Datos y Estadísticas
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece en su artículo 31 la obligación de los Estados Partes de recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, con el objetivo de formular y aplicar políticas públicas que hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención. Esta recolección debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, garantizando la confidencialidad y el consentimiento informado y la accesibilidad en todo el proceso .
En su revisión al Estado uruguayo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por la ausencia de datos desglosados y comparables sobre las personas con discapacidad en todos los sectores, así como la falta de indicadores de derechos humanos y la invisibilización de dimensiones clave como el género, la infancia y la violencia. Por ello, recomendó fortalecer los sistemas nacionales de datos y desarrollar indicadores construidos desde un enfoque de derechos, en diálogo directo con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.
El Compromiso Interpartidario que respalda este Plan reconoce que sin datos actualizados, desglosados y robustos no es posible construir una verdadera política de Estado en materia de discapacidad. Si bien Uruguay ha incorporado las preguntas del Grupo de Washington en los censos nacionales, aún persisten importantes brechas en la información sobre características, necesidades y condiciones de vida de las personas con discapacidad, especialmente en relación
con la población institucionalizada y con enfoques interseccionales que contemplen edad, género, etnia, estatus migratorio y territorio.
En este sentido, uno de los principales desafíos del próximo quinquenio es la implementación efectiva del baremo único nacional de discapacidad (BUND), que permitirá unificar criterios y acceder a un certificado único de discapacidad válido en todo el país que permita acceder a prestaciones y servicios. Esto será clave para la consolidación del Registro Nacional de Personas con Discapacidad como fuente de datos estadísticos y para el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.
Asimismo se desarrollará desde el Instituto de Discapacidad un sistema integral de monitoreo de indicadores que permitirá realizar un seguimiento sistemático y continuo de las acciones implementadas y sus resultados correspondientes.
Este sistema de monitoreo estará diseñado para evaluar de manera objetiva y cuantificable el cumplimiento de los objetivos institucionales, midiendo tanto los procesos ejecutados como los impactos generados en la población beneficiaria. A través de la recopilación, análisis y seguimiento de datos específicos, se podrá determinar la efectividad de las intervenciones realizadas y el grado de avance hacia las metas establecidas.
El sistema contemplará indicadores de gestión que medirán la eficiencia en la ejecución de actividades, así como indicadores de resultado que evaluarán los cambios y mejoras logradas en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esto incluirá métricas relacionadas con la cobertura de servicios, la satisfacción de usuarios, el cumplimiento de estándares de calidad, y el impacto social de las políticas implementadas.
La información generada por este sistema servirá como herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas, la identificación de áreas de mejora, la rendición de cuentas ante la ciudadanía, y la optimización continua de los programas y servicios ofrecidos por la institución.
Finalmente, se impulsará la creación de un Observatorio Nacional sobre Discapacidad, con capacidad técnica para sistematizar los datos existentes, identificar vacíos de información y promover líneas de investigación orientadas a generar evidencia para la toma de decisiones públicas. Este Observatorio trabajará en estrecha articulación con organismos públicos, universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y las propias personas con discapacidad, garantizando su participación activa y protagónica en el proceso.
Objetivo Estratégico:
Fortalecer la generación, disponibilidad, calidad y análisis de datos e información desglosada sobre las personas con discapacidad, asegurando su uso efectivo para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
● Objetivo Específico: Implementar la valoración y certificación única de la discapacidad para el acceso a prestaciones, servicios y otros trámites que requiera esta población.
● Objetivo Específico: Promover la generación de datos e investigaciones con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y participación de las personas con discapacidad.
● Objetivo Específico: Crear y sostener un Observatorio Nacional y un sistema de gestión sobre las políticas de discapacidad que permitan la sistematización, análisis y difusión de información confiable, accesible y actualizada sobre la población con discapacidad en Uruguay.