Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

28 - Política de datos abiertos y acceso a la justicia

Breve descripción del compromiso: Este compromiso propone institucionalizar una política de datos abiertos y fortalecer el acceso a la justicia integrando la participación de la ciudadanía. Facilitar a todas las partes involucradas en un expediente su consulta en forma directa a través de la Ventanilla Única Judicial.     

Organización que lidera el compromiso: Poder Judicial.

Instituciones/organizaciones que apoyan: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del conocimiento (Agesic), Instituto de Promoción Económico Social de Uruguay (IPRU).

Responsable del compromiso: John Pérez Brignani, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Contacto: secdrperezbrignani@poderjudicial.gub.uy. 

Responsable técnico: Eduardo González, Jefe Administrador, División Tecnología.
Contacto: egonzalez@poderjudicial.gub.uy; Silvana Leggire, Cargo y departamento: Dirección de Área Jurisdiccional, División Tecnología. Contacto: sleggire@poderjudicial.gub.uy.

Partes interesadas:

1. Gobierno: No aplica.
2. Sociedad Civil: Ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la justicia.
3. Otros actores: Periodistas, investigadores, estudiantes.

Período de implementación: Marzo 2026 - Junio 2029.
 

Definición del problema

¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

Actualmente, uno de los principales desafíos en materia de acceso a la información pública radica en la falta de actualización de los datos abiertos disponibles. Si bien existen repositorios que concentran información relevante, no cuentan con una política definida que garantice su renovación periódica, lo que limita su utilidad para la ciudadanía y para los actores institucionales que requieren datos confiables y vigentes para la toma de decisiones.

En el ámbito judicial, el acceso a los expedientes a través de la Ventanilla Única está restringido exclusivamente a los profesionales patrocinantes, como abogados, escribanos y procuradores. Esta centralización obliga a las partes involucradas a depender de sus representantes legales para conocer el estado de sus trámites, incluyendo documentos generados, archivos adjuntos y registros de audio. Tal limitación en el acceso directo puede generar incertidumbre y desconfianza, especialmente en situaciones sensibles donde la transparencia resulta fundamental.

Por otro lado, se observa una carencia significativa de información orientativa para la ciudadanía respecto al inicio de trámites o procesos administrativos. No existen actualmente recursos accesibles del tipo “¿Cómo hago para…?”, que permitan a las personas comprender de forma clara y sencilla los pasos necesarios para interactuar con el Estado. Esta ausencia de guías prácticas dificulta la participación activa de la población en la gestión pública y refuerza barreras estructurales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

¿Cuáles son las causas del problema?

Una de las causas se debe a que la información en el catálogo de datos abiertos está desactualizada. Esto lleva a que no es posible contar con datos vigentes al momento que se necesite. Otra causa es la falta de información de la ciudadanía para interactuar con el Estado en forma más precisa y transparente.
 

Descripción del compromiso

¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar el problema?

Se han identificado las oportunidades planteadas para mejorar el acceso a la información, la calidad de los datos y fortalecer la transparencia de los procesos.

¿Qué solución propone?

Institucionalizar una política de datos abiertos en el ámbito del Poder Judicial, con el fin de fortalecer los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Para ello, se propone la elaboración de un plan integral de apertura de datos que contemple la participación activa de potenciales usuarios, a efectos de priorizar los conjuntos de datos a publicar. Este proceso incluirá especialmente aquellos vinculados a la judicialización de la infancia, derivados de los Juzgados de Familia Especializados en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Asimismo, se busca facilitar a la ciudadanía el acceso a la información judicial mediante mecanismos claros, accesibles y comprensibles, promoviendo la equidad informativa y el empoderamiento de la ciudadanía. En este sentido, se implementarán estrategias participativas que permitan identificar las necesidades reales de información por parte de la población, asegurando que los contenidos publicados respondan a demandas concretas y relevantes.

Por otra parte, se prevé la evolución del sistema “Acceso a Mis Expedientes”, con el propósito de garantizar que todas las partes involucradas en un proceso judicial puedan consultar directamente el contenido de sus expedientes a través de la Ventanilla Única Judicial. Esta mejora busca equiparar el nivel de acceso actualmente reservado a los representantes legales, promoviendo una mayor autonomía de las personas y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial.

¿Qué resultados queremos lograr implementando este compromiso?

La actualización sistemática de los datos abiertos, el acceso directo a la información judicial por parte de las personas involucradas, y la disponibilidad de herramientas de orientación ciudadana son componentes esenciales para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
 

Análisis del compromiso

¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso?

Mediante las herramientas que se desarrollarán en el compromiso.

¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas?

Ayudará disponibilizando la información y creando procesos que se harán sostenibles en el tiempo.

¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

Recogiendo opiniones y sugerencias por parte de profesionales y de la ciudadanía en general.
 

Planificación de compromisos