Operación Oruga: cuatro personas mayores condenados y un adolescente internado tras diez allanamientos
En las últimas horas, la Brigada Departamental Antidrogas bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Segundo Turno llevó adelante la operación Oruga, en el marco de las actuaciones destinadas al combate del tráfico de estupefacientes
El operativo incluyó la realización de diez allanamientos en fincas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, concretamente en los barrios 25 de Agosto, Palomar, Las Delicias, Tradición Oriental y Landa.
El procedimiento contó con el apoyo de efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT), Seccional 3.ª, Investigaciones de las Zonas Operacionales III y II, Unidad de Respuesta Policial (URP), Unidad K9, GRT de Cerro Largo, GRT de Rocha y Brigada Departamental Antidrogas de Lavalleja.
Como resultado de las actuaciones, fueron detenidas diez personas, entre ellas un adolescente, y se incautaron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos:
Siete teléfonos celulares.
Envoltorios y un estuche conteniendo sustancia blanca.
Dos balanzas de precisión.
Tres armas de fuego.
Dos motocicletas.
Una bicicleta.
Dinero en moneda nacional.
Concluidas las instancias ante el Juzgado Letrado de Cuarto Turno Departamental, la Justicia dictó sentencia respecto a cinco de los diez detenidos originalmente:
- R.C.D.S.C., de 37 años fue condenado a dos años y un mes de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de suministro oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas, en régimen de reiteración real con un delito de hurto agravado en grado de tentativa.
- L.M.A., de 35 años, y A.G.U.R., de 25 años, ambos recibieron una pena de dos años de penitenciaría tras ser hallados responsables de un delito de suministro oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas.
- M.F.F.K., de 25 años fue condenada a dos años de penitenciaría como autora de un delito de asistencia a los agentes del suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.
- En cuanto al adolescente de 17 años, la Justicia lo declaró responsable de una infracción grave a la ley penal, tipificada como suministro oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas, ordenando su internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por el plazo de diez meses.
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