Institucionalidad
Hacia una nueva arquitectura institucional y jerarquización de las políticas de discapacidad en Uruguay.
El fortalecimiento de la institucionalidad en el campo de la discapacidad es uno de los pilares estratégicos para garantizar la efectiva implementación de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su transversalización en todas las políticas públicas.
La CDPD establece, en su artículo 33, que los Estados Partes deberán designar uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención, y promover la coordinación de medidas a distintos niveles y sectores.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado su preocupación por el bajo rango de la institucionalidad rectora de las políticas de discapacidad a lo largo de los años.
En la campaña presidencial se elaboró un compromiso interpartidario firmado por todos los candidatos a presidente, lo que expresa con claridad la necesidad de otorgar mayor jerarquía institucional a las políticas de discapacidad, promoviendo la creación de una nueva institucionalidad de carácter nacional y descentralizado.
Se reconoce que, como en muchos países, es conveniente establecer ámbitos supraministeriales para la definición de las políticas, lo que permitiría una mayor articulación a nivel nacional y una acción transversal más eficaz.
Asimismo, se subraya la necesidad de vincular la institucionalidad con asignaciones presupuestales adecuadas, así como con mecanismos formales de participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Las prioridades del Programa de Gobierno y las plataformas sociales convergen en la necesidad de generar ámbitos con jerarquía supra ministerial, que articule las políticas públicas en discapacidad desde una perspectiva interseccional y respuestas intersectoriales, interinstitucional, territorial, participativa y basada en los derechos humanos.
Esto se traduce en la propuesta concreta de creación de una nueva arquitectura
institucional conformada por una Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, como ámbito supra ministerial, por el Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (INADIS), con competencia en la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en discapacidad y accesibilidad y por la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad, como ámbito que jerarquice la participación social.
Su diseño debe garantizar no sólo una base técnica robusta, sino también la participación activa de las organizaciones representativas de personas con discapacidad.
Esta transformación institucional es la base para avanzar en una política de Estado sostenible, articulada y eficaz, capaz de superar lógicas asistencialistas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, habilitando las herramientas del diseño universal y la flexibilidad que los ajustes razonables ameritan, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay.
Objetivo Estratégico 1:
Jerarquizar y fortalecer la institucionalidad responsable de la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad y accesibilidad, asegurando su capacidad de coordinación, regulación y seguimiento con enfoque de derechos humanos.
● Objetivo Específico: Crear el Instituto Nacional de Derechos de Personas con Discapacidad (INADDIS)
Acción:
Creación del Instituto Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
● Objetivo Específico: Crear un ámbito a nivel supra ministerial para la definición de políticas y articulación interinstitucional.
Acción: Creación de la Junta Nacional de Políticas en Discapacidad
● Objetivo Específico: Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en las definiciones políticas.
Acción: Creación de la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad
Objetivo estratégico 2:
Alinear la normativa y regulaciones nacionales con los estándares y obligaciones emanados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Objetivo Específico: Identificar y reformar toda la legislación y las regulaciones que están en contradicción con los estándares y preceptos de la Convención, utilizan términos peyorativos, discriminan negativamente, o restringen los derechos de las personas con discapacidad.