Condiciones iniciales: posibilidades y habilidades
La implementación del teletrabajo es una oportunidad que trae muchos desafíos. No obstante, también exige que estén presentes una serie de condiciones iniciales que lo hagan posible. Si no están dadas las condiciones, se corre el riesgo de que los funcionarios no puedan cumplir con sus tareas y objetivos, afectando la productividad en el sector público. No todos los funcionarios tienen las mismas posibilidades de teletrabajar, ni tampoco las mismas habilidades. En este capítulo se analiza la existencia de alguna de estas condiciones, poniendo el énfasis en las diferencias que existen entre distintos segmentos de funcionarios.
El primer aspecto que debe ser analizado es hasta qué punto las tareas que desempeñan los funcionarios pueden ser adaptadas hacia una modalidad remota. Hay tareas que requieren presencialidad. Quienes las desempeñan tienen menos posibilidades de cumplir sus objetivos a través de la virtualidad. Se consultó a los funcionarios sobre su grado de acuerdo con que las tareas que realizan se pueden desarrollar de forma virtual sin afectar el normal desempeño del servicio que ofrecen a la ciudadanía. Los datos muestran que el 58% de los funcionarios podría teletrabajar sin afectar el desempeño de sus servicios. En cambio, uno de cada cuatro manifiesta lo contrario.
Esta realidad no afecta a todos los organismos de la misma forma. Hay ministerios en los que la proporción de funcionarios que manifiestan que trabajar de forma remota afectaría el desempeño de su servicio es mayor al resto. Tal es el caso de organismos como MI (35%), MGAP (34%) o MDN (31%). El dato muestra que por el tipo de servicios que ofrecen, hay organismos que pueden presentar mayores dificultades para teletrabajar que otros. Hay otro conjunto de organismos cuya actividad es más adaptable a esta modalidad. Tal es el caso de MVOT, Presidencia o MIEM, en donde las respuestas favorables son ampliamente mayoritarias.
Los datos también muestran que hay diferencias entre grupos ocupacionales. La proporción de funcionarios que expresan que sus tareas y servicios se verán afectados a partir del teletrabajo es mayor en aquellos grupos que se caracterizan por desarrollar tareas físicas, como los oficios (33%) o servicios auxiliares (34%). Lo contrario ocurre en otros grupos, como el administrativo o el profesional, donde la proporción de respuestas desfavorables es menor que en el resto (22 y 18%, respectivamente). Ello da cuenta de que las posibilidades de teletrabajar se encuentran desigualmente distribuidas entre grupos ocupacionales y ministerios.
Otro de los desafíos para implementar el trabajo remoto está vinculado a las habilidades digitales que deben tener los funcionarios para llevar adelante sus tareas bajo esta modalidad. El teletrabajo requiere de una serie de competencias específicas, muy diferentes a las requeridas cuando se desempeñan tareas presenciales. Se consultó a los funcionarios sobre su capacidad de realizar 11 actividades –con distinto nivel de dificultad– relacionadas al uso de internet y dispositivos sin la ayuda de otras personas. En promedio, los encuestados manifiestan que pueden realizar el 83% de las actividades planteadas. Ello da cuenta de que, en general, los funcionarios tienen las habilidades básicas para trabajar de forma remota.
Se debe tener en cuenta que la distribución de habilidades tampoco es homogénea entre los distintos incisos. Hay organismos cuyos funcionarios tienen un mayor nivel de habilidades para el teletrabajo que otros. Particularmente, se destaca el menor nivel de habilidades que manifiestan tener los funcionarios del MT en relación al resto de los ministerios. En promedio, sus funcionarios respondieron que pueden realizar el 69% de las actividades planteadas. A nivel institucional también se ven diferencias en cuanto al grupo ocupacional. De esta forma, quienes realizan tareas técnicas y profesionales (86%) tienden a tener más habilidades que el resto.
Otro elemento a considerar es que las habilidades también están mediadas por factores sociodemográficos, como la edad y el nivel educativo de los funcionarios. El promedio de actividades que son capaces de realizar aumenta entre los más jóvenes y entre los de mayor nivel educativo. A modo de ejemplo, los menores de 34 años pueden realizar el 89% de las actividades sin ayuda. Entre los mayores de 60 la proporción desciende a 77%. De la misma forma, los que tienen educación universitaria manifestaron poder realizar, en promedio, el 86% de las actividades. La proporción desciende a 79% entre los que tienen educación básica y media.
Más allá de la cantidad de habilidades que son capaces de realizar los funcionarios, es necesario poner el foco en cuáles son y su nivel de dificultad. Hay una serie de habilidades básicas que están presentes en casi la totalidad de los funcionarios. Enviar mensajes o correos electrónicos con archivos adjuntos (99%), copiar y mover texto o imágenes (98%), utilizar programas de edición de texto, hojas de cálculo y presentaciones (95%) y utilizar programas de videoconferencia (90%) son actividades que casi todos los funcionarios pueden realizar. Este tipo de actividades configuran el nivel más básico para ejecutar las tareas que requiere el teletrabajo.
En el otro extremo, hay habilidades que están presentes en una menor proporción de funcionarios. Firmar documentos de forma electrónica (65%), invitar y dar permisos para colaborar en un documento compartido (66%) y comprobar que un sitio web es seguro (75%) son actividades que no todos los funcionarios pueden realizar. Estas habilidades se caracterizan por tener un mayor grado de complejidad que las mencionadas en el párrafo anterior. La necesidad de contar con este tipo de habilidades para teletrabajar dependerá de las tareas que realice cada funcionario.
Las habilidades complejas son más necesarias para realizar tareas administrativas, especializadas, técnicas y profesionales. Es relevante poner el foco y ver en qué medida están presentes en quienes se desempeñan en estos grupos ocupacionales. Los datos muestran que existen dificultades vinculadas al uso de documentos compartidos, la firma electrónica y la comprobación de seguridad de los sitios web. En los cuatro grupos la proporción de funcionarios que no pueden realizar dichas tareas sin apoyo es superior al 20%. Entre los administrativos, los mayores problemas se relacionan con compartir documentos (40%), mientras que, entre los técnicos, especializados y profesionales se destacan las dificultades para firmar electrónicamente (43, 41 y 40%, respectivamente).
En este capítulo se puso el foco en las condiciones iniciales para implementar el teletrabajo en el sector público. El objetivo fue poner de manifiesto algunas diferencias en lo que refiere a las posibilidades de adaptar las tareas hacia esta modalidad y también en la distribución de habilidades entre los funcionarios. Los datos muestran que existen diferencias que deben ser contempladas al momento de planificar la extensión de esta modalidad en el sector público. Pensar el teletrabajo de cara al futuro debería tener en cuenta estas diferencias y evitar pensar en recetas generales. Los datos ponen de manifiesto la necesidad de construir espacios de formación y desarrollo de capacidades que apunten a nivelar el desarrollo de habilidades.