronteras y promover intervenciones territoriales de prevención basadas en evidencia.

Asimismo, propone incorporar de manera transversal las perspectivas de género, juventudes e interseccionalidad, con especial atención a las poblaciones y territorios más afectados por la violencia armada.

La publicación aporta así un diagnóstico actualizado y un conjunto de recomendaciones para fortalecer la coordinación institucional y avanzar hacia políticas de seguridad ciudadana integrales, centradas en las personas y sustentadas en evidencia.

Autores

  • Área de Estadísticas y Criminología Aplicada

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