Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

38 – Calidad de los procesos participativos y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Breve descripción del compromiso: Con el propósito de consolidar la participación ciudadana en las políticas públicas, se establecerá un mecanismo de gobernanza que permita diseñar e implementar un plan orientado al fortalecimiento de dicha participación. Este plan incluirá la definición de criterios de calidad aplicables a los distintos ámbitos y procesos participativos, promoverá su adopción y buscará desarrollar un ecosistema de medición de la participación ciudadana y la visibilidad de sus efectos, así como de los resultados de las políticas públicas.

De forma paralela, se impulsará el desarrollo de capacidades en los equipos responsables de coordinar y gestionar los espacios de participación, así como la sistematización y aplicación de buenas prácticas que contribuyan a su mejora continua.

Asimismo, se fomentará el aprovechamiento del entorno digital mediante la incorporación de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital. Esta iniciativa procurará ampliar las oportunidades de involucramiento, garantizando un acceso inclusivo para todas las personas, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, en el ámbito educativo, se promoverá la revitalización de los espacios de participación en la gobernanza de los servicios universitarios del interior del país, reconociendo su papel fundamental en la construcción de una ciudadanía activa y comprometida.

Organización que lidera el compromiso: Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Universidad de la República (Udelar). 

Institución/organización que apoya: Intendencia de Canelones, Anong, IPRU, Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (UCLAEH).

Responsable del compromiso: Daniel Mordecki, Director Ejecutivo de Agesic. Contacto: dirección@agesic.gub.uy; Jimena Fernández, Directora de la Institución de Derechos Humanos. Contacto: jfernandez@inddhh.gub.uy; Prorrector de Gestión, Udelar. Contacto: prgestion@udelar.edu.uy

Responsable técnico: Virginia Pardo, Área Sociedad de la Información de Agesic. Contacto virginia.pardo@agesic.gub.uy; Santiago Nuñez, Institución de Derechos Humanos. Contacto: snunez@inddhh.gub.uy; Gabriel Kaplún, Udelar. Contacto: gabriel.kaplun@fic.edu.uy

Partes interesadas:

1. Gobierno: Organismos del Poder Ejecutivo que gestionan ámbitos de participación ciudadana y desarrollan procesos participativos, segundo y tercer nivel de gobierno a través de órganos que los nuclea -Congreso de Intendentes, Plenario de Municipios y Política Nacional de Descentralización-.
2. Sociedad Civil: Organizaciones de Sociedad civil nucleadas en Anong, Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para las Personas en Situación de Discapacidad (CAHD).
3. Academia: Udelar, Centros Universitarios Regionales del interior del país (CENURES).

Período de implementación: Setiembre 2025 – Junio 2029.
 

Definición del problema

¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

El problema fundamental es el bajo nivel de participación ciudadana y por consiguiente su baja incidencia en el diseño y posterior evaluación de las políticas públicas, particularmente en el marco de la transformación digital del gobierno y las nuevas formas de vincularse con las personas.

La participación ciudadana es un componente esencial de las democracias modernas, ya que permite a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones públicas, fortalecer la legitimidad institucional y promover la transparencia (Kaplún et al., 2024). En el contexto digital, esta participación adquiere nuevas formas y posibilidades, pero también enfrenta desafíos estructurales y culturales que requieren atención.

En Uruguay, según la información del “Estudio sobre Participación Ciudadana Institucionalizada” realizado en 2025, existe un amplio consenso sobre la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones estatales: 9 de cada 10 uruguayos la considera “muy importante” o “bastante importante”. Esta valoración también se refleja en el alto apoyo a la existencia de espacios institucionalizados (86%). 

Sin embargo, la participación efectiva es baja: 8 de cada 10 personas declara no haber participado nunca en estos espacios.

En el caso de la dimensión digital, según el mismo estudio, se visualizan importantes potencialidades para profundizar los procesos de participación. Entre los principales: que posibilita mayor alcance, eficiencia y transparencia; puede generar mayor rapidez en la difusión informativa; posibilita el manejo de grandes volúmenes de datos y la reducción de la burocracia.

A pesar de ello, también en la participación digital existen problemas a resolver, fundamentalmente aquellos asociados a las brechas digitales de base, del entorno digital: brechas por nivel educativo y edad, desinformación y pérdida de vínculo interpersonal y escasa visibilidad de plataformas existentes. Cabe destacar que el 82% de la población no conoce la Plataforma de Participación Ciudadana.

Otra dimensión del problema es el rol del Estado y la percepción de la población sobre el mismo. La mayoría -70%- considera que el Estado fomenta “poco” o “nada” la participación ciudadana y que su opinión no es incorporada en las decisiones públicas -60%, aspecto que impacta negativamente en la motivación para participar.

¿Cuáles son las causas del problema?

La ausencia de un ecosistema sólido, con una gobernanza consensuada y adopción de criterios estándares uniformes son algunas de las razones que se identifican, así como un conjunto de esfuerzos dispersos en distintas instituciones públicas con diferente grado de desarrollo y adopción de buenas prácticas de participación.

Los ámbitos de participación ciudadana han disminuido en el país. En el primer relevamiento nacional de ámbitos de participación ciudadana en 2017, se reportaron más de 900 ámbitos, mientras que, en 2022, en la actualización realizada del Catálogo de Participación Ciudadana se registraron menos de 500 ámbitos.

Por otra parte, el estudio ya mencionado ha identificado los principales desincentivos para la participación que declaran las personas, y los principales están asociados a debilidades institucionales:

• Desconfianza en la eficacia de los mecanismos institucionales.
• Burocracia excesiva, largos tiempos de espera y falta de respuesta.
• Percepción de influencia política partidaria.

En el caso de la participación digital, los inhibidores percibidos para la adopción de la Plataforma fueron:

• Escasa formación y acompañamiento técnico sobre el uso estratégico de la plataforma.
• Percepción de la herramienta como un instrumento meramente formal y no útil para incidir en decisiones reales.
• Falta de accesibilidad plena para todas las personas con discapacidad (tecnológica, cognitiva, comunicacional).
• Débil cultura institucional de participación digital, y de impulsar procesos con criterios amplios de transparencia y rendición de cuentas.
• Insuficiente promoción y visibilización de la plataforma y de sus funcionalidades participativas.

Adicionalmente, en los espacios que están funcionando, existen dificultades asociada a la falta de directrices específicas y transversales y a la formación y especialización de los equipos técnicos que impulsan y promueven los espacios y ámbitos institucionalizados. Como ejemplo de esto, destaca el proceso del Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para las Personas en Situación de Discapacidad, que en 2024 incorpora la Plataforma de Participación Ciudadana como herramienta para facilitar el encuentro y la participación del CAHD, a pesar de lo cual su uso ha sido limitado tanto por parte de sus integrantes como de la ciudadanía en general. Esto impide que se consolide como un canal efectivo para el ejercicio de los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -CDPD-.
 

Descripción del compromiso

¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar el problema?

El Estado Uruguayo viene desarrollando e implementando ámbitos de participación ciudadana institucionalizada en diferentes niveles de gobierno –nacional, departamental, y municipal- con el fin de mejorar los mecanismos de identificación de demandas, control ciudadano y la incidencia en la formulación de la política pública. Estos mecanismos han representado una oportunidad para enriquecer la gestión y los procesos de toma de decisiones de política pública, permitiendo a las organizaciones públicas incorporar conocimientos, experiencias y perspectivas de diversos actores sociales. Actualmente, en el catálogo de ámbitos de participación institucionalizados hay registrados más de 400 ámbitos promovidos por instituciones públicas.

A su vez el Estado Uruguayo, ha avanzado en el desarrollo de plataformas digitales orientadas a profundizar la participación ciudadana, como la Plataforma de Participación Ciudadana Digital puesta en marcha en 2019 -basada en el proyecto Decidim-, con el objetivo de posibilitar que todas las personas puedan participar de los diferentes procesos de diseño y creación de políticas públicas. Actualmente, las instituciones públicas han comenzado a utilizar la plataforma para la creación de políticas públicas con enfoque de gobierno abierto, impulsando diálogos nacionales.

Se ha desarrollado el estudio de línea base del conocimiento y percepción de la participación ciudadana en Uruguay.

Sin embargo, como se detalló en la descripción del problema, a pesar de todos los esfuerzos realizados, persisten brechas de acceso, de desconocimiento y valoración de los mecanismos disponibles que limita el potencial transformador de estas herramientas.

¿Qué solución propone?

Se propone desarrollar un conjunto de acciones:

• Establecer un mecanismo de gobernanza que permita diseñar e implementar un plan orientado al fortalecimiento de dicha participación.
• Definir y acordara criterios de calidad aplicables a los distintos ámbitos y procesos participativos, promover su adopción.
• Implementar un programa de capacitación e intercambio de experiencias que fortalezca capacidades de los equipos que gestionan espacios de participación.
• Desarrollar guías y buenas prácticas para integrar el enfoque de gobierno abierto, asegurando la replicabilidad y sostenibilidad del modelo a nivel nacional y subnacional, buscando la adecuación de los procesos participativos con enfoque inclusivo y transparente.
• Desarrollar un ecosistema de medición sobre participación ciudadana que permita monitorear indicadores de gestión de la estrategia y de resultado de las diferentes políticas, con especial atención a la participación de personas de grupos sociales vulnerables. Dentro de este marco, se ampliará el Índice de Participación de la Sociedad Civil, adaptándolo a diversos contextos territoriales y sociales, y fortaleciendo su alcance como herramienta de diagnóstico y planificación.
• Implementar un plan de adopción de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, incluyendo acciones de comunicación, capacitación y mejora de su accesibilidad y usabilidad. Particularmente, se diseñará un plan específico de fortalecimiento del uso estratégico de dicha plataforma por parte del Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para las Personas en Situación de Discapacidad, promoviendo el empoderamiento digital y la incidencia directa de este colectivo en políticas públicas.
• En el ámbito educativo, promover la revitalización de los espacios de participación en la gobernanza de los servicios universitarios del interior del país, articulando la agenda académica con el desarrollo territorial y el compromiso ciudadano. Paralelamente, se impulsará una estrategia para la adopción del enfoque de gobierno abierto, fomentando prácticas de transparencia, colaboración y participación en los gobiernos subnacionales. 

¿Qué resultados queremos lograr implementando este compromiso?

El principal resultado de este compromiso es contribuir de forma directa al aumento de la participación ciudadana institucionalizada de las personas en general y de grupos específicos de la población en particular -como lo es el caso de la discapacidad-. 

Otro de los resultados será el desarrollo del conocimiento sobre la participación ciudadana institucionalizada.

Mejorar tanto la promoción y gestión de la participación en las organizaciones públicas, como el interés y la demanda efectiva en grupos con características sociodemográficas específicas.

En el ámbito educativo se espera mejorar y ampliar la participación de actores universitarios y no universitarios en la estructura de gobernanza universitaria. 

El conjunto de medidas permitirá, además, ampliar los espacios de participación ciudadana institucionalizada.
 

Análisis del compromiso

¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso?

La transparencia se promoverá, por una parte, fortaleciendo la disponibilidad, visibilidad y trazabilidad de los mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional y territorial. Para ello, se establecerá un procedimiento estandarizado que documente y publique los procesos deliberativos, sus resultados y el uso efectivo de los aportes de las personas en las decisiones públicas. Se impulsará también la adopción del enfoque de gobierno abierto en actores institucionales clave, fomentando prácticas activas de transparencia y rendición de cuentas y publicación proactiva de datos relevantes que faciliten el control social. La plataforma digital de participación será evolucionada para garantizar que sea accesible a todas las personas.

¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas?

Para asegurar la rendición de cuentas, se buscará desarrollar y evolucionar un sistema de indicadores que permita evaluar periódicamente la eficacia, la inclusión y la representatividad de los mecanismos de participación ciudadana. Los datos recopilados serán integrados en informes públicos accesibles, brindando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales insumos concretos para exigir mejoras o transformaciones en los procesos institucionales. Además, se incluirán espacios deliberativos de retroalimentación entre ciudadanía y gobierno, donde se presenten avances, obstáculos y resultados alcanzados. El fortalecimiento de capacidades para funcionarios encargados de estos espacios será clave para garantizar prácticas de escucha activa, respuesta efectiva y compromiso institucional.

¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

La participación ciudadana será promovida a través de una estrategia que amplíe las oportunidades de incidencia, especialmente para grupos históricamente excluidos como las personas en situación de discapacidad. Se implementarán campañas de sensibilización, capacitación en derechos y uso autónomo de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana. A nivel territorial, se diseñarán planes específicos para revitalizar espacios de participación universitaria y subnacional, integrando agendas locales y fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y la toma de decisiones públicas. Asimismo, se consolidará el rol de los Consejos Asesores como canales permanentes de diálogo, representación y propuesta política desde la sociedad civil organizada.
 

Planificación de compromisos