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29 – Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las Políticas Públicas en Discapacidad y Accesibilidad

Breve descripción del compromiso: Se propone fortalecer el desarrollo de políticas públicas en materia de discapacidad y accesibilidad, a través de la jerarquización de la institucionalidad existente, la implementación de procesos participativos y la incorporación de herramientas de transparencia y rendición de cuentas. Se promoverá la creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Junta Nacional de Políticas en Discapacidad y la Comisión Nacional de Participación de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se impulsará la elaboración participativa del primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, como instrumento articulador de las acciones del Estado en esta materia.

Organización que lidera el compromiso: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Responsable del compromiso: Federico Lezama, Director del Área de Discapacidad. Contacto: federico.lezama@mides.gub.uy.

Responsable técnico: Martín Maguna, asesor Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Contacto: martin.maguna@mides.gub.uy.

Partes interesadas:

1. Gobierno: Poder Ejecutivo.
2. Sociedad Civil: Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de derechos de las personas en situación de discapacidad y otras interesadas.
3. Otros actores: Poder Legislativo, Poder Judicial.

Período de implementación: Setiembre 2025 -  junio 2029.
 

Definición del problema

¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

Las personas con discapacidad integran uno de los colectivos más expuestos a la desigualdad, que se expresa en el acceso a la educación en todos los niveles, en el acceso al empleo, a los servicios de salud, en el uso y producción de bienes culturales, en el acceso al transporte, a la circulación por el espacio público, entre otros.

Para abordar esta problemática, Uruguay tiene el desafío de jerarquizar su institucionalidad en materia de políticas públicas en Accesibilidad y Discapacidad, desde un enfoque de Derechos Humanos. Así lo han señalado diversos actores, entre ellos el comité de expertos de las Naciones Unidas para la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y así lo ha comprometido el actual gobierno a través de la firma de un acuerdo político interpartidario.

También es un desafío fortalecer la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la construcción de las políticas públicas, respetando la consigna “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.

¿Cuáles son las causas del problema?

El abordaje de la discapacidad se ha caracterizado por un enfoque médico-rehabilitador en el que la discapacidad se entiende como un problema individual encarnado en el cuerpo de las personas, como un déficit, una patología, un síndrome o una enfermedad a la que hay que rehabilitar o curar como paso ineludible para la participación plena de las personas en la sociedad. Este enfoque ha impedido reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos e integrar la accesibilidad de forma transversal en las políticas públicas, perpetuando barreras que derivan en su exclusión.

Desde el Modelo Social basado en la perspectiva de Derechos Humanos, se entiende que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas y las barreras del entorno (barreras físicas, en la comunicación, pedagógicas o actitudinales), las cuales impiden construir proyectos de vida dignos, desde la singularidad y el pleno goce y ejercicio de los derechos.
 

Descripción del compromiso

¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar el problema?

Uruguay ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y ha avanzado en la generación de marcos normativos, estructuras institucionales y espacios de participación social en materia de discapacidad y accesibilidad. Sin embargo, el alcance de estas acciones no ha sido suficiente para revertir las condiciones de desigualdad y exclusión.

Frente a este panorama, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha manifestado su preocupación por el bajo rango jerárquico de la institucionalidad responsable en esta materia, recomendando fortalecerla, garantizando la participación activa y protagónica de las personas con discapacidad en la definición, implementación y monitoreo de las políticas públicas.

Asimismo, el Comité enfatiza la necesidad urgente de generar y sistematizar datos y estadísticas desagregadas para sustentar decisiones basadas en evidencia, e impulsar planes nacionales integrales que promuevan el ejercicio pleno de derechos y la eliminación de barreras estructurales.

Varias de estas observaciones, surgidas del análisis del Informe del Estado uruguayo y del informe alternativo elaborado por la sociedad civil, han sido incorporadas en un acuerdo político interpartidario y forman parte del programa del gobierno actual. Esto otorga un respaldo institucional amplio a la implementación de medidas transformadoras que, con base en el consenso democrático, resultan ineludibles para avanzar hacia una sociedad más justa.

¿Qué solución propone?

Consolidar un sistema nacional que articule e institucionalice las políticas públicas en discapacidad y accesibilidad bajo un enfoque transversal de derechos humanos.

En lo que refiere a jerarquización de la Institucionalidad se propone la creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (INADIS) como ámbito de dirección y rectoría de las Políticas, la creación de la Junta Nacional de Políticas en Discapacidad como ámbito supra ministerial de definición política y articulación interinstitucional y la creación de la Comisión Nacional de Participación de las personas con Discapacidad como ámbito de participación social, asesoramiento y control (con personería jurídica y recursos económicos).

La construcción participativa del 1er Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad desarrollará instancias de diálogo en todo el territorio nacional, promoviendo la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, actores institucionales y ciudadanía en general. Estos espacios tendrán como objetivo comunicar los lineamientos estratégicos del Plan y construir, de forma colaborativa, las propuestas, acciones y compromisos que lo integrarán.

La Implementación de un Monitor - Mirador del Plan permitirá ver las acciones comprometidas por parte de los diversos organismos del Estado (los avances en la implementación, metas, indicadores, plazos y responsables) en una interfaz web con información clara, amigable y accesible.

Por su parte, los datos que se integren al Monitor serán también publicados en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos, con el objetivo de garantizar su libre acceso y facilitar su reutilización por parte de investigadores, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

¿Qué resultados queremos lograr implementando este compromiso?

Mejorar las condiciones de vida y la garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

Fortalecer el enfoque de derechos humanos en el abordaje de la discapacidad en las políticas públicas.

Consolidar una institucionalidad adecuada.

Promover e implementar la participación de las personas en situación de discapacidad en la construcción de las políticas públicas.
 

Análisis del compromiso

¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso?

Se trabajará en la difusión del proceso de construcción del Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad para asegurar una participación informada en este proceso.

Durante la implementación del Plan se generará y publicará información y datos abiertos.

¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas?

Se pondrá en funcionamiento un mecanismo para el seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas de las políticas que se adopten como parte de la implementación del compromiso.

¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

El compromiso generará nuevos mecanismos y oportunidades para impulsar la participación de las personas en situación de discapacidad a lo largo del ciclo de políticas públicas a través de la creación de la Comisión Nacional de Participación de las Personas con Discapacidad y de la construcción participativa del Plan antes mencionado.
 

Planificación de compromisos