9.8 Infraestructura para seguridad ciudadana
En materia de infraestructura relativa a la seguridad ciudadana, la mejora de la eficacia policial ha tenido como correlato el aumento de la población privada de libertad derivada por la Justicia al Instituto Nacional de Rehabilitación. Con el objetivo de evitar el hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones para la rehabilitación, se han destinado recursos de modo de apuntalar la mejora de la situación carcelaria.
En 2022 se elaboró un contrato median la modalidad de PPP para la construcción, operación y mantenimiento, por un período de 14 años, de la obra pública denominada “Centro de Rehabilitación” en la localidad de Libertad, con un costo aproximado de US$ 78 millones que se ejecutará entre 2023 y 2024. Dicho centro incluye: tres unidades de privación de libertad (UIPPL) con un total de 460 plazas cada una para población masculina y catalogada de media-alta seguridad, un centro de 20 plazas destinadas a arrestos administrativos (personas extraditables), un centro con 30 plazas funcionales destinadas al sector de admisión y áreas comunes al centro (talleres y área de salud).
Por su parte, el año pasado finalizó la construcción de una cárcel de máxima seguridad para personas con delitos vinculados al narcotráfico y privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad. La UPL Nº 25 de Máxima Seguridad supuso el reacondicionamiento de módulos y la disposición de un régimen de vigilancia especial, terminando el año con 17 plazas ocupadas de un total de 48 disponibles. Asimismo, en el establecimiento penitenciario “Santiago Vázquez” (UPL N°4), se realizaron mejoras de 116 celdas y se instalaron 384 camas.
Continuando con el proceso ya iniciado de trasladar establecimientos penitenciarios que aún se ubican en la planta urbana de capitales departamentales, se inauguró, en Tacuarembó, la UPL Nº 26 que mejoró las condiciones de reclusión e implicó un aumento de 88 a 150 las plazas disponibles. En Artigas, comenzó la construcción de la nueva cárcel con capacidad para 184 reclusos y en Treinta y Tres se construirá el nuevo establecimiento carcelario con capacidad para 150. En Salto, se amplió la UPL Nº 20 en 60 plazas y se prevé para el próximo año el llamado a licitación y el inicio de las obras para una ampliación locativa de 120 plazas adicionales. Finalmente, en Rocha se construyó una nueva cárcel de 30 plazas que sustituirá a la utilizada hasta el momento, mejorando las condiciones de reclusión.
Asimismo, para continuar abatiendo el hacinamiento carcelario, se prevé extender la PPP de la unidad penitenciaria de Punta de Rieles para la construcción de una nueva planta. Dicha unidad tendrá una capacidad de 846 plazas y allí se derivará mujeres privadas de libertad que hoy se encuentran en otros centros de reclusión.
Por su parte, con el objetivo de ampliar la infraestructura de salud en las UIPPL se atendieron distintos proyectos. En Santiago Vázquez, se creó una sala de odontología, en la UPL Nº 7 de Canelones se creó un área para población privada de libertad con tuberculosis y en el centro Juan Soler de San José se creó una sala de observación médica. Finalmente, en conjunto con ASSE, se trabajó para proyectar la construcción de un Hospital Penitenciario que redundará en una mejor atención de las personas privadas de libertad, la reducción de conducciones médicas y de los riesgos de seguridad que éstas implican.
En lo que respecta a las actividades educativas de las personas privadas de libertad, se invirtió en diferentes espacios. En el Penal de Libertad (UPL Nº 3), se encuentra en construcción un centro universitario con salones de estudio multifuncionales equipados con ese fin. En la UPL Nº 17 de Lavalleja se remodeló un salón educativo, en Salto se comenzó a construir una “Comunidad Educativa” con mano de obra de privados de libertad.
Finalmente, en lo que refiere a desarrollo de la infraestructura policial, se inauguraron 16 nuevas dependencias y se reinauguraron 15 luego de ampliaciones y reacondicionamientos. Canelones fue el departamento donde se inauguraron un mayor número de dependencias, entre ellas una Comisaría especializada en Violencia Doméstica y Género ubicada en Toledo.
La totalidad de las inversiones en infraestructura para seguridad ascendieron US$ 11 millones en 2022 y se espera totalicen los US$ 90 millones en lo que resta del período de gobierno.