Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

2 - Datos abiertos para la prevención y el combate de la corrupción

Breve descripción del compromiso: Aporte a la prevención y combate de la corrupción en Uruguay mediante la apertura de datos públicos, la estandarización y el uso de datos abiertos promoviendo la transparencia, el control de la ciudadanía y la rendición de cuentas. Para ello se implementará la guía propuesta por el Programa Interamericano de Datos Abiertos para combatir y prevenir la corrupción (PIDA) impulsado por OEA.

Organización que lidera el compromiso: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) – Presidencia de la República. 

Instituciones/Organizaciones que apoyan: Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Open DataCharter (ODC), Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Responsable del compromiso: Daniel Mordecki, Director Ejecutivo. Contacto: direccion@agesic.gub.uy .

Responsable técnico: Gustavo Suárez, Coordinador de Programa de Datos Abiertos. Contacto: gustavo.suarez@agesic.gub.uy .

Partes interesadas:

1. Gobierno: Poder Ejecutivo, Órganos de contralor, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales.
2. Sociedad Civil: Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Amnistía Internacional, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Observatorio ciudadano de corrupción (OCC), Uruguay Transparente. Data UY, Observacom, Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc).
3. Otros actores: Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas del ámbito privado, Universidad de la República (Udelar).

Período de implementación: Octubre 2025 - Octubre 2028.
 

Definición del problema

¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

La corrupción no favorece el acceso equitativo a derechos y servicios, beneficiando a quienes tienen poder o recursos para influir en decisiones públicas, mientras excluye a quienes carecen de ellos. Esta lógica refuerza privilegios y reproduce esquemas de exclusión social. En el ámbito institucional, mina la confianza ciudadana en el Estado y en sus representantes, debilitando la legitimidad democrática. A nivel económico, reduce la competitividad, desalienta la inversión extranjera y perjudica particularmente a las pequeñas y medianas empresas.

¿Cuáles son las causas del problema?

La corrupción y la opacidad en la gestión pública tienen un componente fundamental que es la falta de transparencia y el acceso efectivo a la información pública.

Algunos efectos de ello son: la eventual pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, la ineficiencia en el gasto público, los obstáculos para la participación ciudadana y la impunidad y la desigualdad social.

Se pueden identificar como causas institucionales de los efectos anteriormente mencionados, por ejemplo:

• La falta de la efectiva implementación de la Ley de acceso a la información pública (Ley Nº 18.381 de octubre de 2008) en Uruguay. Es fundamental promover que las instituciones publiquen información de forma proactiva.
• Falta de mecanismos de rendición de cuentas, a la ciudadanía de forma sistemática y clara.
• Falta de información unificada, ya que los datos clave están dispersos, en diferentes formatos, en algunos casos tienen costo y existen dificultades para ser compartidos entre las instituciones públicas.
• También es importante resaltar el desconocimiento que las personas tienen de sus derechos de acceso a la información y la baja percepción de la información pública como un derecho de las personas.
• A su vez, se resaltan desigualdades técnicas como, por ejemplo, de acceso digital, que impiden a muchos sectores aprovechar la información pública aunque esté disponible y existe falta de capacitación del funcionariado público en transparencia y datos abiertos.

Descripción del compromiso

¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar el problema?

Uruguay ha suscrito y ratificado diversos tratados y convenciones internacionales orientados a la prevención y combate de la corrupción, complementando estos compromisos con la implementación de políticas públicas y marcos normativos nacionales. Entre los instrumentos internacionales más relevantes se destacan la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada el 20 de noviembre de 2006.

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Perú en 2019, Uruguay respaldó el compromiso “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, que contempla un conjunto de 57 mandatos y medidas concretas para fortalecer la integridad pública. En particular, el mandato Nº 20 promueve el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos como herramienta para prevenir y combatir la corrupción. Ese mismo año, Uruguay adhirió a dicho programa e inició un proceso preliminar de implementación, reafirmando su voluntad de avanzar hacia una gestión pública más transparente y basada en evidencia.

¿Qué solución propone?

Se propone establecer y consensuar un plan de publicación de datos en formatos abiertos, basado en la guía del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA), impulsado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este plan será coordinado por un Grupo de Trabajo interinstitucional, conformado por representantes de organismos públicos, sociedad civil y academia, que estará encargado de liderar su implementación y seguimiento.

El proceso incluye la realización de un diagnóstico del estado del arte en la materia, que incluirá el análisis de la normativa nacional e internacional vigente, la disponibilidad de información, y la identificación de actores clave. Asimismo, se desarrollarán instancias participativas orientadas a identificar y priorizar los conjuntos de datos más relevantes, con el fin de garantizar la disponibilidad de información útil y pertinente para la ciudadanía.

Paralelamente, se impulsarán acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas en el funcionariado público, orientadas a mejorar la calidad, estandarización y sostenibilidad de los datos abiertos generados por las instituciones. También se llevarán a cabo actividades de sensibilización y formación dirigidas a la población y a grupos sociales de interés, con el propósito de promover el uso de los datos abiertos como herramienta para la toma de decisiones informadas y el ejercicio del control social.

¿Qué resultados queremos lograr implementando este compromiso?

El compromiso busca profundizar las políticas de apertura de datos, promoviendo la consolidación de una cultura institucional comprometida con la gestión transparente y la publicación sistemática de datos abiertos. Además, se desarrollarán actividades para dotar de las capacidades técnicas necesarias y la mejora de los procesos de gestión de datos en las instituciones públicas involucradas, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de las iniciativas en curso.

Asimismo, se aspira a disponer de datos públicos que sean accesibles y reutilizables por diversos actores sociales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y organismos gubernamentales. Esta disponibilidad de información permitirá fomentar el análisis, el monitoreo de la ciudadanía y la prevención de prácticas corruptas, contribuyendo así a una gestión pública más abierta, eficiente y responsable.
 

Análisis del compromiso

¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso?

Contribuye a reducir los márgenes de opacidad en la gestión pública, al tiempo que fortalece la confianza social en las instituciones democráticas. El uso estratégico de datos abiertos permite identificar riesgos, monitorear procesos y prevenir prácticas corruptas, consolidando así un ecosistema de gobernanza más íntegro, participativo y responsable.

¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas?

La publicación de información en datos abiertos se transforma en un instrumento para que las instituciones puedan transparentar su gestión y uso de recursos públicos, con base en datos verificables y accesibles.

¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

Fomentar la participación en los procesos de priorización y en el uso de los datos permitirá ampliar y fortalecer un ecosistema de actores diversos con capacidad de ejercer un rol activo en el control de la ciudadanía al Estado.
 

Planificación de compromisos