Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad
En el marco del compromiso del Estado uruguayo con la garantía plena de los derechos humanos, el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad se constituye como una hoja de ruta estratégica para transformar las condiciones que reproducen desigualdades y exclusiones hacia las personas en situación de discapacidad en Uruguay.
Mandatado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), este Plan adopta el enfoque de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad, reconociendo que las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, normativas e institucionales son las que generan discapacidad al impedir la participación plena y efectiva de este colectivo en la sociedad en igualdad de condiciones.
Su diseño se fundamenta en una perspectiva interseccional, intersectorial, territorial y basada en evidencia, articulando políticas públicas que promuevan la inclusión, la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Se propone que el proceso de elaboración del plan sea participativo, abierto, transparente y aloje espacios de contribución abierta y permanente como forma de nutrir cada acción, con datos y efectos de la realidad social. Involucrando a organizaciones representativas de personas con discapacidad, instituciones públicas, actores académicos, organismos internacionales y la ciudadanía en general.
Este diálogo multiactoral permite identificar prioridades estratégicas, desafíos estructurales y líneas de acción concretas para avanzar en el cumplimiento de los derechos reconocidos por la normativa nacional e internacional.
El Plan se estructura en 10 componentes que abordan de forma integral las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de derechos atravesados por una perspectiva interseccional (género, generaciones, pobreza, etnia, raza, entre otras): accesibilidad; salud; educación; trabajo; vivienda, autonomía y vida independiente; capacidad jurídica y acceso a la justicia; cultura y deporte, toma de conciencia; institucionalidad; y producción de datos.
Estos componentes se relacionan directamente con los principales capítulos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, permitiendo una lectura y análisis basado en el enfoque de derechos humanos. Asimismo, engloban los ejes acordados en el Compromiso Interpartidario alcanzado en 2024, que constituye un hito inédito y una base para alcanzar una política de Estado en materia de derechos de las personas con discapacidad Y contemplan los principales ejes de lucha de las organizaciones de personas con discapacidad.
Para cada componente se establecen objetivos estratégicos, metas verificables, indicadores de resultado e impacto, y responsables institucionales asegurando mecanismos de seguimiento, evaluación, monitoreo y rendición de cuentas.
Este diseño permite abarcar de forma organizada el conjunto de instituciones del Estado en el proceso de implementación de las acciones.
Este Plan es una apuesta política y ética por una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Representa un paso firme hacia la eliminación de barreras, la promoción de entornos accesibles y la construcción colectiva de una ciudadanía plena, donde todas las personas puedan vivir con libertad, autonomía e igualdad de oportunidades promoviendo la representación propia de las personas en esta situación y generando una redistribución social de percepciones colectivas inclusivas.
Su construcción, su implementación y monitoreo requiere el aporte activo de todos los actores involucrados —instituciones públicas, organizaciones sociales, sector privado, academia y ciudadanía—, quienes deben asumir un rol protagónico en este proceso. Solo mediante un compromiso compartido podremos hacer realidad el lema que lo guía: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.