Exposición de Motivos - RC 2023

5.5.1 “Plan Avanzar” para poblaciones vulnerables

El Plan Avanzar resume la política llevada adelante por esta administración a partir de marzo del 2020, para atender la situación de los asentamientos irregulares en todo el territorio nacional. Incluye intervenciones que ya estaban en curso, se retoman intervenciones de proyectos que estaban en pausa y se agregan nuevas intervenciones. Lo inédito del mismo es que por primera vez se trabaja en cooperación con todos los gobiernos departamentales y es desarrollado simultáneamente en todo el país. El objetivo del gobierno mediante el Plan Avanzar es intervenir en 120 asentamientos irregulares, llegando a mejorar la situación habitacional de unos 15.000 hogares.

El Plan Avanzar se constituye en base a tres pilares fundamentales:

  1. Proponer una nueva organización institucional mediante la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU), dentro del MVOT. A través de la DINISU se logra una mirada integral y coordinada para atender a los asentamientos irregulares y la informalidad socio-urbana en todo el territorio nacional.
  2. Descentralización y trabajo en simultáneo en todo el país, trabajando en conjunto con las 19 intendencias y en coordinación con el Sistema Público de Vivienda.
  3. Recursos adicionales de por lo menos US$ 240 millones, provistos tanto mediante incrementos en el presupuesto nacional como a través de la creación del Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU).

La ejecución del “Plan Avanzar” en asentamientos y ocupaciones irregulares se ha venido desarrollando a través de acuerdos con las intendencias departamentales, con acciones y ejecución a través otros actores del Sistema Público de Vivienda (como MEVIR por ejemplo) y también a través de las líneas de acción del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), el Plan Socio-Habitacional Juntos y el Plan Nacional de Relocalizaciones (PNR).

Como parte de los acuerdos estratégicos firmados entre DINISU y las 19 intendencias, durante 2022 se comenzó a implementar la ejecución de programas destinados a la prevención del crecimiento o formación de nuevos asentamientos u ocupaciones irregulares, lo que incluye la entrega de canastas de materiales y lotes con servicios, ya incluidos en la firma de los acuerdos estratégicos en el año 2022. En esta modalidad se han comenzado a ejecutar 240 canastas de materiales para familias de Río Negro, Flores, Florida y Maldonado.

A su vez, de conformidad con el artículo 399 de la Ley N.º 20.212, de 6 de noviembre de 2023, se creó el Registro Nacional de Asentamientos Irregulares (RNAI), cuyo cometido es registrar con fines administrativos y estadísticos, los ámbitos de informalidad y precariedad urbano-habitacional identificados como asentamientos irregulares. En este contexto, se está elaborando la reglamentación que establece los contenidos, mecanismos de actualización y disposición pública de la información. Se trabajó junto a la DINOT en el desarrollo de una geo plataforma que servirá de soporte para dicho Registro. Durante 2023, se coordinó una mesa de trabajo interinstitucional para el registro de información sobre áreas de informalidad y precariedad integrada por equipos técnicos del INE, DINOT y el Observatorio de Asentamientos Irregulares.

Por otra parte, se aprobó la aplicación del protocolo de acceso a viviendas disponibles en el mercado, para proyectos gestionados por DINISU, para la relocalización de familias residentes en asentamientos irregulares o áreas precarizadas. En total, actualmente se han postulado 112 familias y 25 ya han recibido su vivienda, 18 corresponden a proyectos del PMB y 7 a financiamiento desde el FISU de Paysandú.

En mayo de 2022, se firmó el Contrato del Fideicomiso para la creación del Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU) entre el Poder Ejecutivo como fideicomitente, actuando a través los Ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Economía y Finanzas (MEF) y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Conafin Afisa, como fiduciario, estableciendo el rol de gestor para la DINISU – MVOT.

Se estableció la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por los Ministros representantes de los tres fideicomitentes, que aprueba el Plan de Obras y Actividades a financiarse a través del FISU, el cual fue presentado por la DINISU en su calidad de gestor el 4 de agosto del 2022. El Plan presentado contenía 68 intervenciones en todo el país, organizadas en 4 grupos según las características, con un Grupo 1 caracterizado por contener principalmente realojos, un Grupo 2 de intervenciones correspondientes a regularizaciones medianas y los Grupos 3 y 4 con asentamientos que requieren regularizaciones de mayor escala.

Los recursos que se le han asignado al FISU por ley son UI 106 millones anuales más lo recaudado por IRPF e IRAE en virtud de la enajenación de inmuebles rurales (Art. 47 del Título 4 y literal B) Art. 20 del Título 7, ambos del Texto Ordenado 1996). Adicionalmente, se autoriza a que el fideicomiso de administración solicite préstamos para apalancar su patrimonio. A junio de 2024, ingresaron recursos al FISU por $ 3.440 millones. A su vez, la Comisión de Seguimiento aprobó contratar endeudamiento, por hasta un total de US$ 200 millones, el cual se encuentra en proceso de contratación (aprobados pendientes de firma) con organismos multilaterales de crédito e instituciones de intermediación financiera.

En tanto, al 31/5/2024 del total de recursos adicionales destinados al Plan Avanzar, se llevan completados proyectos ejecutados de los recursos adicionales un total aproximado de US$ 53 millones, incluyendo FISU (US$ 40 millones), Convenio de Administración de fondos con CND (US$ 4 millones) y los adicionales de PMB (US$ 9 millones). A su vez, se cuenta con recursos adjudicados que ya están en obra (US$ 114 millones), recursos adjudicados con obra por comenzar próximamente (US$ 65 millones) y proyectos actualmente en llamado a licitación a cargo del FISU (US$ 78 millones).

Avances en la ejecución

El Plan Socio-Habitacional JUNTOS: En 2023 se ha comenzado el proceso de intervención socio-habitacional con familias participantes de seis áreas, cuatro pertenecientes a la región Oeste (Instrucciones del año XIII en Bella Unión, Vanguardia Artiguista, Melchora Cuenca y Batalla de las Piedras en Salto), una en región Centro (Arerunguá, Tacuarembó), y una en el área Metropolitana (Cruzada Libertadora, Montevideo). Estas, se comprenden de 129 familias participantes, integradas por 1.448 personas.

Adicionalmente, el programa ha finalizado los procesos de intervención en cinco áreas: Andresito (Salto), Caudillo (Durazno), Vanguardia Artiguista (Fray Bentos), Éxodo del Pueblo Oriental (Rivera) y Soledad Cruz (Montevideo).

En todas sus modalidades de ejecución, para el año 2023, el Programa Juntos cuenta con un total de 208 soluciones habitacionales terminadas y 637 en ejecución.

A través del Plan Nacional de Relocalizaciones se relocalizaron 510 familias en 2023 y otras 817 se encuentran en proceso de ejecución de su relocalización. En Florida, se otorgaron 24 nuevas soluciones habitacionales a familias de los asentamientos Rivera y Rincón y Molino Hariflor, finalizando la intervención en el primer asentamiento y quedando pendiente el realojo de tres familias en el último, lo que se prevé en los próximos realojos del “Plan Avanzar”. En Soriano, se realojaron 110 familias de los asentamientos: Rodó y Ruta N.º 2, Canteras del Cerro, y Estación de Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), en el que ya fue terminada la intervención, todos en la ciudad de Mercedes. En San José, a través de mecanismos de Compra de Vivienda Usada del MVOT y ANV, se relocalizaron 17 familias del asentamiento Delta del Tigre, quedando solo tres familias para el cierre de proyecto en dicho asentamiento.

En cuanto a los proyectos en ejecución mediante el Programa de Mejoramiento de Barrios, en 2023 el PMB finalizó las obras previstas en las intervenciones de los asentamientos Campichuelo - Itapé, La Paloma - Sector I (Nueva Ruta y Pernambuco) y Parque Cauceglia. A su vez, se entregaron viviendas para realojos en las intervenciones de muestra de La Paloma (Montevideo), Nueva Esperanza (Solymar Norte) y Cotravi. Se completó la regularización de 580 familias, finalizando el trabajo en cuatro asentamientos. A su vez, 7.622 familias se encuentran en proceso de regularización.

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En el 2023, en lo que refiere al Sistema Público de Vivienda y/o la modalidad de Implementación Directa de las Intendencias Departamentales (IDs), luego de obras anticipadas, se iniciaron obras de relocalización y regularización a cargo de empresas constructoras y MEVIR en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rio Negro, Rivera, San José y Soriano.

Adicionalmente, se finalizó el proyecto Playa Vieja, en Sarandí del Yí (9 viviendas nuevas) y se entregaron seis viviendas de una intervención de 40 en Trinidad. En Paysandú, en el marco de la intervención en Parkway Sacra, se escrituraron siete viviendas a través del mecanismo de compra de vivienda usada. Finalmente, durante el año 2023, se publicaron 43 licitaciones asociadas a diferentes proyectos.

En 2023, en modalidad de SPV y/o Implementación Directa de las Intendencias, tanto en los proyectos con línea de actuación de regularización como de relocalización, se otorgaron un total de 22 soluciones entre vivienda nueva y usada y se encuentran en ejecución 4.460 soluciones habitacionales.

En cuanto al trabajo social con las familias beneficiarias, en 2023 se llevaron adelante recorridas en los 19 departamentos. Además, se realizaron actividades sociales ya sea por parte de los equipos sub ejecutores en territorio o con la participación de la supervisión del MVOT-DINISU en prácticamente todos los departamentos.

De esta manera, desde el inicio de esta administración y hasta el mes de mayo del presente año, se completaron y terminaron proyectos en 22 asentamientos correspondientes a 3.332 hogares. Se encuentran activos 99 proyectos que atienden las necesidades de 11.681 hogares, de los cuales 54 se encuentran en etapa de obra o proceso de compra de vivienda usada y atenderán a 5.836 hogares, 25 se encuentran en proceso de llamado a licitación y atenderán a 4.216 hogares y otros 20 proyectos que atenderán a 1.696 hogares, se encuentran en etapa de elaboración de proyecto.

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