Línea de acción: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública
En el marco del fortalecimiento democrático y la consolidación de una gestión pública abierta, se han establecido un conjunto de iniciativas orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública y promover una cultura institucional basada en la transparencia:
- Fortalecimiento de la Transparencia Pública.
- Política Nacional de Gestión de documentos y Archivos para un Estado Transparente y Responsable.
- Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda.
- Construcción participativa y colaborativa de canastas de productos en el Sistema de Información de Precios al Consumidor.
- Transparencia y acceso a la información en el sector salud.
- Fortalecimiento del acceso a la información energética.
- Portal de Iniciativas del Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay con acceso público y abierto.
- Política de datos abiertos y acceso a la justicia.
Una de las iniciativas será el fortalecimiento de la transparencia pública mediante la adopción de soluciones tecnológicas que faciliten el acceso a la información en el marco de la implementación de la Ley N° 18.381 de octubre de 2008. Se impulsará la publicación sistemática de las solicitudes de acceso y sus respectivas respuestas, así como la promoción de las “Recomendaciones sobre transparencia algorítmica”, evaluando su implementación efectiva. Además, se elaborará una guía consensuada de criterios para la aplicación de la transparencia proactiva en los organismos del Estado.
En materia documental, se diseñará e implementará una Política Nacional de Gestión de Documentos y Archivos, con el propósito de mejorar la trazabilidad de la gestión pública y asegurar la conservación, organización y accesibilidad de los documentos oficiales. Esta política establecerá una hoja de ruta para la administración documental en el sector público, incorporando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas clave para garantizar la integridad, oportunidad y confiabilidad de la información.
Otra iniciativa será la creación de una Plataforma Digital Ciudadana del Sistema Público de Vivienda, que concentrará información sobre los programas habitacionales estatales. Esta herramienta permitirá a las personas recibir orientación personalizada sobre las opciones disponibles, con enlaces a los canales de postulación, incluirá datos abiertos, alertas de llamados y criterios de elegibilidad, además de generar indicadores públicos sobre cobertura, demanda y tiempos de respuesta.
En el ámbito del consumo, se actualizará la canasta de productos informados al Sistema de Información de Precios al Consumidor mediante un proceso participativo y colaborativo. A través de consultas públicas, se incorporarán productos que reflejen de forma más representativa los hábitos y restricciones de consumo de diversos grupos poblacionales, como personas con celiaquía, diabetes, infancias y personas mayores.
Se consolidará una estrategia institucional para mejorar el acceso a la información en el sector salud. Se desarrollarán visualizadores y se publicarán conjuntos de datos abiertos que faciliten la comprensión y utilidad de la información para la ciudadanía, la academia y la sociedad civil. En el sector energético, se promoverá la comunicación efectiva de datos mediante formatos abiertos y contenidos comprensibles, incorporando canales de consulta y retroalimentación ciudadana.
Finalmente, se habilitará el acceso público al Portal de Iniciativas del Sistema Integrado de Cooperación Internacional Uruguay, que centraliza los datos de cooperación internacional recibida y ofrecida por el país, promoviendo el uso estratégico de los datos y facilitando el acceso de públicos diversos a la información.
En el ámbito judicial, se institucionalizará una política de datos abiertos y se buscará fortalecer el acceso a la justicia, permitiendo a todas las partes involucradas en un expediente consultar su contenido de forma directa a través de la Ventanilla Única Judicial, equiparando el nivel de acceso actualmente reservado a los representantes legales.