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10 - Plan Nacional de Seguridad Pública

Breve descripción del compromiso: El Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025–2035 es un instrumento estratégico del gobierno nacional para desarrollar políticas eficaces, eficientes y justas, que aborden los principales desafíos estructurales en materia de seguridad. 

Esto implica:

• Orientar la política de forma coherente, planificada y evaluable.
• Abordar de manera amplia los problemas de seguridad, involucrando a los todos actores relevantes.
• Informar las intervenciones con la mejor evidencia científica disponible.
• Promover la participación de actores relevantes y acuerdos que garanticen legitimidad y continuidad en el largo plazo.
• Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, alineados al enfoque de Derechos Humanos.

Organización que lidera el compromiso: Ministerio del Interior.

Instituciones/Organizaciones que apoyan: Presidencia de la República.

Responsable del compromiso: Emiliano Rojido, Asesor en Políticas de Seguridad Pública. Contacto: emiliano.rojido@minterior.gub.uy

Responsable técnico: Carlos Pimienta, APIPE. Contacto: carlos.pimienta@minterior.gub.uy

Partes interesadas: Serán convocados a participar de los Encuentros por Seguridad los siguientes actores:

1. Gobierno: los tres poderes del Estado, diversas agencias del gobierno nacional y gobiernos subnacionales.
2. Sociedad Civil: organizaciones no gubernamentales, la academia, y las empresas del sector productivo.
3. Sistema político: todos partidos políticos con representación parlamentaria.
4. Otros actores: Agencias internacionales. 

Período de implementación: Setiembre 2025 - Junio 2029.
 

Definición del problema

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? 

La seguridad pública es uno de los desafíos más urgentes y complejos que enfrenta Uruguay. Aunque el país ha registrado mejoras en diversos indicadores sociales, la criminalidad, especialmente en sus formas más violentas, ha aumentado de manera sostenida en las últimas décadas, con costos en términos humanos, económicos y sociales. 

¿Cuáles son las causas del problema?

Las causas de la violencia y criminalidad son múltiples y complejas, pero pueden agruparse en cuatro grandes modelos explicativos, no excluyentes entre sí:

• Los factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la rápida urbanización y el desempleo han sido tradicionalmente señalados como predictores de la violencia y la criminalidad.
• La ineficiencia del sistema de justicia criminal. La baja tasa de esclarecimiento de los delitos, la impunidad y la precariedad del sistema penitenciario contribuyen a que los conflictos no se resuelvan por la vía legal. A esto se suma el papel ambiguo del Estado, que en muchos casos responde con violencia institucional excesiva, lo que puede agravar la situación.
• La influencia de factores facilitadores como la disponibilidad de armas de fuego y el consumo de alcohol, que agravan las consecuencias de los conflictos interpersonales.
• La presencia del crimen organizado, especialmente en forma de grupos armados que disputan territorios o mercados ilegales, generando incrementos abruptos en los homicidios y corrupción.
   

Descripción del compromiso

¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar el problema?

Las políticas de seguridad en Uruguay han sido fragmentadas y no evaluadas en términos de su impacto. A pesar de algunos esfuerzos aislados, la falta de una estrategia integral, sostenida y basada en evidencia ha impedido avances significativos en la prevención y el control del delito. Esta situación persiste a pesar de la alternancia de partidos en el gobierno y del aumento progresivo de la inversión presupuestaria, lo que profundiza la frustración ciudadana y genera un terreno fértil para el surgimiento de propuestas populistas en materia de seguridad.

¿Qué solución propone?

Se propone un Plan Nacional de Seguridad Pública (2025-2035), un instrumento inédito en el país y diseñado para abordar los problemas de seguridad en el mediano y largo plazo. Su objetivo es ofrecer un enfoque estratégico que fortalezca la capacidad del Estado para prevenir y controlar el delito, garantizar la convivencia pacífica y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

En adherencia a los principios de gobierno abierto, se asumen dos compromisos concretos:

1. Diseñar el PNSP a partir de la participación colaborativa de diversos actores relevantes, como agencias gubernamentales, partidos políticos, sociedad civil organizada, academia y sector productivo. El diálogo parte del reconocimiento de que la seguridad pública es una construcción colectiva.
2. Establecer mecanismos para rendir cuentas a la ciudadanía. Esto se concretará mediante la elaboración de una estrategia de monitoreo y evaluación, y con la realización de encuentros periódicos de seguimiento, contando con la participación de los diversos actores integrantes del proceso.

El diseño del PNSP se organiza en 5 fases que buscan equilibrar política, técnica y construcción de legitimidad social:

1. Diagnóstico: elaboración inicial de un informe técnico como disparador del proceso (marzo a junio de 2025- Fase ya completada).
2. Encuentros por Seguridad: Espacio amplio de interlocución para profundizar el diagnóstico, identificar prioridades y perfilar intervenciones (julio a diciembre de 2025).
3. Propuesta técnica: construcción programática con base en la evidencia y en los aportes del diálogo social (julio de 2025 a enero de 2026).
4. Propuesta política: definición de prioridades finales considerando aspectos como la viabilidad normativa, financiera y operativa (enero de 2026).
5. Validación social: cierre del proceso de diseño con registro de consensos y disensos, y compromiso institucional con su ejecución. Así, se busca dotar al PNSP de legitimidad social y sustentación política más allá de los períodos de gobierno. (febrero de 2026). 

En marzo de 2026 se dará inicio la implementación, junto con la aplicación de mecanismos de monitoreo y evaluación. Estos mecanismos permitirán medir el grado de cumplimiento del plan, realizar ajustes en su gestión, informar la toma de decisiones y fortalecer el control democrático y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

¿Qué resultados queremos lograr implementando este compromiso?

Un Plan Nacional de Seguridad Pública no es un conjunto de medidas aisladas o que surjan de la reacción a problemas puntuales. Es un marco de acción estructurado, que define objetivos y líneas de intervención para orientar la política de seguridad de manera integral, articulada, enfocada en desafíos estructurales y sostenida en el tiempo. 

El Plan Nacional de Seguridad Pública busca contribuir a la formulación de políticas de seguridad eficaces, eficientes y justas, que aborden los principales desafíos estructurales en la materia. Específicamente, se pretende:

• Consolidar un sistema de información criminal integrado, estandarizado y transparente; que permita informar las políticas y facilitar la producción de conocimiento e innovación en materia de seguridad pública.
• Mejorar la focalización territorial y poblacional de las políticas de prevención, optimizando el uso de recursos y aumentando su efectividad.
• Reprimir de manera inteligente, concentrando los esfuerzos de control del delito sobre los individuos y grupos más violentos o peligrosos.
• Fortalecer la capacidad investigativa para reducir los niveles de impunidad y abordar de manera más eficaz los delitos complejos.
• Impulsar una reforma profunda del sistema penitenciario y priorizar la prevención terciaria, con el objetivo de reducir la reincidencia y promover la reinserción social.
• Fortalecer las instituciones del sistema de justicia criminal, y en particular, garantizar la integridad y profesionalismo de la fuerza pública.
• Promover una visión compartida de la seguridad pública como un compromiso colectivo, fortaleciendo la participación de actores estatales, sociales y comunitarios en la construcción de soluciones sostenibles.

En conjunto, estos resultados contribuirán a una política de seguridad más justa, transparente y centrada en las personas, en línea con los principios de gobierno abierto.
 

Análisis del compromiso

¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso?

El PNSP se alinea con los principios de gobierno abierto al promover la transparencia en la gestión de la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados. Asimismo, impulsa la coordinación entre instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado, reconociendo que la seguridad es una responsabilidad compartida. 

¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

Promueve la participación a través del desarrollo de un espacio amplio de interlocución para profundizar el diagnóstico, identificar prioridades y perfilar intervenciones

Finalmente, el PNSP fomenta la innovación en las políticas públicas mediante el uso de evidencia empírica, el aprendizaje continuo y el diseño de soluciones adaptadas a contextos dinámicos y complejos.
 

Planificación de compromisos